Puño en Alto •  Opinión •  06/01/2022

Reforma laboral

La eficacia social de la Reforma Laboral pactada entre el gobierno, patronal y sindicatos contra la precariedad laboral, la temporalidad, etc., con el tiempo lo veremos, si bien es cierto que, como todos los analistas coinciden, es la primera reforma laboral desde 1980 que modifica varios aspectos que favorecen claramente a la clase trabajadora 

Los derechos de los trabajadores con contrato temporal, con convenio sectorial, con convenio de empresa, subcontratados, aquellos trabajadores susceptibles de ser despedidos por causas económicas, organizativas, etc., masa fundamental de la precariedad laboral existente, se verán beneficiados y más protegidos por la reforma laboral abanderada por Yolanda Díaz.

La derogación completa de la Reforma Laboral del PP, que algunos pretendían, hubiese originado dejar la legislación laboral como estaba en 2011, es decir, con un despido más caro, aunque no más difícil, pero sin las nuevas limitaciones a la contratación temporal, sin las nuevas sanciones acumulables, sin salarios de actividad para los subcontratados, sin los ERTEs que hacen menos interesantes los despidos. Con esta reforma laboral se consigue disminuir las posibilidades de los despidos, sin tener que subir la indemnización por despido, lo cual es lo verdaderamente novedoso de lo conseguido y especialmente a valorar. 

La eficacia política del acuerdo ya se ha puesto de manifiesto, al ser criticada por la derecha rancia, la derecha acomplejada y esa otra que se autodenomina liberal que, sin saber que significa ello, resulta más de lo mismo.

Esas tres derechas ya se han echado al monte y anuncian que votarán en contra de la validación del decreto ley que aprobado por el gobierno en el pasado consejo de ministros. Una vez más y ya son muchas, Casado, Abascal y Arrimadas anteponen sus intereses partidistas y electorales al interés general, en este caso, a la mejora sustancial de una legislación laboral que solo ha originado precariedad e indefensión a los trabajadores.

La brecha entre la derecha económica y la derecha política se ensancha por momento. Casado, pretendiendo desautorizar al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anuncia llevar el decreto de la Reforma Laboral al Tribunal Constitucional, sosteniendo que  la involución aceptada por CEOE es «todo lo contrario de lo que le hace falta al país». Mientras que desde la patronal le contestan diciendo que si en el trámite parlamentario de validación del decreto ley PNV, Bildu y ERC consiguen modificar algo del acuerdo en referencia a la territorialidad de los convenios sería responsabilidad de los que no voten a favor del decreto y que el diálogo crea paz social. Estas divergencias son de un profundo calado político que tampoco se deben dejar de valorar. En esta ocasión a la derecha no le ha parecido el acuerdo fruto de un aquelarre Comunista.

Así la cosas, tras esta reforma, sus promotores asociarán cada bajada del paro a la misma. Y sus críticos mirarán los datos de la EPA para hacer lo contrario: señalar cada cifra negativa como si fuera culpa directa del Gobierno. Pero España lleva años en la cola de los datos de empleo de Europa, en tasa de paro y en precariedad laboral y de esto último es consecuencia fundamentalmente de las reformas laborales del PSOE y PP. Rodríguez Zapatero abrió la puerta al despido barato y Rajoy abarató el despido dando más poder a las empresas.

Los trabajadores deben ser conscientes de cuál es el hecho diferenciador que va a propiciar este cambio de paradigma en la relación trabajador-empresario y recordarlo para cuando sea pertinente. Si se potencia ese mismo hecho dándole más representatividad, en tiempo futuro se podría conseguir una legislación laboral mucho más justa y acorde con la realidad.


Opinión /