Redacción •  Vivienda •  03/06/2026

La presión sindical suspende temporalmente dos desahucios previstos en L’Hospitalet y Poblenou

La presión sindical suspende temporalmente dos desahucios previstos en L’Hospitalet y Poblenou

La presión del Sindicat de Llogateres ha detenido dos desahucios previstos para hoy miércoles, en L’Hospitalet de Llobregat, y el viernes, en el Poblenou de Barcelona.

Por una parte, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha suspendido temporalmente el desahucio de Ivan Giesen, en la calle Ramon Turró, 153 de Barcelona, previsto para este viernes.

El motivo es que la propiedad, MARAMCA SL, había incumplido la obligación de hacer una intermediación previa con el inquilino afectado, propia de los grandes tenedores, tal como marca la disposición transitoria tercera de la Ley de Vivienda estatal. La actuación judicial del Sindicat de Llogateres ha hecho posible que Ivan se acoja a este derecho.

Por otra parte, el Sindicat de Llogateres también ha decidido desconvocar la concentración prevista para este miércoles, a las 18h, ante el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, tras los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de L’Hospitalet con Ioanna y su familia, que evitan el desalojo de la familia este próximo jueves. Los compromisos por parte del consistorio han llegado gracias a la movilización ciudadana, la presión pública y las gestiones realizadas durante los últimos días por el Sindicat de Llobregat.

El caso de Ivan, una historia de incumplimientos con la Vivienda de Protección Oficial

El desahucio de Ivan era en la calle Ramon Turró, 153, en una finca donde la propiedad estaba obligada a hacer al menos seis Viviendas de Protección Oficial (VPO) y hay numerosos indicios de que esta obligación se está incumpliendo. En concreto, varios testimonios de vecinos recientemente llegados y la localización de anuncios en plataformas digitales indican que hay pisos de unos 50 metros cuadrados alquilándose a 1.700 euros mensuales, unos precios que no cuadran en absoluto con los de la vivienda de protección oficial ni con la regulación de precios del alquiler.

Ivan vive al mismo piso desde el 15 de mayo de 1999 y ha pagado el alquiler durante más de veinticinco años: en total, más de 140.000 euros pagados en alquiler. En 2020 se le acabaron las prórrogues del contrato y, desde entonces, ha intentado negociar reiteradamente con la propiedad, Maramca SL, tanto individualmente como a través del Sindicat de Llogateres, sin obtener ninguna propuesta de renovación. A pesar de su situación de vulnerabilidad y a pesar de continuar pagando el alquiler, la propiedad mantiene el procedimiento de desahucio tras varios aplazamientos y suspensiones.

El caso de Ioanna en L’Hospitalet: una historia de abandono institucional

Ioanna y sus hijos se encontraban en riesgo de perder el alojamiento temporal donde residían después de haber sufrido un largo proceso marcado por el acoso inmobiliario, la falta de acompañamiento institucional y una situación de elevada vulnerabilidad social. La familia había vivido durante más de una década en una vivienda de alquiler, de la cual finalmente fue desahuciada tras un proceso que la dejó en una situación de indefensión.

Durante las últimas semanas, la familia había denunciado reiteradamente la falta de acompañamiento y apoyo por parte de los servicios sociales municipales, así como la inexistencia de una alternativa estable que garantizara su seguridad residencial.

Gracias a la movilización generada alrededor del caso, se han producido varios cambios importantes que valoramos positivamente. En primer lugar, Ioanna y su familia han sido reincorporadas plenamente a la atención de los servicios sociales municipales, poniendo fin a una situación de abandono institucional que considerábamos inadmisible.

En segundo lugar, los servicios sociales han asumido el compromiso firme de no dejar a la familia en la calle mientras no exista una solución residencial estable y adecuada a sus necesidades.

En tercer lugar, el Ayuntamiento ha rectificado su posición respecto al acompañamiento de las personas usuarias de los servicios sociales. A partir de ahora se garantiza que cualquier persona atendida podrá ir acompañada por quien considere conveniente durante las reuniones y entrevistas con los servicios municipales. Se trata de un derecho fundamental, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y estrés, cuyo reconocimiento consideramos una victoria colectiva.

Finalmente, también valoramos positivamente la disposición expresada por el Ayuntamiento para revisar el funcionamiento de los servicios sociales y de los dispositivos municipales vinculados a la vivienda, con el objetivo de corregir disfunciones y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Por todos estos motivos, desde el Sindicat de Llogateres hemos decidido desconvocar la concentración prevista.

Sin embargo, queremos subrayar que el caso de Ioanna no es un hecho aislado. Al contrario, es representativo de una realidad que afecta a numerosas familias de la ciudad de L’Hospitalet: situaciones de racismo inmobiliario, discriminación, maltrato institucional y falta de protección social que contribuyen a reproducir la pobreza y la vulnerabilidad residencial, limitando las oportunidades de futuro de muchas personas y de sus hijos e hijas.

Por este motivo continuaremos trabajando para que las mejoras logradas en este caso se traduzcan en cambios estructurales que beneficien al conjunto de la población. Desde el Sindicat de Llogateres continuaremos haciendo seguimiento del caso y velando para que los compromisos adquiridos se cumplan.


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