Redacción •  Actualidad •  02/10/2016

Llevan al Congreso una iniciativa para que España reconozca los derechos de las trabajadoras domésticas

Las diputadas Isabel Salud y Yolanda Díaz -también coordinadoras generales de las federaciones de IU en Euskadi y Galicia- recuerdan que el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó en 2012 un acuerdo para no ratificar el Convenio n° 189 y la Recomendación nº 201 de la OIT, que establecen los derechos y principios básicos de este colectivo

Llevan al Congreso una iniciativa para que España reconozca los derechos de las trabajadoras domésticas

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa parlamentaria con la que busca que España se iguale a otros países, buena parte de ellos europeos, en el reconocimiento de derechos para las trabajadoras y trabajadores domésticos, una de las formas de empleo más precaria, insegura, desprotegida y peor remunerada que existen en estos  momentos.

Para ello, la proposición no de ley que impulsan las diputadas Isabel Salud y Yolanda Díaz –que al mismo tiempo son coordinadoras generales de las federaciones de Izquierda Unida en Euskadi y Galicia, respectivamente-, junto a la parlamentaria catalana encuadrada en En Comú Podem Aina Vidal, plantea de forma explícita que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno “a ratificar el Convenio n° 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Recomendación nº 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos”, que datan de 2011. Más de 50 países ya lo han hecho.

Se da la circunstancia, como recuerda la iniciativa, de que el Gobierno de Mariano Rajoy, en concreto en la reunión del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, “adoptó un Acuerdo para la no ratificación del Convenio n° 189 de la OIT y su remisión, junto a la Recomendación nº 201, a las Cortes Generales a los efectos exclusivos de su conocimiento, sin proporcionar argumentos claros que motivasen tal decisión”.

Izquierda Unida recuerda en su iniciativa parlamentaria que este Convenio 189 “establece las condiciones laborales mínimas en este sector de actividad. Dispone los derechos y principios básicos, y exige a las Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos. Estas normas mínimas abarcan ámbitos como el respeto y protección de los derechos fundamentales en el trabajo (libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso y abolición del trabajo infantil), información sobre condiciones de empleo, horas de trabajo (tiempo de trabajo y descanso, horas extra, vacaciones pagadas y remuneración) o seguridad social y cobertura de la maternidad”.

Por su parte, la Recomendación 201 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, también adoptada por la OIT en 2011, complementa al Convenio 189 pero, a diferencia de éste, no se ratifica. “Proporciona directrices prácticas sobre posibles medidas legales y de otro tipo para poder hacer efectivos los derechos y principios enunciados en el Convenio”, exponen las parlamentarias Salud y Díaz en la iniciativa registrada.

Ambas diputadas denuncian que pese a los lentos avances conseguidos los últimos años por este sector, el Gobierno del Partido Popular se encargó de darles a sus trabajadoras/es un duro a través del Real Decreto 29/2012 de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. “En él se estableció una menor protección para las personas que trabajen menos de 60 horas, un aumento real de los costes de cotización debido a la reducción en los tramos de las bases de cotización y más inseguridad jurídica para las familias”.

Isabel Salud y Yolanda Díaz valoran tajantes que “a no ser que se acepte retroceder en el reconocimiento de derechos de este colectivo, en línea de la última reforma legal mencionada, es incompresible que no se ratifique un convenio dirigido a dignificar el trabajo del servicio doméstico”.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa el empleo doméstico ocupa a 614.000 personas en España, de las cuales un 90% son mujeres. Según el movimiento laboral registrado el 54% de las personas afiliadas al régimen del hogar son extranjeras. El 30% de las personas empleadas en el sector doméstico en España no está afiliado a la Seguridad Social, según un informe de la propia OIT que subraya que la media del resto de colectivos en trabajo no declarado es 10 puntos porcentuales menor, el 20%.

Esto último significa que, aunque las reformas legislativas de 2011 para regularizar a este colectivo supusieron una importante transformación, la situación se ha estancado y en la actualidad, 189.777 empleadas de hogar no declaran su trabajo.

Izquierda Unida ha hecho coincidir la formalización de esta iniciativa en la Cámara Baja con la celebración en Madrid del I Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados, organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Madrid y el Grupo Turín, plataforma que engloba a diversas entidades sociales.

Este congreso se desarrollará durante todo este fin de semana en el auditorio Centro Cultural Casa del Reloj, en el Paseo de la Chopera, y esta misma mañana ha sido inaugurado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.


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