Ramaris Vásquez •  Opinión • 15/10/2020

Venezolan@s: ¿Los rehenes de “la situación”?

Las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (U.E); la “Guerra no Convencional”; las presiones del llamado “Grupo de Lima”, y la propaganda, exacerban diariamente el asedio contra Venezuela, convirtiendo al pueblo venezolano en víctima de la amenaza intervencionista, mientras soporta el impacto de todos estos factores sobre su derecho a alimentarse, en medio de la pandemia por COVID-19.
El fallecido Idriss Jazairy, relator especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas unilaterales coercitivas, advirtió en 2019, respecto a la situación en Venezuela que “las preocupaciones reales y las diferencias políticas entre gobiernos nunca deben resolverse induciendo desastres económicos y humanitarios, convirtiendo a la población en rehén de la situación”, puesto que esto puede causar hambre. (1).
Sin embargo, los derechos humanos de los venezolan@s se han convertido en sustancia para las relaciones internacionales y la política, mientras, tal como lo señalara Hilal Elver, relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación: “la continua imposición de sanciones económicas paralizantes a Siria, Venezuela, Irán, Cuba y en menor medida Zimbabwe, por nombrar los casos más destacados, socava gravemente el derecho fundamental de los ciudadanos comunes a una alimentación suficiente y adecuada”. (2)
Como si fuera poco, tras la llegada de la pandemia por COVID 19, Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Julio Berdegué, director regional de la Agencia de la ONU para la Alimentación, advirtieron en julio de este año que “con esta crisis que será la más grande en la historia de la región, sin duda va a haber un aumento de la pobreza extrema y el hambre”, por lo que proponían un “Bono contra el Hambre” y un ingreso mínimo de emergencia en la región. (3)
No obstante, la urgencia que comporta la hiperinflación como factor que afecta los ingresos de la clase trabajadora venezolana debido a la “guerra económica” que vive Venezuela, y su derecho humano a alimentarse, no han sido temas de los informes y denuncias que el Consejo de DD.HH de la ONU ha recibido sobre el país suramericano por estos días.
En 2012 y 2014 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) reconoció los logros en alimentación obtenidos bajo el modelo socialista en Venezuela: “(…) por erradicar el hambre y combatir la subnutrición, considerando el período 1990 y hasta antes de 2014 según lo establecido por la Cumbre Mundial de Alimentación en 1996”. (4)
Sin embargo, la situación alimentaria en Venezuela cambió. EE.UU. decretó en 2015 que el país bolivariano es “una amenaza inusual y extraordinaria”, mediante la “orden” Ejecutiva 13692; luego acentuó un brutal ataque contra Venezuela, con medidas coercitivas y unilaterales que bloquean sus medios de producción.
En 2018 el experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, en su informe sobre su misión a Venezuela, tras la resolución 36/4 del Consejo de DD.HH, constató la guerra no convencional, tras concluir que las variaciones del tipo de cambio paralelo en el país y sus niveles “obedecen a otros factores no económicos sino más bien políticos enmarcándose esta manipulación en la guerra económica contra el pueblo venezolano”. (De Zayas, 2018, Pág.13). (5).
El Informe de Crisis Group sobre América Latina N°79, de marzo pasado, constata que “las sanciones son una herramienta poco precisa (…)”. “Es difícil evaluar su impacto preciso sobre los venezolanos del común, pero al reducir los ingresos por exportaciones del país y, por lo tanto, la capacidad de importación, han contribuido a la creciente hiperinflación y al empobrecimiento de la población”. (Crisis Group, 2020, Pág. 23). (6)
Cinco años más tarde del reconocimiento de la FAO a Venezuela, la ONU publica en su web (news.un.org, 2020, s/p) una encuesta nacional realizada en el país bolivariano por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), basada en 8.375 cuestionarios, publicada en febrero de este año, donde comprueba que “(…) un 74% de las familias han tenido que adoptar estrategias de sobrevivencia” para tener comida. Un 60% han tenido que recortar las porciones que comen, un 33% ha aceptado trabajar a cambio de alimentos y un 20% ha tenido que vender bienes para poder comer (…)”. (7)
Asimismo, la encuesta del PMA confirma que sí hay comida en el país suramericano: “(…) El problema no es tanto la disponibilidad de alimentos, sino la dificultad de obtenerlos. Siete de cada diez personas dijeron que siempre hay comida disponible, pero que es difícil comprarla debido al alto precio comparado con sus ingresos”. (7)
De cara a paliar el impacto de la crisis socioeconómica en la población, el Estado venezolano mantiene una ayuda monetaria y de alimentos, tal como establecen las multilaterales, pero la realidad hiperinflacionaria se engulle el derecho humano a la alimentación. Todos estos factores confirman la teoría de Jazairy: Hoy, la clase trabajadora venezolana constituye el “rehén de la situación”.

(1) https://news.un.org/es/story/2019/05/1455471
(2) http://www.oacnudh.org/covid-19-se-deben-levantar-las-sanciones-economicas-para-prevenir-las-crisis-de-hambre-experta-de-la-onu/
(3) https://news.un.org/es/story/2020/06/1476072
(4) https://news.un.org/es/story/2020/09/1480562
(5) https://goo.gl/FQNzHC
(6) https://reliefweb.int/report/venezuelabolivarianrepublic/imaginandouna-resoluci-n-la-crisis-venezolanainforme-sobre-am
(7) https://news.un.org/es/story/2020/02/1470101

*Ramaris Vásquez, periodista venezolana. Con estudios de Especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta (UNA) (Venezuela).


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