FACUA acusa a Bruselas de plegarse al lobby de las eléctricas en su intención de que España elimine la tarifa semirregulada PVPC

FACUA-Consumidores en Acción rechaza la propuesta de la Comisión Europea de que España elimine la tarifa semirregulada de luz PVPC, dejándola únicamente para los consumidores determinados como vulnerables.

La asociación acusa a Bruselas de plegarse al lobby de las eléctricas, las únicas que saldrían beneficiadas de la expulsión de millones de usuarios al mercado libre, y que les permitiría inflar sin límite los precios de sus tarifas.

FACUA señala que, precisamente, la existencia de la tarifa PVPC otorga determinada protección a los consumidores, al impedir que las compañías energéticas apliquen tarifas mucho más altas de las que ya existen en el ámbito semirregulado si quieren captar clientes.

Por el contrario, la desaparición del PVPC terminará provocando una subida de todos los precios del mercado libre, y la asociación advierte de que podrían llegar a producirse incluso subidas paralelas, tal y como FACUA ya ha detectado en otros sectores como el de los productos de marca blanca de los supermercados.

Así, la asociación rechaza de pleno el argumento de la Comisión Europea de que la tarifa semirregulada supone una competencia dañina para las empresas eléctricas, toda vez que sirve precisamente de herramienta para que estas tengan que ajustar sus precios, ya que la competencia entre las propias compañías del mercado libre es prácticamente inexistente.

FACUA espera que el Gobierno de España se plante ante esta nueva capitulación de Bruselas a los lobbys empresariales y se niegue a la eliminación de la tarifa semirregulada. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya ha confirmado que «en este momento no hay previsión de que desaparezca [el PVPC] en nuestro país», por lo que la asociación insta al Ejecutivo a que se mantenga firme en esta posición avanzada por la ministra.

Consumidores vulnerables

Por otro lado, aunque la Comisión Europea ha señalado que la PVPC debería mantener exclusivamente como herramienta para los consumidores vulnerables, FACUA advierte de que actualmente el bono social destinado a este colectivo —y al que sólo puede accederse si se tiene contratada la tarifa semirregulada— ni siquiera está llegando a todos los potenciales usuarios que podrían beneficiarse de ella.

El propio Gobierno de España, en su Estrategia contra la pobreza energética, señala que el bono social «no alcanza a la totalidad de los hogares vulnerables que cumplen los requisitos […] para acceder a esta ayuda». Actualmente, según datos de marzo de 2026 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hay 1.725.754 beneficiarios del bono social eléctrico, aunque se estima que hay muchos más usuarios potenciales que no acceden a el por desconocimiento —falta de campañas de información— o por encontrarse en el mercado libre —una vez más, por no conocer que se debe estar acogido a la PVPC para solicitarlo—.

Así, FACUA señala que la eliminación de la tarifa PVPC para el conjunto de los usuarios afectaría especialmente a aquellos usuarios vulnerables que no se encuentran acogidos al bono social eléctrico, a los que se les eliminaría incluso la capacidad de estar en una tarifa —la semirregulada— menos volátil y no tan sujeta a los vaivenes del mercado.

Pero, además, el informe del Gobierno también indica que existe actualmente un 32% de usuarios del mercado libre que tienen en sus contratos «servicios complementarios» —en muchos casos, que no han sido solicitados por ellos y que se les ha dado de alta sin su conocimiento—, «lo que supone un encarecimiento de la factura energética y podría suponer una barrera para acceder al bono social sin penalizaciones».

La eliminación de la tarifa PVPC, tal y como propone Bruselas, supondría un perjuicio aún mas grave para todos aquellos hogares vulnerables que, sin embargo, sufren trabas para acceder a las ayudas del bono social eléctrico y que serían, por tanto, expulsadas al mercado libre, encareciendo aún más sus facturas eléctricas y exponiéndolos a mayores dificultades económicas.