Izquierda Unida reclama que se garantice el permiso climático para las personas afectadas por los incendios de Ávila

Izquierda Unida ha reclamado que todas las personas trabajadoras afectadas por los graves incendios que asolan la provincia de Ávila puedan ejercer su derecho al denominado permiso por fuerza mayor o catástrofes, incorporado al Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral derivada de la Directiva europea de conciliación.

La formación recuerda que este permiso retribuido permite ausentarse del trabajo cuando resulte imposible acceder al centro de trabajo o cuando existan situaciones de emergencia derivadas de fenómenos climáticos extremos o catástrofes, como los incendios forestales que han obligado en los últimos días a evacuar, desalojar o confinar a decenas de miles de personas en Ávila, al igual que otras provincias.

Desde IU consideran que, en una situación de esta magnitud, «ninguna persona debería verse obligada a elegir entre proteger su vida y la de su familia o conservar su empleo». Por ello, instan tanto a las empresas como a las administraciones públicas a informar de forma activa sobre este derecho y a facilitar su aplicación sin trabas.

La organización subraya que el permiso no solo ampara a quienes han sido evacuados de sus viviendas, sino también a quienes permanecen confinados por razones de seguridad, no pueden desplazarse debido al cierre de carreteras o deben atender necesidades familiares derivadas de la emergencia.

Los incendios han provocado un impacto sin precedentes, con miles de personas evacuadas y confinadas en la provincia de Ávila y zonas limítrofes, una circunstancia que evidencia que el cambio climático ya está teniendo consecuencias directas sobre la vida cotidiana y las condiciones laborales de la ciudadanía.

Izquierda Unida insiste en que el llamado «permiso climático» debe dejar de ser un derecho desconocido y aplicarse de forma efectiva en todas aquellas situaciones de emergencia como la que vive actualmente la provincia de Ávila. «La protección de las personas trabajadoras también pasa por garantizar que nadie sufra perjuicios laborales por cumplir las indicaciones de las autoridades o por salvaguardar su seguridad y la de sus familias», concluyen.