Denuncian contradicciones entre las administraciones sobre las autorizaciones de caza en el Área Metropolitana de Salamanca

Diversa documentación administrativa obtenida durante los últimos meses evidencia importantes contradicciones entre administraciones públicas en relación con actividades cinegéticas desarrolladas desde hace años en zonas periurbanas situadas entre Salamanca y Villares de la Reina, así como una preocupante falta de transparencia y control institucional sobre este tipo de actuaciones.

La polémica afecta especialmente a espacios muy transitados situados entre la avenida de San Agustín, la carretera de Fuentesaúco, el entorno del pabellón Würzburg y la urbanización Las Bizarricas, donde en los últimos años se han sucedido denuncias y publicaciones periodísticas alertando de disparos reiterados próximos a viviendas, zonas de paseo, carril bici, parques, centros educativos y espacios frecuentados por familias y menores.

Según la documentación recopilada, Policía Nacional y Policía Local han llegado a reconocer verbalmente en distintas intervenciones que reciben numerosas llamadas ciudadanas alertando de los disparos y que los cazadores disponían de autorización del Ayuntamiento de Villares de la Reina. Sin embargo, cuando dicho Ayuntamiento fue requerido formalmente, respondió por escrito que “no tiene competencia en materia de autorizaciones cinegéticas”, atribuyendo dichas competencias exclusivamente a la Junta de Castilla y León.

Posteriormente, el propio Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta señaló por escrito que la actividad había sido solicitada por el titular del terreno y autorizada como control poblacional de palomas en el coto SA-10.760. Sin embargo, meses más tarde, en conversación telefónica mantenida con la jefa de servicio competente, ésta afirmó que las autorizaciones “las solicita el Ayuntamiento de Villares todos los años” y que volverían a concederse, reconociendo además la existencia de más quejas ciudadanas por estos hechos.

La propia Guardia Civil, a través del SEPRONA, señaló por escrito que las cuestiones relativas a autorizaciones, expedientes de impacto ambiental o adopción de medidas preventivas corresponden a la Administración autonómica competente y, en lo que les afecte, “a las autoridades municipales de los términos afectados”. Esta respuesta contrasta con la remitida apenas dos días antes por el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que había derivado estas cuestiones al propio SEPRONA como órgano competente “para la investigación y tramitación de posibles infracciones”.

A esta falta de claridad competencial se suman las solicitudes formales de acceso a expedientes realizadas por asociaciones de protección animal y ambiental. Mientras el

Ayuntamiento de Salamanca afirmó no ser competente en la autorización y realización de las actividades denunciadas y trasladó la denuncia al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Villares remitió documentación reconociendo que no existía expediente administrativo específico ni autorizaciones relacionadas con la denominada “actividad cinegética de control de palomas”, limitándose la documentación existente al pago de diversas facturas emitidas por la empresa Agrocinegética Bracamonte S.L. por actuaciones de “control y retirada de palomas” en diferentes ejercicios.

Por su parte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León denegó el acceso al expediente cinegético, alegando que las asociaciones solicitantes “no son parte interesada”, el elevado volumen de documentación existente y la presencia de datos personales, pese a que la solicitud presentada excluía expresamente cualquier dato protegido y a que la propia legislación de transparencia y acceso a información ambiental reconoce ese derecho de acceso a cualquier persona.

Las asociaciones denuncian, además, que la ausencia de expediente administrativo y de control documental efectivo impide conocer con transparencia cómo se ejecutan realmente estas actuaciones, qué seguimiento existe sobre los animales capturados o cuál es el destino final de las palomas retiradas vivas mediante jaulas trampa. Todo ello resulta especialmente sensible en un contexto en el que la Ley estatal 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales obliga a las administraciones públicas a priorizar métodos éticos y proporcionados en el control de fauna urbana.

Asimismo, resulta especialmente llamativo que la empresa vinculada a estas actuaciones, Agrocinegética Bracamonte S.L., se publicite públicamente como entidad dedicada a actividades cinegéticas y la organización de cacerías privadas, mientras la documentación municipal únicamente alude a “captura y retirada de palomas”, sin que exista expediente administrativo que permita verificar de forma transparente el alcance real, condiciones y control efectivo de dichas actuaciones.

La situación terminó llegando incluso a la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCYL), que puso de relieve que el propio Ayuntamiento de Villares de la Reina había reconocido carecer de un expediente administrativo específico sobre estas actuaciones y que la única documentación existente se limitaba a facturas abonadas a una empresa en distintos ejercicios.

Mientras tanto, las asociaciones Adoptamiaus Protección Animal, Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y Adopta una Vida/Adopt a Life, así como particulares, denuncian que los disparos continúan produciéndose cada verano en espacios periurbanos utilizados diariamente por centenares de personas, sin señalización visible y generando una creciente preocupación vecinal por la seguridad ciudadana, el bienestar animal y el impacto ambiental de estas prácticas.

Estos colectivos ambientales han solicitado ya a la Junta de Castilla y León que amplíe las Zonas de Seguridad previstas en la Ley de Caza y prohíba el uso de armas de fuego en todo este corredor periurbano del alfoz de la capital charra.