Organizaciones y colectivos denuncian en la Junta de Accionistas de Indra sus vínculos con empresas que se benefician del genocidio en Gaza

Madrid/Barcelona, ​​26 de junio de 2025. La denuncia se ha llevado a cabo en la Junta General de Accionistas de Indra que ha tenido lugar hoy en su sede en Alcobendas (Madrid). Enrique Quintanilla, activista de la campaña, ha trasladado, en nombre de todos los colectivos, la denuncia de los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y de la militarización de fronteras, llamando a la reflexión a accionistas y directivos de la empresa. La acción ha sido impulsada por Fundación Finanzas Éticas, Centro Delàs de Estudios por la Paz, Alternativa Antimilitarista MOC, WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras), Ecologistas en Acción y Desarma Madrid, a las que se han unido otras entidades pacifistas, ecologistas y por la defensa de los derechos humanos. Paralelamente, en Barcelona, ​​frente a la sede de Indra en el barrio de Poblenou, activistas de la campaña han realizado una intervención artística para visibilizar los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y el genocidio en Gaza.

Indra, empresa participada en un 28% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cerró 2024 con un beneficio neto de 278 millones de euros, un 35% más que el año anterior. Este crecimiento se explica en gran parte por el impulso de su negocio en el sector de Defensa, cuyos ingresos aumentaron un 26%. En 2025, esta tendencia se intensifica: en el primer trimestre, la actividad militar creció un 18%, con una cartera de pedidos que supera los 8.000 millones de euros.
En la intervención se ha destacado que «la participación de Indra en contratos militares con empresas israelíes es especialmente grave»:

• Indra mantiene alianzas estratégicas con Israel Aerospace Industries, empresa israelí conocida por el desarrollo de drones Heron 1 y TP, utilizados en ataques sobre Gaza y Cisjordania.
• Participa en el desarrollo del lanzacohetes múltiple móvil SILAM —un programa que asciende a 700 millones de euros— de la mano de Elbit Systems, la mayor empresa militar israelí y proveedora esencial del ejército israelí.
• Indra ha trabajado en infraestructuras civiles -como el sistema de peaje inteligente en la autopista Ayalon de Tel Aviv-, cuya implantación se da en un contexto de apartheid, ocupación y colonización, promoviendo la movilidad de la población israelí mientras se restringe la de la población palestina.

La campaña ‘Desarmando Indra’ ha querido destacar que la empresa española se está beneficiando directamente del actual clima de tensiones, belicismo y conflictividad, se benefició de la guerra en Yemen, y lo hace ahora con la de Ucrania y el genocidio del pueblo palestino en Gaza. En un contexto de crecimiento del belicismo y la conflictividad a nivel global, en 2024 Indra facturó 4.843 millones de euros (un 11,5% más que el año anterior). Parte de estos amplios beneficios de la empresa, tal y como demuestran los datos que viene presentando la campaña, proceden de su participación en el negocio de las armas que alimenta y necesita de las guerras, así como de la militarización de fronteras.

«Sabemos de los argumentos de las élites políticas y económicas europeas para acelerar el proceso de militarización e impulsar un aumento mundial del gasto militar sin precedentes. Pero Indra no puede seguir siendo cómplice, por acción u omisión, de crímenes de guerra o genocidio como los que se investigan actualmente en la Corte Penal Internacional. La ‘financiarización de la guerra’, el interés público o la legalidad internacional ” , ha apuntado Quintanilla ante accionistas y miembros del consejo directivo.

Además de su implicación directa en la industria armamentística, Indra se beneficia del creciente mercado de control fronterizo, un espacio en el que se difuminan los límites entre seguridad civil y militar. Sus tecnologías de vigilancia, control y detección -como radares, sensores o inteligencia artificial aplicada a fronteras y movilidad- forman parte de un modelo de militarización del espacio fronterizo que no responde a criterios de derechos humanos ni humanitarios, sino a una lógica de exclusión y disuasión. Mientras se restringe la movilidad de quienes huyen de la guerra o del hambre, se fortalecen las estructuras que se lucran con su contención.

Por último, el activista de la campaña ha apuntado que la industria armamentística, alimentada por políticas públicas de rearme, no sólo perpetúa conflictos, sino que también socava las metas climáticas internacionales y desvía recursos clave de una transición ecológica justa. El impacto medioambiental del sector militar es tan profundo como invisibilizado. «Empresas como Indra, identificada entre las cinco mayores emisoras del sector militar español, agravan esta huella».

La campaña ha cerrado su intervención con un llamamiento a accionistas y todas las personas asistentes para que la empresa cese su participación y colaboración en la investigación, producción y suministro de armas o dispositivos de militarización de las fronteras.

Intervención en la Junta de Accionistas de Indra 2025