Enrique Santiago explicó cómo esto es contextualizable en un escenario de criminalización de los movimientos sociales que buscan una salida negociada del conflicto colombiana dentro de los márgenes del derecho internacional de mediación. Criminalización amparada especialmente tras el 11-S, momento después del cual todo parece ampararse por la lucha contra el terrorismo al margen de todo estudio académico, político y social de los conflictos.

Enrique Santiago comenzó haciendo una introducción del conflicto colombiano desde la época de la colonia, un conflicto económico ligado a los problemas de exportación del país y la consiguiente importancia de la tenencia de la tierra como principal fuente de riqueza del país, la aparición en la década de 1980 del narcotráfico a gran escala, el ascenso de Álvaro Uribe Velez al gobierno de Colombia apoyado por grupos ligados directamente al narcotráfico, el Plan Colombia como tapadera de una política por parte de EE.UU de apoyo a las políticas belicistas del Gobierno de Uribe, etc.

Destacó por otra parte la diferencia del tratamiento a las FARC del 2002 hacia adelante, momento hasta el cual estaban reconocidas por el resto de los gobiernos, por ejemplo, europeos como una fuerza beligerante y no terrorista, siendo recibidos representantes de las FARC por miembros de los distintos gobiernos europeos como el Partido Popular en España. Así mismo hizo un resumen de la actual situación conflictiva que vive el propio Gobierno de Uribe desde que hace un tiempo la Corte Suprema de Colombia dictaminó que la última reelección de Álvaro Uribe como Presidente del país no se atenía a la legalidad del propio país, cómo desde entonces A. Uribe ha sometido a amenazas a la jurisprudencia del país sobre este tema, etc.

También hizo referencia a la política de intercambio de prisioneros impulsada por las FARC en los últimos tiempos, lo que ha estado impulsado también por familiares de los secuestrados, y cómo las FARC han señalado su voluntad de liberar a rehenes pero el Gobierno de A. Uribe ha volado por los aires cualquier posibilidad de liberación, llegando para ello incluso a violar la soberanía territorial de Ecuador en el ataque contra el campamento en el que se encontraba Raúl Reyes como una forma de parar el proceso de liberación de rehenes, llegando incluso a asesinar en dicho campamento a estudiantes mexicanos que estaban realizando una tesis doctoral sobre las FARC.

En este contexto es en el que Remedios García es acusada de integración en banda armada y sentenciada por los medios de comunicación de este país, especialmente por el Grupo Prisa, el cual tiene grandes intereses económicos en Colombia. Una de los elementos acusatorios hacia Remedios Martínez es que había entregado 5.000 dólares a las FARC, cuando en realidad, como ha explicado E. Santiago, la historia de los 5.000 dólares se reduce a que éstos fueron entregados por una amistad de un refugiado colombiano en Suiza para que éste pudiese someterse a una operación craneal en una determinada clínica, razón por la que necesitaba el dinero. Pero en cualquier caso un dinero que en absoluto estaba relacionado con las FARC. El abogado defensor ha contado cómo finalmente deja de acusársela de integración en banda armada y pasa a estar acusada de colaboración en banda armada, rebajando el juez la petición de la fiscalía de imponer una fianza de 20.000 euros a 12.000 euros.

En cualquier caso ha señalado la importancia de solidarizarse con Remedios García, la cual fue despedida de su trabajo después de la acusación. Ha comentado que el 25 de octubre se celebrará un acto de solidaridad con la acusada y demás afectados.