El coste del cambio climático
Los países latinoamericanos no terminan de apostar por una verdadera transformación energética.
El acuerdo de París, firmado en 2015, es hasta ahora el más ambicioso desarrollado entre las naciones para combatir el cambio climático. Dicho acuerdo busca mantener el nivel de temperatura mundial por debajo de los 2°c respecto a los niveles preindustriales, y continuar fijando metas para limitar este aumento a 1.5°c.
El presente artículo señala que las acciones emprendidas por los gobiernos resultan insuficientes para retardar el progresivo cambio climático. América Latina, será una de las zonas geográficas más afectadas económica y socialmente por este hecho. Pese a ello, la agenda climática latinoamericana, no se apega a los estándares internacionales que buscan mitigar esta situación
Las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir las metas de mitigación que los países se fijan, son insuficientes para alcanzar los objetivos planteados. De acuerdo con la Declaración de la Organización Mundial de Meteorología sobre el estado del clima mundial en 2020, hay una aceleración en los indicadores del cambio climático, como la subida del nivel del mar, el derretimiento de los polos, y fenómenos meteorológicos extremos como huracanes o sequías prolongadas que amenazan gravemente el desarrollo socioeconómico de la población mundial.
Según datos de la revista Environmental Research Letters, el PIB mundial podría reducirse hasta un 37% para el año 2100, por efectos del cambio climático. Durante la primera mitad del 2021 estos fenómenos climatológicos les han costado a las aseguradoras globales más de 40 m.m.d. y se espera que para 2030 se duplique el número de personas afectadas por desastres naturales.
El atlas generado por la OMM que analiza las pérdidas humanas y económicas derivadas del cambio climático dice que, entre 1970 y 2019, el 74% de los daños económicos y el 45% de las muertes que se registraron, fueron provocados por fenómenos climáticos extremos, principalmente sequías y tormentas. Cabe recalcar que el 91% de las muertes derivadas de estos fenómenos ocurrieron en países en vías de desarrollo.
Acorde con Naciones Unidas, América Latina se verá sumamente afectada por elementos relacionados con el cambio climático como olas de calor, persistencia de los incendios forestales, perdidas de cultivos, entre otros. De hecho 2020 fue el tercer año más cálido de Centro América y el Caribe, y el segundo más cálido para América del Sur.
En esta Línea, la secretaria ejecutiva de la CEPAL expresó durante una conferencia que las calificadoras internacionales consideran la vulnerabilidad climática como un criterio para rebajar la calificación, lo cual resulta problemático ya que esto “aumentaría el costo de la deuda pública y el pago de intereses para los países en vías de desarrollo”. Así mismo tendrá un impacto sobre el costo del crédito internacional privado y las tasas de interés internas.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Qué tan comprometidos están los países latinoamericanos con la reducción de GEI y qué tan ambiciosas son sus metas y políticas para reducir la vulnerabilidad de la región frente al cambio climático?
La respuesta es clara, pero no alentadora. En la región las medidas de recuperación post COVID-19 y los estímulos económicos no están en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030 o el acuerdo de París. Entre 2016 y 2019 el presupuesto promedio destinado a la protección ambiental por los gobiernos nacionales era del 0.4%, en 2020 dicho presupuesto se redujo a solo 0.2%.
Los países latinoamericanos no terminan de apostar por una verdadera transformación energética. El gas natural y el petróleo representan el 65% de la producción energética en la región, estos insumos son principalmente empleados en la producción de gasolinas y otros combustibles. Argentina, Bolivia y México son los países que más emplean combustibles fósiles como fuente de energía eléctrica. En México la reforma energética implementada por el gobierno busca incentivar la inversión en hidrocarburos.
Finalmente, los sistemas de alerta y monitoreo de riesgos especialmente en Centroamérica y América del Sur resultan ineficientes, al igual que los planes económicos de asistencia. En los últimos años Cuba, Haití y México han sido los más afectados por tormentas tropicales, pese a ello, en México se ha optado por erradicar el Fondo de Desastres Naturales.
El coste de adoptar medidas de mitigación es mucho menor al que los países, en especial los latinoamericanos, se deberán enfrentar si no establecen pronto políticas más ambiciosas dirigidas a cumplir los objetivos establecidos por el acuerdo de París. Las catástrofes ambientales aumentarán año con año y la región que ya ha sido duramente golpeada por el COVID-19, no cuenta con los elementos para hacer frente a ello.
Ante el panorama climático actual, los países en desarrollo deberían replantearse que tanto están haciendo para luchar contra el cambio climático, ya que, si bien no son las naciones que mas contaminan a nivel mundial, si serán las mas afectadas por ello.
Publicado en: http://www.obela.org/analisis/el-coste-del-cambio-climatico
The cost of climate change
How committed are Latin American countries to GHG reduction, and how ambitious are their goals and policies to reduce the region’s vulnerability to climate change? The answer is clear but not encouraging.
The Paris agreement, signed in 2015, is the most ambitious agreement developed among nations to combat climate change. It aims to keep the global temperature level below 2°C above pre-industrial levels and to set targets to limit this increase to 1.5°C.
This article points out that the actions taken by governments are insufficient to slow down progressive climate change. Latin America will be one of the geographical areas most affected economically and socially by this fact. The Latin American climate agenda does not adhere to international standards that seek to mitigate this situation, however.
The nationally determined contributions, i.e. the mitigation goals that countries set themselves, are insufficient to achieve the objectives. According to the 2020 World Meteorological Organisation’s Statement on the State of the World Climate, there is an acceleration in climate change indicators. For example, sea-level rise, melting of the poles, and extreme weather events such as hurricanes or prolonged droughts, seriously threaten the socio-economic development of the world’s population.
According to the journal Environmental Research Letters, global GDP could shrink by up to 37% by the year 2100 due to climate change. During the first half of 2021, these weather events have cost global insurers more than 40 billion dollars, and the number of people affected by natural disasters expects to double by 2030.
The WMO-generated atlas analysing human and economic losses from climate change says that between 1970 and 2019, 74% of economic damage and 45% of deaths were caused by extreme weather events, mainly droughts and storms. Notably, 91% of deaths from these events occurred in developing countries.
According to the United Nations, Latin America will be highly affected by elements related to climate change such as heatwaves, persistent forest fires, crop losses, among others. The third-warmest year in Central America and the Caribbean, and the second warmest for South America was 2020.
In this line, the executive secretary of ECLAC expressed during a conference that international rating agencies consider climate vulnerability as a criterion for downgrading the rating, which is problematic because this «would increase the cost of public debt and interest payments for developing countries». It will also have an impact on the cost of private international credit and domestic interest rates.
It begs the question: How committed are Latin American countries to GHG reduction, and how ambitious are their goals and policies to reduce the region’s vulnerability to climate change? The answer is clear but not encouraging. In the region, post-COVID-19, recovery measures and economic stimuli are not in line with the 2030 Agenda or the Paris agreement goals. Between 2016 and 2019, the average budget allocated to environmental protection by national governments was 0.4%. In 2020, this budget fell to only 0.2%.
Latin American countries have not yet committed to a fundamental energy transformation. Natural gas and oil account for 65% of energy production in the region; these are inputs used to produce gasoline and other fuels. Argentina, Bolivia and Mexico are the countries that use the most fossil fuels as a source of electricity. In Mexico, the energy reform implemented by the government seeks to encourage investment in hydrocarbons.
Finally, risk warning and monitoring systems, especially in Central and South America, are inefficient, as are economic assistance plans. In recent years, Cuba, Haiti and Mexico have been the worst affected by tropical storms, yet Mexico chose to eradicate the Natural Disaster Fund.
The cost of adopting mitigation measures is much lower than what countries, especially in Latin America, will face if they do not soon establish more ambitious policies aimed at meeting the targets set by the Paris agreement. Environmental catastrophes will increase yearly, and the region, which has already been hit hard by COVID-19, does not have the elements to cope. Latin America is currently not seeking to mitigate the climate change effects.
Num.27, Year 2021, September 15th
– Joselin García Hernández Faculty of Social Sciences of the Benemérita
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