Redacción •  Actualidad • 02/04/2019

La Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en fraude de ley convoca concentraciones en diversas ciudades por la la regulación administrativa de 700 mil trabajadores temporales

  • El próximo sábado día 6 de abril, la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en fraude de ley nos concentramos en diferentes ciudades del estado para reivindicar la regulación administrativa de 700.000 trabajadores temporales contratados en fraude de ley desde hace muchos años y contra el ERE encubierto que supone el acuerdo de estabilización firmado por el gobierno y los sindicatos más representativos (CCOO, UGT y CSIF).
  • Nos concentramos en lugares estratégicos donde son representativas las diferentes administraciones de cada comunidad autónoma, mediante las cuales, solicitamos a todas ellas la regularización administrativa a la que están obligadas en el caso de contratación fraudulenta, que en el caso del sector privado es perseguido por la Inspección de Trabajo, pero en la administración llevan casi 30 mirando para otro lado.
La Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en fraude de ley convoca concentraciones en diversas ciudades por la la regulación administrativa de 700 mil trabajadores temporales

La Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en fraude de ley convoca concentraciones en todo el país, para exigir la paralización de los “falsos procesos de estabilización” y la regularización administrativa de todos los/as empleados/as públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad. Esta Coordinadora estatal surgió a partir de un Encuentro estatal en Madrid el pasado 9 de Febrero, actualmente está formada por más de 30 organizaciones sociales y sindicales de todo el territorio estatal. Igualmente reclamamos unos Servicios públicos de calidad, lo que significa revertir la privatización de los mismos y sacar a OPE todas las plazas que sean necesarias, hasta revertir la deficiencia actual de las plantillas.

Las concentraciones se llevarán a cabo el próximo 6 de abril a las 12 horas, en distintas comunidades autónomas para reivindicar la paralización de los “falsos procesos de estabilización” que el gobierno anterior del PP aprobó poner en marcha, con el apoyo de los sindicatos mayoritarios en la administración (CCOO, UGT y CSIF)

Asimismo estas concentraciones, se hacen para exigir la suspensión y anulación de todo cese o despido ilegal, la regularización administrativa de todo el personal que se encuentra en fraude de ley y abuso de temporalidad. Igualmente reclamamos unos Servicios públicos de calidad, lo que significa revertir la privatización de los mismos y sacar a OPE todas las plazas que sean necesarias, hasta revertir la deficiencia actual de las plantillas

El proceso iniciado por el Estado pretende sacar a concurso-oposición todas las plazas actualmente ocupadas por personal que lleva más de tres años cubriendo puestos estructurales, con la excusa de estabilizar a esa plantilla, ya que firmaron con los sindicatos un acuerdo con el objetivo de reducir el 8% de la temporalidad en la Administración mediante ofertas de empleo públicas “masivas”. De esta manera siguen con el negocio que suponen las OPEs para estos sindicatos, haciendo caja con su academias preparatorias de oposiciones y, al mismo tiempo, ofreciéndonos sus abogados “a precio para afiliados” para recurrir judicialmente la situación fraudulenta de la que ellos mismos son cómplices.

Desde la coordinadora entendemos que para las administraciones públicas españolas la convocatoria de OPEs y procesos selectivos de acceso libre son una forma de “tapar” los abusos y fraudes cometidos en la contratación temporal sucesiva de sus funcionarios interinos, personal estatutario temporal y trabajadores temporales de larga duración.

Estos procesos, “mal llamados procesos de estabilización” (porque no estabilizan a las personas sino las plazas) facilitarán el cese y despido masivo y SIN INDEMNIZACIÓN de más de 700.000 empleados públicos, con una media de 45 años y en su mayoría mujeres, que engrosaremos las listas del paro después de décadas trabajando y aportando nuestra experiencia a la calidad de los servicios públicos.

Incumplimiento sistemático de la normativa laboral y administrativa

Se trata de un despido masivo ilegal que nos venden como creación de empleo y fin de la temporalidad. Incumplimiento sistemático de la normativa laboral y administrativa

Estos abusos de las Administraciones Públicas en la contratación temporal se deben al incumplimiento del art. 70.1. de TREBEP durante años, que establece que «la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años».

Además del incumplimiento de los plazos, las Administraciones no han sacado a oposición el 100% de la tasa de reposición, ofertando durante décadas menos plazas vacantes de las existentes y amortizando plazas, incrementando así la oferta de plazas temporales que ha dado lugar a la elevadísima tasa actual de contratación temporal de larga duración y a unas plantillas totalmente deficitarias. Para superar esto y lograr unos servicios públicos de calidad, Desde la Coordinadora reclamamos que se saquen a OEP todas las plazas vacantes y amortizadas en estos años y se revierta la privatización de los servicios

Esta perpetuación de la figura del trabajador temporal en la Administración Pública española incumple las “razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia” a las que deben responder los contratos temporales y da lugar a la cobertura de plazas estructurales por personal temporal, del que la Administración puede prescindir fácilmente y sin indemnización.

Los funcionarios interinos, personal estatutario temporal y trabajadores temporales de larga duración, hemos accedido a nuestras plazas mediante procedimientos que respetan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y desempeñamos las mismas funciones que los funcionarios de carrera (art. 10.2 y 10.1. del TREBEP, respectivamente). Sin embargo, recibimos un trato discriminatorio con respecto a ellos incumpliendo la Directiva europea 1999/70/CE.

El actual Gobierno incluye en su “Plan Director por el Trabajo Digno”, medidas específicas en materia de lucha contra la contratación temporal fraudulenta en el sector público y su mecanismo de vigilancia, que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no tiene competencia en los casos de fraude en temporal estatutario o interino o eventual, ya que solo tiene competencias en materia de personal laboral. Así que nuestro fraude queda en el limbo.


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