PACMA denuncia al Gobierno de España ante la ONU por no proteger a los niños de la tauromaquia

Madrid, 03 de noviembre de 2022 – El Partido Animalista ha presentado un informe ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU para denunciar lo que considera “constantes y reiterados incumplimientos de la Convención sobre los Derechos del Niño”. La Convención, que fue ratificada por España en 1990, establece que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas posibles para abolir las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de los niños.

Como órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención en los Estados Partes, el Comité de Derechos del Niño, en su última revisión a España en 2018, incluyó la tauromaquia entre los “principales motivos de preocupación relacionados con la violencia contra los niños”, y requirió al país prohibir la asistencia y participación de menores de 18 años en los espectáculos y festejos taurinos.

Según denuncia PACMA al Comité, España no solo está incumpliendo la Convención, sino que el Gobierno ha ignorado “deliberadamente” las recomendaciones del Comité, dado que el pasado año presentó el Proyecto de la finalmente aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, tratándose de una Ley que, como su título indica, debía proteger a la infancia frente a la violencia de manera integral, pero que no hace una sola mención a su exposición y participación en las tradiciones violentas que tienen lugar en nuestro país. 

“Todo ello a pesar de que, además del Comité, multitud de entidades dedicadas a la protección de la infancia, solicitaran formalmente al Gobierno que prohibiera, en la citada Ley, la asistencia y participación de menores en estos festejos”, apuntan desde el Partido Animalista.

En 2023, España volverá a ser examinada por el Comité, motivo por el que PACMA ha presentado ahora este informe, titulado “Desprotección de la infancia frente a la violencia de la tauromaquia en España”. En él, el Partido Animalista expone que tan solo en Baleares está prohibida la asistencia de menores a las corridas de toros. En Galicia está prohibida a menores de 12 años y, en el resto de comunidades, cualquier niño o niña, a cualquier edad, puede asistir a estos espectáculos y contemplar “cómo se ejerce violencia extrema sobre los animales”. En cuanto a su participación en los festejos taurinos, tan solo en Cantabria está prohibida la participación de menores. En el resto pueden participar a partir de los 16 años y, en algunas, incluso a partir de los 14.

Respecto a las escuelas taurinas, Andalucía, Aragón y País Vasco establecen, respectivamente, la edad mínima de 10 y 12 años para poder ser alumno. En el resto de comunidades no hay una edad mínima para poder empezar a ser instruido en el “arte” de matar, explican. Además, los menores a partir de los 14 años pueden ya participar en las clases prácticas, en las que se utilizan armas como puyas, banderillas, estoques o puntillas con los animales.

“Han pasado 5 años desde que el Comité advirtiera a España que debía proteger a los menores frente a la violencia de la tauromaquia”, afirman, y no solo no se ha prohibido, sino que, según denuncia PACMA, “cada vez se están fomentando más estas prácticas entre los niños y niñas desde las instituciones y administraciones públicas, con actividades como invitaciones a colegios, encierros infantiles, campamentos infantiles taurinos… para cuyo desarrollo colaboran ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, cediendo instalaciones, otorgando subvenciones o, directamente, organizándolas”.

PACMA considera “intolerable” que desde los poderes públicos aún se continúe no solo permitiendo, sino fomentando una tradición en la que se ejerce “violencia sobre los animales”; más entre los niños, incumpliendo la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, que establece que todas las disposiciones legales relativas a los menores deben interpretarse de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, y que los poderes públicos deben garantizar el respeto a sus derechos y adecuar sus actuaciones a la misma, incluyendo, entre los principios rectores que deben regir su actuación, la protección a los menores contra toda forma de violencia.