Ajedrez por los Derechos de los Animales

Finalmente la Ley de Bienestar Animal va a aprobarse descafeinada para descontento de todos, cazadores y animalistas. El marco elaborado por la Dirección General de Derechos de los Animales, consideraba a todos los perros bajo el mismo paraguas, siendo este el punto del conflicto con el grupo mayoritario dentro del Gobierno.

El movimiento #MismosPerrosMismaLey exigía que los perros utilizados para la actividad cinegética estuvieran amparados como todos los animales domésticos, sin embargo el PSOE, en un intento de contentar a la minoría cazadora del mundo rural antes de las elecciones autonómicas del próximo mayo, presentó una enmienda que excluiría de facto a estos perros, considerándolos como animales de producción. Unidas Podemos defendió la totalidad del borrador frente a la modificación que planteaba el grupo socialista. Los plazos de tramitación avanzaban sin solución con la organización civil movilizada en todas las capitales de España contra la enmienda. In extremis, UP ha propuesto una alternativa para desbloquear la situación, forzando al PSOE a admitirla.

Esta alternativa toma la forma de la Ley castellano-manchega de Emiliano García-Page, presidente de nuestra región, en la que excluye la aplicación de varios artículos durante el periodo de la caza como los referidos a no tener a los perros sin supervisión y que no tengan sanción administrativa en caso de accidente durante la realización de la actividad, pero sí vigente en lo relativo a cría, tenencia, núcleos zoológicos, licencias, transporte e identificación, siendo estos los verdaderos motivos de oposición de los cazadores. Una normativa autonómica redactada mano a mano con los cazadores, sin participación de organizaciones de protección animal en su elaboración.

El 80% de animales abandonados cada año en Castilla – La Mancha proceden de la caza, pese a que disparar a un perro sea un delito penal y seguirá siéndolo, los sacrificios ilegales y ajusticiamiento de perros desechados por los cazadores son innumerables en nuestra comunidad autónoma.

Aplicar esta Ley autonómica sin dotar de mayor financiación y preparación a los cuerpos de Seguridad del Estado
para su cumplimiento y sin partidas presupuestarias para que las protectoras puedan paliar sus consecuencias, son dos puntos a debatir y por esclarecer. Las protectoras y rescatistas anónimos están en situación límite de recursos y llevan décadas denunciando la impunidad crónica de que gozan los cazadores.

Inicialmente, esta Ley de Protección Animal estatal ya deja fuera al mayor exponente de maltrato animal en España: la tauromaquia, al ser competencia del Ministerio de Cultura (tras la ILP de 2013), y de este modo, blindada como patrimonio cultural por la Constitución. Otras normativas autonómicas son más avanzadas en el trato de los perros de caza o el tratamiento de los equinos. Sin embargo, esta propuesta de Ley, recoge el sacrificio 0 de animales sanos, la derogación de la ley de PPP, la imposibilidad de usar animales en circos, la protección estatal de colonias felinas… y otras medidas imprescindibles para tener un punto de partida.

La conclusión de la Ley es imperfecta y mal comunicada por parte de sus redactores, hay mucho que avanzar en materia animalista, pero volver al inicio a estas alturas, es dejar en el aire esta Ley de mínimos por otros 5 años. Rechazamos de pleno que el PSOE haya logrado sacar adelante su exigencia y que UP haya concedido esta modificación. Entendemos que en política institucional se negocia como si de cromos se tratase y este deriva tiene que ver con el bloqueo de otras leyes todavía en debate, siendo el grupo mayoritario quién ejerce poder favoreciendo sus intereses.

Es erróneo querer contentar a una minoría que no supone un electorado potencial, que su afanoso hobby consiste en ir al monte a pegar tiros, pretendiendo ser más asumibles para ellos a corto plazo. El escenario es el siguiente: si se retira la ley, los perros de caza quedan totalmente desprotegidos. Si sale adelante la enmienda del PSOE, quedan totalmente desprotegidos como están a día de hoy. Con la nueva propuesta, su protección queda amparada cuando no están cazando. Podremos mejorar una Ley existente, o partir de cero tras las elecciones.

Nuestro deber es volver a la base del activismo de calle manteniendo la estructura organizativa construida en los últimos años; apuntalar nuestras plataformas e incitar nuevas donde no las hay; convocar movilizaciones masivas prepandemia y aunar sensibilidades. Sólo así ponemos nuestras demandas en el foco del debate y rompemos con los marcos discursivos que difunde el poder mediático para enfrentarnos y debilitarnos. Organizaciones fuertes que influyan en las negociaciones políticas y contrarrestar la presión ejercida por el lobby de la caza.

Albino Hernández es coordinador de Castilla – La Mancha Antitaurina.