La 81.ª Asamblea General de la ONU: entre Imperialismo, Crisis del Multilateralismo y lucha por imponer el relato

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas ha terminado dejando una impresión difícil de resumir en una sola palabra. Durante varios días, representantes de 194 delegaciones, entre ellos 113 jefes de Estado y de Gobierno, ocuparon la tribuna de la organización para hablar de guerras, soberanía, desarrollo, Palestina, Ucrania, Irán, deuda, cambio climático, inteligencia artificial y reforma de las instituciones internacionales. Al cerrar el debate, el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, resumió algunas de las principales preocupaciones expresadas por los Estados: la protección de la población civil, el acceso humanitario, la rendición de cuentas, las soluciones políticas basadas en el derecho internacional y la necesidad de que el Consejo de Seguridad cumpla las responsabilidades que le asigna la Carta. El lema de esta sesión —«Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All»— condensaba precisamente el desafío: recuperar la confianza en una organización cuya autoridad se encuentra sometida a una presión creciente.

Pero detrás de la sucesión de discursos aparece una cuestión más profunda. La Asamblea no ha sido únicamente otro escenario para enumerar los problemas del planeta, sino un espacio donde se ha hecho visible la disputa por las reglas que deben organizar las relaciones internacionales en un mundo que ya no se corresponde con el reparto de poder de 1945. António Guterres advirtió de la profundización de las fracturas internacionales y situó entre los grandes desafíos de nuestro tiempo la guerra y la paz, la desigualdad, el cambio climático y la inteligencia artificial. Lo que está en juego, por tanto, no es solamente si Naciones Unidas funciona mejor o peor, sino quién tiene capacidad para definir qué significan la seguridad, la soberanía, el desarrollo, la legalidad internacional y la cooperación en el siglo XXI.

En «La ONU entre expectativas y realidad», Fabrizio Casari examina la distancia entre los objetivos fundacionales de la organización y los límites que impone la realidad internacional. Y en el articulo, «Las anécdotas de la 81.ª Asamblea General de la ONU en crisis: una semana que retrató el mundo que está cambiando», donde repaso algunos de los episodios más significativos de la semana de alto nivel. Este artículo continúa esa reflexión desde una perspectiva política y económica: más allá de las escenas y los discursos, interesa examinar las relaciones de poder y las contradicciones institucionales que ayudan a explicar la crisis del multilateralismo y las fuerzas que pugnan por definir el orden internacional que está tomando forma.

Una organización nacida en 1945 ante un mundo transformado

La arquitectura institucional creada después de la Segunda Guerra Mundial continúa siendo el marco jurídico fundamental del sistema internacional, pero el mundo que la sostiene ha cambiado profundamente. Las potencias que entonces concentraban gran parte de la capacidad económica, militar y política conservan una influencia extraordinaria, aunque junto a ellas han aparecido nuevos centros de poder económico, tecnológico y demográfico. China ocupa una posición central en la economía mundial; India ha incrementado su peso económico y político; Rusia mantiene una considerable capacidad militar y energética; y numerosos países latinoamericanos, africanos y asiáticos reclaman un mayor margen de decisión. Agrupaciones como BRICS expresan, pese a la heterogeneidad y los intereses diferentes de sus miembros, la búsqueda de mecanismos de cooperación que no dependan exclusivamente de instituciones dominadas históricamente por las potencias occidentales.

La cuestión no consiste simplemente en sustituir un centro de poder por otro, sino en determinar si la transformación de la distribución internacional del poder puede traducirse en instituciones más representativas y en mayores márgenes de decisión para los países que históricamente han tenido menos capacidad para establecer las reglas.

En este debate vuelve a adquirir actualidad la figura de Miguel d’Escoto Brockmann. Durante su presidencia de la Asamblea General, en 2008-2009, el diplomático y sacerdote nicaragüense defendió una democratización profunda de la ONU y cuestionó que el Consejo de Seguridad concentrará una capacidad política desproporcionada respecto de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembros. Sus propuestas no resolvieron aquella contradicción, pero permiten recordar que la discusión sobre la reforma de la ONU no nació con la crisis actual: lleva décadas vinculada al problema de quién decide en nombre de la comunidad internacional. Para profundizar en este legado, puede consultarse el artículo «Miguel d’Escoto y la reinvención de la ONU: una propuesta sandinista para democratizar el mundo».

La necesidad de reformar la organización no puede separarse de la desigualdad de poder que caracteriza su funcionamiento. La existencia de un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes dotados de derecho de veto condiciona la respuesta internacional ante numerosas crisis. Mientras tanto, regiones enteras continúan reclamando una representación acorde con su peso demográfico y político. África, cuya exclusión de los puestos permanentes sigue siendo uno de los principales asuntos pendientes, recuerda que la reforma institucional no es una discusión meramente administrativa: también es una disputa por corregir las jerarquías heredadas de un orden mundial anterior.

Soberanía, doble rasero y poder de las grandes potencias

La disputa se hizo particularmente visible en el discurso de Estados Unidos. La Administración Trump presentó ante la Asamblea una concepción de las relaciones internacionales basada en la soberanía nacional, la primacía de los intereses estadounidenses y el rechazo de una mayor transferencia de competencias hacia estructuras internacionales. La propia Casa Blanca resumió la intervención de Donald Trump como una defensa de la fortaleza estadounidense, de sus intereses y de su soberanía. Esa posición puede consultarse en la declaración oficial de la Casa Blanca del 22 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la defensa de la soberanía debe contrastarse con las actuaciones concretas de Washington y con el trato que dispensa a otros países cuando sus decisiones no coinciden con los intereses estadounidenses. Uno de los episodios más significativos fue la denegación o revocación de visados a representantes palestinos, incluido el presidente Mahmud Abás, que impidió su participación presencial en la sede de Naciones Unidas durante la semana de alto nivel. El 17 de septiembre, la Asamblea General aprobó una resolución para permitir que Palestina participara mediante una intervención pregrabada: obtuvo 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones —Colombia, Honduras, Panamá y Perú—. La resolución lamentó expresamente la decisión estadounidense. Los detalles figuran en la información oficial de Naciones Unidas sobre la votación.

El episodio muestra una contradicción difícil de ignorar: mientras Washington reivindica su soberanía nacional y cuestiona las limitaciones que puedan imponerle las instituciones multilaterales, su política de visados restringió la participación palestina en el principal foro universal de la organización. La votación no demuestra que todos los países que apoyaron la resolución compartan una misma posición sobre el conjunto del conflicto palestino-israelí, pero sí refleja un amplio respaldo a que Palestina pudiera intervenir en el debate general.

El problema es más amplio que este episodio. Las grandes potencias tienden a interpretar los principios internacionales en función de sus alianzas e intereses, presentando sus propias actuaciones como defensa de la seguridad o del orden mientras cuestionan las de sus adversarios. Señalar este doble rasero no exige afirmar que todas las situaciones sean idénticas ni que las responsabilidades de los Estados sean intercambiables; exige aplicar criterios coherentes a las actuaciones de todos ellos. Si la soberanía y el derecho internacional deben servir para limitar los abusos de poder, no pueden convertirse en argumentos que se invocan para proteger los intereses propios y se relativizan cuando amparan a pueblos o gobiernos enfrentados a una gran potencia.

La cuestión adquiere mayor relevancia al comparar el discurso estadounidense con las posiciones de Nicaragua, Cuba o Irán, países que también invocan la soberanía, aunque desde contextos y proyectos políticos diferentes. Sus declaraciones deben atribuirse a sus respectivos gobiernos y someterse a examen crítico, pero no por ello cabe ignorar la cuestión material que plantean: ¿qué margen real de autodeterminación conserva un país cuando las sanciones, la presión financiera, las restricciones comerciales o la amenaza militar condicionan sus decisiones? El problema no es quién utiliza con mayor frecuencia el lenguaje de la soberanía, sino quién dispone de capacidad para imponer sus decisiones y quién puede exigir que las reglas se apliquen también a las grandes potencias.

La guerra entre Estados Unidos e Irán convirtió esa disputa en una cuestión especialmente concreta. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó ante la Asamblea que su país no capitularía ante la presión militar estadounidense, pero sostuvo que Irán seguía abierto a la diplomacia. Rechazó negociar bajo amenaza, defendió el carácter pacífico que Teherán atribuye a su programa nuclear y denunció las acciones militares estadounidenses. La delegación estadounidense abandonó la sala al comienzo del discurso iraní, según informó Reuters el 23 de septiembre. Estas afirmaciones recogen la posición del Gobierno iraní y no deben confundirse con una verificación independiente de todas sus acusaciones.

El episodio pone de manifiesto una de las contradicciones centrales de la política internacional: la diplomacia continúa presentándose como instrumento para resolver las crisis, pero su eficacia queda gravemente limitada cuando la negociación se desarrolla bajo presión militar, económica o financiera. El control de las rutas energéticas, las sanciones, el petróleo y el estrecho de Ormuz no son cuestiones separadas de la geopolítica; forman parte de una misma disputa por la capacidad de los Estados para decidir sobre sus recursos y sus relaciones exteriores.

Algo semejante ocurre con Palestina y Ucrania, aunque sus contextos históricos y políticos sean diferentes. La Asamblea volvió a escuchar llamamientos a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional, mientras las posiciones de los Estados mostraron profundas diferencias sobre la aplicación práctica de esos principios. La credibilidad del sistema multilateral depende de que las normas no queden subordinadas permanentemente a las alianzas y a las relaciones de fuerza. No basta con proclamar la vigencia del derecho internacional: también hay que examinar qué ocurre cuando su aplicación entra en conflicto con los intereses de una potencia.

El Sur Global y la búsqueda de un orden multipolar

Desde esta perspectiva deben leerse las intervenciones de varios países del Sur Global. Nicaragua defendió, durante la reunión dedicada al 40.º aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la eliminación de medidas que obstaculizan el desarrollo y vulneran la soberanía, la igualdad soberana, la no injerencia y la autodeterminación. Su representación reclamó una reforma de la arquitectura económica y financiera internacional para avanzar hacia un orden más justo, democrático, inclusivo y multipolar. La intervención puede consultarse en la transcripción de Naciones Unidas de la reunión del 23 de septiembre de 2026.

En el debate general, el Gobierno nicaragüense destacó asimismo la importancia creciente de BRICS, vinculó esa agrupación con el derecho al desarrollo, expresó solidaridad con Cuba, respaldó el principio de una sola China (no reconoce a Taiwán como un Estado independiente de China) y manifestó su apoyo a la posición rusa en favor de la paz. Estas declaraciones permiten identificar las prioridades diplomáticas de Managua, aunque no convierten a BRICS en una organización homogénea ni demuestran que todos sus miembros compartan una misma concepción del orden mundial. La agrupación reúne países con intereses económicos, estrategias internacionales y sistemas políticos diferentes, unidos en parte por la búsqueda de mayor capacidad de negociación dentro de las instituciones mundiales.

Cuba planteó una problemática relacionada al situar el bloqueo y las presiones económicas estadounidenses en el centro de su reivindicación de soberanía y desarrollo. Para el Gobierno cubano, las restricciones económicas y financieras limitan las posibilidades de desarrollo del país y forman parte de una política de coerción. El debate debe atender tanto a las consecuencias económicas y sociales de esas medidas como a los argumentos que ofrece Washington para justificarlas. En cualquier caso, el uso de instrumentos económicos para condicionar las decisiones políticas de otros Estados constituye una cuestión central para comprender los límites materiales de la soberanía.

Venezuela, por su parte, vinculó soberanía, recursos naturales, energía, industria, comercio, tecnología e inteligencia artificial dentro de una misma concepción de autonomía nacional. Su representación presentó las sanciones y las presiones externas como obstáculos para el desarrollo y para el control nacional de los recursos. Estas posiciones deben distinguirse de los hechos comprobables y de las interpretaciones sobre la política venezolana, pero permiten identificar un argumento compartido por varios gobiernos del Sur: la soberanía pierde contenido material cuando las decisiones económicas fundamentales quedan condicionadas por restricciones financieras, dificultades de acceso a mercados, tecnología o energía.

Rusia defendió una interpretación del futuro internacional basada en la construcción de un mundo multipolar y en la oposición a estructuras que considera dominadas por una minoría de potencias. Esa posición debe analizarse teniendo en cuenta también las actuaciones del propio Estado ruso y las controversias que suscita su política exterior. La utilización del lenguaje de la multipolaridad no exime a ningún gobierno de la obligación de respetar el derecho internacional.

China, por su parte, defendió la centralidad de Naciones Unidas y de la Carta de la organización, reclamó respeto a la soberanía y a la seguridad de los países y abogó por resolver las controversias mediante el diálogo y las consultas. También defendió el principio de que sean los palestinos quienes gobiernen Palestina. Estas posiciones forman parte de la política exterior del Gobierno chino y conviven con sus propios intereses estratégicos y económicos, que deben evaluarse, como los de cualquier gran potencia, a partir de sus declaraciones y de sus actuaciones.

La diversidad de posiciones se aprecia también en países que no pueden reducirse simplemente a uno u otro bloque. India advirtió sobre los efectos globales de los conflictos y reclamó proteger a la población civil y mantener los flujos de energía y comercio, al tiempo que describió las dificultades que afrontan los países del Sur en materia de alimentos, combustibles, fertilizantes y financiación. Brasil ha defendido el multilateralismo, la soberanía latinoamericana y la reforma de las instituciones internacionales. Numerosos Estados africanos continúan reclamando una representación permanente del continente en el Consejo de Seguridad. Para muchos de estos países, reformar el sistema significa corregir estructuras heredadas de una época colonial y ampliar la capacidad de decisión de Estados cuya representación institucional no corresponde a su peso demográfico y político.

Ahora bien, sería insuficiente describir esta transformación como una simple sustitución de la hegemonía estadounidense por una futura hegemonía china, rusa o de cualquier otra potencia. La multipolaridad describe una distribución más diversificada del poder, pero no garantiza por sí misma un orden internacional más justo. Puede abrir espacios de autonomía para determinados Estados y, al mismo tiempo, mantener profundas desigualdades económicas y sociales. La existencia de más polos no elimina automáticamente las relaciones de explotación, dependencia o concentración de riqueza. La transformación del equilibrio entre Estados y la transformación de las relaciones sociales no son procesos idénticos.

La economía política del nuevo orden mundial

La geopolítica no puede separarse de la economía política internacional. La disputa por el poder mundial también pasa por quién controla el crédito, las monedas de reserva, los sistemas de pago, las cadenas de suministro, los recursos minerales, la energía, los semiconductores, las infraestructuras digitales y las tecnologías estratégicas. Las sanciones pueden restringir el acceso a mercados, financiación y tecnología; la deuda reduce el margen de maniobra de numerosos países; y la competencia por minerales críticos y fuentes energéticas está adquiriendo una importancia creciente. Al mismo tiempo, las grandes empresas tecnológicas acumulan capacidades que hace apenas unas décadas estaban reservadas casi exclusivamente a los Estados.

Por eso, la capacidad jurídica de un país para declararse soberano puede no coincidir con su capacidad material para ejercer esa soberanía. Cuando los países endeudados encuentran dificultades para financiar políticas de desarrollo, cuando el acceso a tecnología depende de un reducido número de proveedores y cuando las cadenas de producción están concentradas en determinados territorios, la autonomía nacional se ve condicionada por relaciones económicas que desbordan las fronteras. La discusión sobre una nueva arquitectura financiera internacional, planteada por Nicaragua y otros países del Sur, afecta así al reparto mundial de recursos y de capacidad de decisión, no solo al funcionamiento administrativo de las instituciones.

La inteligencia artificial constituye uno de los ejemplos más claros de esta transformación. En su discurso de clausura del debate general, el presidente de la Asamblea General señaló que cuatro años antes solo cinco delegaciones habían abordado esta cuestión, mientras que en 2026 lo hicieron 128, más que las que hablaron sobre derechos humanos y cambio climático. El dato muestra la velocidad con la que la IA ha pasado de ocupar un lugar secundario a convertirse en una preocupación central de la agenda internacional. Puede consultarse en el discurso de clausura de Khalilur Rahman, del 28 de septiembre.

Pero la amplitud del debate no significa que todos los países tengan la misma capacidad para intervenir en las decisiones. Según el informe de Naciones Unidas Governing AI for Humanity, publicado en 2024, 118 países no eran parte de ninguna de las siete iniciativas internacionales de gobernanza de la inteligencia artificial examinadas en el documento. La cifra no significa que esos Estados estuvieran ausentes de todos los debates sobre IA, sino que no participaban en ninguno de esos siete mecanismos concretos. La desigualdad afecta, por tanto, tanto al acceso a las herramientas tecnológicas como a la capacidad para influir en las reglas que determinarán su desarrollo y utilización.

La concentración de los sistemas más avanzados en un número reducido de países y empresas plantea un problema que rebasa la innovación técnica. Quien controla los centros de datos, los semiconductores, la capacidad de computación, las plataformas y los grandes conjuntos de datos dispone de una ventaja económica y estratégica que puede condicionar a otros Estados. La presidencia de la Asamblea advirtió precisamente del riesgo de que un pequeño número de países y empresas controle los datos, la capacidad de computación y las reglas que afectarán al conjunto de la humanidad.

La IA se convierte así en una cuestión de soberanía tecnológica, pero también de clase: sus beneficios, los empleos que transforme, los riesgos que genere y el poder que concentre dependerán de quién posea las infraestructuras y de quién pueda decidir sobre su uso. No basta con preguntar qué países liderarán la innovación; hay que preguntarse quién se apropiará de sus beneficios, qué sectores soportarán sus costes y qué capacidad tendrán los pueblos para intervenir en decisiones que afectarán a sus condiciones de vida.

La misma lógica atraviesa la cuestión energética y los recursos naturales. Las guerras contemporáneas no pueden analizarse exclusivamente a partir de declaraciones diplomáticas o movimientos militares cuando el petróleo, el gas, los minerales estratégicos, las rutas marítimas y las infraestructuras forman parte de las condiciones materiales que permiten ejercer poder. El caso de Irán y el estrecho de Ormuz lo ha vuelto particularmente evidente, pero la competencia por recursos estratégicos se extiende desde América Latina hasta África y Asia. El derecho de los pueblos a disponer de sus recursos aparece así unido a la discusión sobre desarrollo y soberanía que Nicaragua y otros países del Sur llevaron a la Asamblea.

Desarrollo, desigualdad y crisis climática

La distancia entre los compromisos internacionales y sus resultados también puede medirse en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe de Naciones Unidas de 2026 indica que, de las 139 metas para las que había datos de tendencia disponibles, solo el 36 % estaba en vías de cumplirse o mostraba avances moderados; el 49 % progresaba demasiado lentamente y el 15 % había retrocedido respecto de los niveles de 2015. El informe señala entre los obstáculos los conflictos, la desigualdad, la crisis climática, el endeudamiento y la insuficiencia de financiación.

Estas cifras impiden reducir la crisis del multilateralismo a un desacuerdo diplomático entre gobiernos: también reflejan la dificultad de convertir las declaraciones sobre desarrollo sostenible en mejoras suficientes para las mayorías sociales. Cuando los países destinan recursos al servicio de la deuda, afrontan costes crecientes de financiación y carecen de acceso adecuado a tecnología e inversión, su capacidad para desarrollar políticas propias queda condicionada. La reforma de la arquitectura económica y financiera internacional tiene consecuencias directas sobre la educación, la sanidad, el empleo, la alimentación y las posibilidades de desarrollo de millones de personas.

La cuestión climática introduce otra contradicción. Muchos países que han contribuido relativamente menos a las emisiones históricas se encuentran entre los más expuestos a sus consecuencias, mientras las grandes transformaciones energéticas requieren inversiones, tecnología y financiación distribuidas de manera desigual. La discusión medioambiental resulta inseparable de la cuestión económica: quién paga la transición, quién controla las nuevas tecnologías, quién posee los recursos necesarios para llevarla a cabo y qué países terminan asumiendo sus costes sociales y económicos.

La crisis climática, el endeudamiento y la desigualdad no son problemas independientes que puedan resolverse mediante declaraciones separadas. Condicionan la capacidad de los Estados para responder a las necesidades de sus poblaciones y muestran hasta qué punto las reglas económicas internacionales pueden facilitar o limitar el desarrollo. Sin cambios en esas condiciones materiales, los compromisos multilaterales corren el riesgo de quedarse en objetivos declarados sin recursos suficientes para hacerlos realidad.

La batalla por el relato y la legitimidad internacional

La sucesión de crisis vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la información. Palestina, Ucrania, Irán, Venezuela, Cuba y otros conflictos muestran que la batalla internacional no se libra únicamente mediante la diplomacia, las sanciones o la fuerza militar. También existe una disputa por la interpretación de los acontecimientos, por las categorías con las que se describen las guerras, por la legitimidad de determinados gobiernos y por la definición de quién aparece como defensor del derecho internacional y quién como violador de sus principios.

Imponer un relato no es un elemento decorativo de la geopolítica: influir sobre la percepción internacional condiciona la legitimidad política de las medidas económicas, militares y diplomáticas que posteriormente pueden adoptarse. Pero el análisis crítico debe examinar quién produce y difunde cada relato, qué pruebas lo sostienen y qué intereses pueden beneficiarse de él. La versión de un Gobierno no se convierte en verdadera por el mero hecho de contradecir la de otro, ni la crítica a una potencia obliga a aceptar sin examen las posiciones de sus adversarios.

En este contexto, Naciones Unidas continúa siendo una institución limitada, atravesada por las mismas relaciones de poder que pretende gestionar, pero al mismo tiempo difícilmente sustituible. La presidencia de la Asamblea General señaló al cierre del debate que los Estados habían defendido el multilateralismo en función de su capacidad para transformar las realidades concretas. Esa observación resulta fundamental: la organización no recuperará legitimidad simplemente multiplicando declaraciones y reuniones si las decisiones adoptadas no consiguen modificar las condiciones que producen las guerras, el hambre, la desigualdad, el endeudamiento o la destrucción ambiental.

Por eso la reforma de Naciones Unidas vuelve inevitablemente al problema que Miguel d’Escoto planteó hace casi dos décadas: quién decide. La composición del Consejo de Seguridad, el derecho de veto, la autoridad de la Asamblea General y la selección del próximo secretario general no son cuestiones meramente administrativas. El propio presidente de la Asamblea recordó que, según la Carta, el Consejo de Seguridad recomienda al secretario general y la Asamblea General realiza el nombramiento, y reclamó un proceso transparente, inclusivo y basado en los méritos. La elección de quien ocupará la Secretaría General constituye otra expresión de la disputa por la legitimidad y la autonomía de la organización.

La 81.ª Asamblea General deja, por tanto, un panorama en el que conviven concepciones diferentes del futuro internacional. Washington reivindica una soberanía nacional vinculada a la defensa de sus intereses; Moscú presenta la multipolaridad como vía hacia una distribución diferente del poder; Nicaragua reclama soberanía, autodeterminación y una reforma económica y financiera internacional; Cuba insiste en las consecuencias de las medidas coercitivas y en su derecho al desarrollo; China defiende la centralidad de la Carta de Naciones Unidas y la solución de las controversias mediante el diálogo; mientras India, Brasil y numerosos Estados africanos reclaman mayor representación, autonomía estratégica y capacidad de decisión. Son posiciones distintas, con intereses y proyectos propios, y precisamente por ello la Asamblea permite observar la transformación del sistema mundial.

El problema histórico consiste ahora en saber qué emergerá de esa transformación. Una mayor pluralidad de centros de poder puede abrir espacios para países que durante décadas tuvieron un margen limitado de decisión, pero también puede intensificar la competencia entre grandes potencias si no se acompaña de instituciones capaces de establecer reglas comunes. La alternativa no se reduce a elegir entre una hegemonía y otra. En última instancia, la disputa internacional continúa teniendo una dimensión material: quién controla los recursos, el crédito, la tecnología, la energía, las cadenas de producción, la información y la fuerza militar; quién determina las reglas que regulan esos recursos; y qué capacidad conservan los pueblos y los Estados para decidir sobre su propio desarrollo.

La ONU nació en 1945 con la promesa de impedir que las grandes potencias volvieran a arrastrar al mundo a una catástrofe semejante a la que acababa de terminar. Ocho décadas después, aquella promesa sigue siendo necesaria, pero las relaciones de poder sobre las que se construyó la organización ya no son las mismas. La 81.ª Asamblea ha mostrado esa tensión: un sistema internacional que necesita cooperación para afrontar problemas que ningún Estado puede resolver por sí solo y, simultáneamente, unas relaciones de poder que dificultan establecer reglas aceptadas y aplicadas de manera uniforme.

La pregunta que queda abierta no es solamente si Naciones Unidas será capaz de reformarse, sino quién tendrá capacidad para definir esa reforma, qué intereses terminarán orientándola y para quién se organizará el nuevo orden internacional que está tomando forma.