El incendio de Ávila ya es el más devastador de la historia de España: 55.000 hectáreas calcinadas y un nuevo escenario de fuego imparable impuesto por el cambio climático

Las cifras son abrumadoras. El incendio que comenzó el pasado 22 de julio en el municipio abulense de Burgohondo ha arrasado ya más de 55.000 hectáreas según los últimos partes oficiales, lo que lo convierte en el peor incendio forestal de toda la serie histórica en España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo ha calificado como «el incendio más importante y más agresivo de la historia de España». Si se suman los fuegos con los que ha confluido en Madrid y Toledo, la superficie forestal quemada supera las 77.000 hectáreas, con un perímetro de 280 kilómetros y más de 86.000 personas evacuadas o confinadas.

Para dimensionar la magnitud de esta tragedia, basta con compararla con los grandes incendios del pasado reciente. El anterior récord lo ostentaba el incendio de Larouco, en la provincia de Ourense, que en 2025 quemó 47.000 hectáreas y fue considerado entonces el más grande del decenio. El de Ávila lo ha superado en apenas cinco días. La diferencia no es solo cuantitativa. Mientras que en la última década la superficie media afectada por un gran incendio forestal (GIF) rondaba las 1.500 hectáreas, en la actualidad esa cifra se ha multiplicado por cuatro, superando las 6.000 hectáreas por incendio extremo.

En medio de la emergencia, ha resurgido un debate que se repite cada verano: ¿Quién es el responsable de la prevención y extinción? La ley es clara. Según la Constitución y la Ley de Montes 43/2003, son las comunidades autónomas las que tienen transferidas las competencias en materia de montes y, por tanto, en la prevención y lucha contra los incendios forestales en sus territorios. La Administración General del Estado, a través del MITECO, despliega medios de apoyo, pero su función es de cobertura nacional y refuerzo, no de gestión directa.

Este marco competencial ha generado un intenso debate político y social. Mientras el gobierno central ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha movilizado apoyos internacionales de Grecia, Italia, Portugal y Turquía , las críticas se han centrado en la preparación de los dispositivos autonómicos. Profesionales del sector, como los bomberos forestales, llevan años denunciando que la inversión en prevención es insuficiente y que la falta de personal y medios materiales convierte cada verano en una «ruleta rusa». Voces críticas en redes sociales y plataformas sindicales han recordado los recortes presupuestarios en partidas de extinción en los últimos años, señalando que, sin una inversión adecuada en prevención, los recursos para apagar el fuego siempre llegarán tarde. La denuncia de los bomberos se centra en que la planificación y los recursos humanos no están a la altura de la nueva realidad de incendios masivos y ultrarrápidos.

El sello del cambio climático

La comunidad científica es contundente: lo que está ocurriendo en Ávila y en el resto de la península no es una casualidad, sino un patrón que se repite y se agrava. El aumento de las temperaturas, las olas de calor cada vez más frecuentes y las sequías prolongadas están creando el caldo de cultivo perfecto para incendios de una intensidad desconocida. La conocida como «regla del 30» (más de 30 grados, menos del 30% de humedad relativa y vientos superiores a 30 km/h) se ha convertido en la norma, no en la excepción .

Este verano de 2026 está siendo el más cálido de la serie histórica en España, con tres olas de calor ya registradas y una cuarta en ciernes, impulsada por un «domo de calor» que traerá masas de aire africano con temperaturas que superarán los 40 grados . Las evidencias científicas recogidas por organizaciones como Greenpeace indican que el cambio climático no solo aumenta el riesgo de incendios, sino que está detrás del incremento de fenómenos extremos como tormentas secas, que multiplican los focos provocados por rayos . A esto se suma el abandono rural, que ha provocado una acumulación masiva de biomasa vegetal que actúa como combustible perfecto para las llamas .

Los expertos ya no hablan de incendios forestales, sino de incendios de sexta generación. Son fuegos que liberan tal cantidad de energía que son capaces de alterar las condiciones atmosféricas de su entorno, creando sus propias nubes de tormenta (pirocúmulos) y generando rachas de viento impredecibles que lanzan el fuego a velocidades de vértigo, como las de 3 kilómetros por hora que se registraron en Ávila . Este comportamiento extremo hace que las técnicas de extinción tradicionales sean a menudo inútiles. El informe científico sobre olas de calor e incendios de 2022 y 2025 ya confirmó que el calentamiento global es un factor multiplicador de la gravedad de los siniestros, un escenario que se ha cumplido con creces este julio .

El incendio de Ávila no es, por tanto, un accidente aislado. Es la manifestación más brutal de una nueva realidad climática y territorial para la que, según denuncian los profesionales sobre el terreno, España no está preparada. Mientras las cifras de hectáreas quemadas baten récords año tras año, la pregunta sobre si el sistema de competencias y medios está a la altura de los desafíos del siglo XXI sigue sin respuesta.