Naciones Unidas suspende a España en derecho a la vivienda

El pasado 20 de junio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC en adelante) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dictaminó que el desahucio de Mohamed, Naouel y sus dos hijos Abdennour y Adam, que tenían 8 meses y 2 años en el año 2013, momento en el que se produjo el desahucio, supuso una flagrante vulneración de sus derechos ya que las administraciones públicas, tanto a nivel municipal, como regional y estatal, no actuaron para proporcionar una alternativa habitacional digna, ni antes ni después del desahucio. Diferentes noticias al respecto han aparecido en los últimos días (aquí, aquí o aquí), pero consideramos que merece la pena detenerse un momento en las posibles implicaciones de este dictamen, especialmente en el caso de la infancia.

El Comité DESC

En primer lugar, hay que aclarar el carácter del Comité que realiza este dictamen, ya que, ante este mar de siglas y organizaciones, resulta fácil perderse. El Comité DESC es uno de los nueve “órganos de tratados” existentes en la ONU, encargados de supervisar la aplicación de los tratados de Derechos Humanos vigentes. En concreto, el Comité DESC se creó en 1985, formando parte del Consejo Económico y Social de la ONU, con el fin de ejercer de órgano supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho Pacto, abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, fue aprobado y ratificado en 1977 por el Estado español.

 

En relación a los derechos de la infancia, este Pacto, reconoce en su artículo 10 que “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social”. En cuanto a la vivienda, el artículo 11 señala que se debe garantizar “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda”.

Teniendo en cuenta este artículo 11, y después de que el caso de Mohamed, Naouel, Abdennour y Adam ya hubiera pasado por todas las instancias judiciales españolas, incluyendo el Tribunal Constitucional, sin considerar ninguna de ellas que este caso supusiera una violación de los derechos fundamentales, en febrero de 2015, Javier Rubio, abogado del CAES llevó el caso ante el Comité DESC para que este organismo determinase si existía una violación del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una vez conocido el dictamen, Javier Rubio afirma que “con esta decisión, Naciones Unidas establece que el derecho humano a una vivienda incluye el hecho de que los alquileres necesitan de garantías jurídicas, la necesidad de accesibilidad a la vivienda pública, y prohibición de los desahucios sin alternativa”. (1)

El caso de Mohamed, Naouel, Abdennour y Adam

Todo empezó en junio de 2012, cuando Mohamed dejó de percibir el subsidio de desempleo y no pudo hacer frente al coste del alquiler de la habitación en la que vivía toda la familia. Como resultado de esto, la arrendataria no renovó el contrato, que concluyó el 31 de agosto de 2012. Unos meses más tarde, en noviembre, la arrendadora presentó una demanda de desahucio, ya que la familia, a pesar de haber vencido el contrato, no había abandonado la habitación, porque no tenía ningún lugar a donde ir, a pesar de llevar solicitando ayudas para acceder a una vivienda digna desde el año 1999. Finalmente, y a pesar de las movilizaciones sociales y los recursos judiciales, en octubre de 2013 Mohamed, Naouel, Abdennour y Adam fueron desahuciados de la habitación en la que vivían. Después del desahucio, permanecieron diez días en la Unidad de Estancias Breves del Samur Social, tras los que fueron a vivir al coche familiar, hasta que un amigo les ofreció alojamiento por varias semanas.

Estos hechos no son algo excepcional en el contexto español, ya que en el año 2016 se produjeron más de 40.000 desahucios, estando implicados en la mayoría de ellos niños y niñas (en torno a un 60% en el período 2011-2014). En definitiva, y según las propias palabras del dictamen del Comité DESC:

“los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda. Por tanto, si no disponen de recursos para una vivienda alternativa, los Estados partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para que en lo posible se les proporcione otra vivienda (…). Los Estados partes deben prestar especial atención en los casos que los desalojos afecten a mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad; así como otros individuos o grupos que sufran discriminación sistémica o estén en una situación de vulnerabilidad.”

El dictamen del Comité DESC no deja lugar a dudas y considera que las administraciones públicas han vulnerado el derecho a la vivienda de las cuatro personas que han sido desahuciadas, ya que las autoridades no han hecho todo lo que estaba en su mano para proporcionar a esta familia una alternativa habitacional digna.

Ante esta realidad, el Comité DESC interpela a las administraciones públicas españolas que deben realizar una reparación efectiva del daño causado, a través de una indemnización que cubra los costes judiciales y que compense la violación de derechos que han sufrido y también deben asegurarse de que Mohamed, Naouel, Abdennour y Adam estén viviendo en un hogar. Además de todo esto, el Estado español debe poner en marcha mecanismos que aseguren que un caso como este no se vuelva a repetir, para lo que tendrá que tomar las medidas necesarias a todos los niveles. Dispone para ello de un plazo máximo de seis meses.

Algunas conclusiones a tener en cuenta

El Comité DESC deja claro que el Estado español tiene responsabilidad en este caso, pese a ser un desahucio producido por un contrato de alquiler entre particulares. Desde el Comité se manifiesta que las administraciones públicas debían haber provisto a esta familia de una alternativa habitacional digna, utilizando los medios y recursos necesarios para ello. Este es un punto clave, ya que pone de manifiesto que algunas de las medidas puestas en marcha por el Estado, como el Real Decreto-ley 5/2017, conocida como Ley De Guindos, que establece una moratoria de tres años exclusivamente para las ejecuciones de los desahucios hipotecarios que afecten a familias en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo a familias con niños, niñas y adolescentes. Este tipo de medidas, siguiendo las recomendaciones del Comité DESC, deberían ampliarse a los desahucios provocados por impagos de alquiler (2) u otras situaciones, que conlleven la vulneración del derecho a una vivienda digna, sobre todo si hay niños y niñas implicados en el proceso de desahucio.

En este dictamen del Comité DESC se reconocen como víctimas a Mohamed y a Naouel, pero también, y a su mismo nivel, a Abdennour y Adam, sus dos hijos. En el caso concreto de los desahucios, los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como víctimas directas y, por lo tanto, como personas desahuciadas, ya que ellos y ellas, igual que el resto de miembros de sus familias, también se quedan sin un hogar en el que vivir.

Estamos demasiado habituados a situar a los niños y niñas como supuestos espectadores frente a los problemas sociales, y suelen ser significados como hijos o hijas de… (personas desempleadas, enfermas, pobres, excluidas, etc.). En este caso concreto, es necesario que construyamos significados más cercanos a la realidad. Los niños y niñas no son hijos o hijas de personas desahuciadas, sino que ellos y ellas están siendo igualmente desahuciadas y, por lo tanto, es necesario establecer mecanismos, en la dirección que señala el Comité DESC, para proteger sus derechos como niños y niñas y lograr detener esta flagrante vulneración de derechos humanos.

Confiamos en que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas -encargado de velar por el adecuado cumplimiento de los derechos de la infancia-, se exprese con la misma firmeza que ya lo ha hecho el Comité DESC, cuando emita su informe de recomendaciones al Estado español, que debe producirse en los próximos meses. El Comité Español de UNICEF (en su Informe Complementario al V y VI Informe de Aplicación de la Convención en España) ya se ha pronunciado respecto a la vulneración de derechos de la infancia en materia de vivienda tal y como ya hicimos desde el Grupo de Infancia de PAH Madrid en nuestro Informe Te quedarás en la oscuridad… : “Se debe legislar con carácter de urgencia y ámbito estatal para impedir la ejecución de desalojos sin alternativa habitacional, con especial referencia a los supuestos que afecten a los niños, niñas y adolescentes” (pp. 84). ¡No queremos más familias ni más niños como Abdennour y Adam sin una adecuada protección integral de sus derechos!

Por Mario Andrés-Candelas y Marta Martínez Muñoz.*

Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/naciones-unidas-condena-a-espana-por-no-garantizar-vivienda-alternativa-a-una-familia-desahuciada/

  1. De hecho, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial los lanzamientos por impago de alquiler supusieron el 54% del total, en el segundo trimestre del 2016, yendo en aumento (0,5%, respecto al mismo periodo del año anterior), mientras que las ejecuciones hipotecarias descendieron un 4,7%, suponiendo un 42,1% del total. Esta dinámica continúa, ya que al revisar las últimas cifras disponibles, las del primer trimestre del año 2017, podemos comprobar que el 56,4% del total de los lanzamientos responden a procedimientos derivados de relaciones de alquiler, lo que supone una subida del 5,8%, respecto al mismo periodo de 2016. Estas cifras demuestran la urgencia de establecer mecanismos que protejan el derecho a la vivienda de las personas que viven en régimen de alquiler.

* Mario Andrés-Candelas. Pedagogo e investigador. Marta Martínez Muñoz. Socióloga, investigadora y cofundadora de Enclave de Evaluación. Ambos son miembros de la Comisión de Infancia de PAH Madrid.

Fuente: http://www.infanciaydesahucios.enclavedeevaluacion.com/2017/07/27/nnuu-suspende/

 

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