CCOO y UGT exigen transparencia en el uso de los fondos públicos que el Gobierno comprometió en el acuerdo con el tercer sector de acción social

UGT y CCOO exigen a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que cumpla el compromiso adquirido en virtud del acuerdo firmado el 1 de junio de 2021 con el tercer sector de acción social y demandan transparencia en el uso de los fondos públicos comprometidos.

El tercer sector de acción social está constituido por entidades (ONG, fundaciones…) que atienden a las personas en riesgo de exclusión social. Las organizaciones patronales del sector llevan cuatro años negociando con CCOO y UGT el segundo convenio colectivo marco de Acción e Intervención Social.

Durante este tiempo las trabajadoras y trabajadores del sector han estado en primera línea de atención a las personas más vulnerables, sin acogerse a ERTE, ni a confinamiento, poniendo en riesgo cada día sus vidas y las de sus familiares.

Actualmente, el 60% de las personas trabajadoras tiene contratos precarios y el 55%, solo jornadas parciales. Estas condiciones laborales generan que muchos trabajadores y trabajadoras se sitúen por debajo del umbral de pobreza de este país, y forman parte de los llamados “trabajadores pobres”, según los índices que fija en su informe anual Caritas, una organización integrante de la plataforma del tercer sector.

Después de cuatro años negociando el II Convenio, nos encontramos frente a una situación de bloqueo, dado que las patronales, tras haber abandonado la mesa de negociación durante un año, ahora ofertan una revisión salarial para el año 2022 del 0,5% y nada para los siguientes, cuando el IPC supera ya el 5%.

UGT y CCOO entendemos que, siendo servicios públicos externalizados, no es aceptable una subida menor al 2% que es la misma que, a pesar de haber manifestado no estar de acuerdo con una subida por encima del IPC de 2021, se contempla en el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022 para los empleados y empleadas públicos y sector público empresarial cuando la inflación era mucho menor que la actual.

Todo ello nos lleva a trasladar a las administraciones públicas, en especial al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lo siguiente:

• Que los fondos destinados a estas organizaciones tengan repercusión en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.
• Que se reviertan progresivamente estos servicios privatizados por las distintas administraciones al ámbito público para su gestión.