José Haro Hernández •  Opinión • 12/06/2020

López Miras y el sentido de la historia

Tengo una concepción optimista de la historia. Estoy convencido de que el paso del tiempo arrastra, en términos generales, mayor progreso y libertad. El devenir de la humanidad estaría atravesado por ondas largas que conectan etapas de creciente luminosidad, aunque en el interior de aquéllas coexisten ondas cortas en las que se alternan períodos de avance con otros de retroceso abrupto, si bien estos últimos finalmente quedan subsumidos en la perspectiva global positiva.

Dentro de esta lógica, en estos tiempos se habla de que la crisis sanitaria y subsiguiente  económica brindan una oportunidad para mejorar la economía y la sociedad, en un sentido explícito: reorientar el modelo productivo hacía la transición energética y digital para hacerlo sostenible y limpio, reforzar el sector público, particularmente el sanitario y científico, y garantizar un ingreso mínimo vital a los más vulnerables. Diríase que estas ideas son ampliamente transversales. En Europa y América las comparten sectores de diversa adscripción política e ideológica. En casi todas partes, excepto en la Región de Murcia y en aquellos otros territorios en los que manda una derecha española crecientemente adscrita a las posiciones más ultras y desmadradas.

Así, en plena pandemia, el ejecutivo de López Miras ha adoptado una serie de medidas en los más diversos ámbitos que contravienen la dinámica arriba descrita. Vía decretos-ley, ha procedido a dar una vuelta completa a la legislación medioambiental, cuya modificación más relevante es aquélla que eleva hasta un límite del 30% el incremento de emisiones y recursos exento de nueva evaluación de impacto ambiental, cuando anteriormente se situaba en el 15%. Es decir, las empresas podrán contaminar más. Obsérvese que la UE ha establecido, en su Marco sobre Clima y Energía para 2030, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 40%. Es probable que una patronal murciana escasamente comprometida con la sostenibilidad de los procesos productivos haya tenido mucho que ver con esta decisión de San Esteban.

En lo urbanístico, se ha modificado la Ley del Suelo suprimiendo los controles administrativos en la ordenación del territorio y estimulando la irrupción de fondos buitre en las iniciativas promotoras. Los cambios de uso sobre el patrimonio cultural se zanjan con una mera declaración responsable del promotor. Se fomenta, pues, una nueva burbuja inmobiliaria y la cultura del pelotazo. No han aprendido absolutamente nada de la crisis de 2008, de la tragedia que sobrevino a la expansión incontrolada de la construcción sin límite. Tal es el afán por el inmediato beneficio privado.

También camina contracorriente el gobierno murciano en las cuestiones sociales. Mientras que el ejecutivo central acaba de sacar adelante la renta mínima de inserción, López Miras recortó recientemente, en un 19%, la partida destinada a la versión autonómica de esta ayuda de cara a los presupuestos 2020. Mientras que desde Madrid las ayudas al alquiler se cifran en un máximo de 900 euros al mes, la derecha regional las limita a un tope de 500 euros, no aportando fondos adicionales propios. Nuestra Comunidad Autónoma se opone a la reducción de las matrículas universitarias propuesta por el Ministerio de Universidades y mantiene el copago para las personas dependientes. La faena se remata reduciendo en 57 millones la inversión sanitaria, en momentos de angustia por la falta de equipos de protección y mascarillas.

Todo lo anterior en perfecta coherencia con el proceso de convertir a la Región de Murcia en una suerte de miniparaíso fiscal, a imagen y semejanza de Madrid. Concretamente, los ingresos autonómicos, por las sucesivas rebajas y bonificaciones fiscales, se han reducido en más de 200 millones de euros. Lo que nuestro presidente autonómico hace compatible, sin ruborizarse, con pedirle a Sánchez 182 millones para materializar el Pacto Regional por la Reactivación que ha firmado con los agentes sociales.

En definitiva, mientras que la reconstrucción que se aborda en España y Europa pasa por la sostenibilidad y lo público, aquí se apuesta por la depredación productiva y la desvertebración social.

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