Áñez & Cía emiten instrumentos legales para la persecución política y la represión

Este 15 de noviembre la autoproclamada Jeanine Áñez firmó un decreto con el que autoriza a los militares a usar «todos sus medios disponibles» para controlar las manifestaciones.

• El artículo tres del decreto supremo número 4.078 establece: «El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal».
• El artículo siguiente señala que los militares «deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos».

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la emisión de este «grave decreto» que exime de «responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno».

El documento, dice la CIDH, «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta». Además, en su pronunciamiento, la CIDH condenó cualquier acto administrativo del Gobierno «que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional». Particularmente, el organismo se refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas sociales.

«Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos», escribió la Comisión en Twitter.

La denuncia llega un día después de que la organización multilateral condenara el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones que transcurren en Cochabamba.

El depuesto presidente Evo Morales también se pronunció al respecto y denunció que el decreto es «una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo».

Al mismo tiempo, el gobierno de facto de Bolivia anunció la creación de un «aparato especial» que estará a cargo de detener a aquellos legisladores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, que cometan presuntamente actos subversivos y sedición, aseguró el ministro interino del Gobierno, Arturo Murillo.

Murillo explicó que pronto comenzará a detener a las personas indicadas. «A partir del lunes (18 de noviembre) voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales», destacó.

Evo Morales también se manifestó en contra de tal medida, que aumenta el grado de persecución política del golpismo alrededor de Áñez contra los seguidores del MAS.

Ya la semana pasada, cuando asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno, Murillo afirmó que el nuevo gobierno iría «a la cacería» de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la gestión del MAS, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, exiliado en México.