La izquierda, en la encrucijada

Hace unas semanas sorprendió que, mientras que UP llegaba a un acuerdo con el PSOE para los Presupuestos, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, llamara a movilizarse a la población contra el bloqueo a la Ley de Vivienda, del que responsabilizan a Sánchez.

Este hecho es una más de las manifestaciones que ponen de manifiesto las contradicciones en que se desenvuelve el gobierno de coalición, y que en mi opinión derivan del solapamiento que se produce entre el agotamiento de su agenda reformista y el acoso que sufre por parte de la derecha. Dicho de otro modo: Yolanda Díaz y Belarra se encuentran crecientemente incómodas ante una gestión gubernamental muy tibia en lo que hace a la implementación de cambios reales pero que, sin embargo, es percibida como la única vía progresista factible ante los exabruptos extremistas de los reaccionarios.

La solución por la que ha optado la izquierda transformadora es la de sostener al gobierno frente a la amenaza de las derechas, pero sin desaprovechar la ocasión para marcar distancias en asuntos sensibles, como es el citado de la vivienda o la ley mordaza. El problema de esta estrategia surge cuando se produce un gran deterioro de la situación, con efectos negativos para gran parte de la población, mientras que las medidas que emanan del Consejo de Ministros  aparecen como meros parches cuyos beneficiarios serían tan sólo una parte de los sectores más vulnerables, de modo que lo que prevalece es una percepción social negativa de esa gestión.

Traslademos esta reflexión a una cuestión concreta: la relación entre precios y salarios. Así, mientras en Francia la izquierda moviliza a cientos de miles de personas con una inflación del 6,2% y un incremento salarial del 4%, en España no termina de animarse a una movilización contundente cuando la inflación es del 10% y los salarios han crecido no más del 2,5%(lo mismo que van subir los de los empleados públicos en 2023) en un contexto de subidas especulativas de precios, sobre todo en alimentación, y de márgenes de beneficios de las grandes empresas muy superiores a los europeos. Y no lo hacen porque en el fondo temen que tomar la calle pudiera interpretarse como un factor de desestabilización del ‘gobierno más progresista de la historia’. Ante este dilema, la izquierda parece optar por un comportamiento dual(apoyo y diferenciación a la vez) que, en última instancia, no satisface a nadie: el PSOE hace comentarios entre la ironía y la diplomacia respecto de los desmarques de su socio, mientras que los sectores populares acrecientan su malestar contra quien manda, sin discernir demasiado entre los distintos componentes de ese poder, que se convierte en diana de la ira de una ciudadanía con dificultades crecientes para hacer la compra y pagar la hipoteca.

Se trata, en mi opinión, de poner en un lado de la balanza la entidad de las reformas implementadas hasta la fecha; y, en el otro, las consecuencias sobre la vida de la gente de una situación que, en última instancia, es responsabilidad de quien gobierna en el Estado. Todo ello a partir de la consideración de que para la izquierda la pertenencia al ejecutivo es un medio, no un fin en sí mismo. De manera que cuando esa presencia no se vincula a transformaciones profundas, generalizadas en su extensión social y perdurables, pierde su sentido, convirtiéndose en un obstáculo para que cuaje una alternativa que sirva como referencia a amplios sectores del electorado progresista.

Ahora mismo, se están elaborando las cuentas del Estado. Y el Banco de España, que suele quejarse siempre, desde su perspectiva neoliberal, de que se gasta demasiado, en esta ocasión advierte de que los presupuestos 2023 son ‘ligeramente restrictivos’ por cuanto ‘reducen el déficit estructural’. Traducción: se prioriza el ajuste presupuestario sobre la pertinencia de un gasto expansivo para hacer frente, sobre todo, a la inflación empobrecedora. Lo contrario de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Alemania, donde se va a destinar el 5% del PIB(200.000 millones) a ayudar a familias y empresas a sortear los precios disparados. O en Francia, donde a cargo del presupuesto público se topan las facturas de electricidad y gas. Y es que Las reglas fiscales de la UE siguen suspendidas, lo que significa vía libre para que los Estados, como ocurrió durante la pandemia, gasten lo que precisen para amortiguar los efectos de esta crisis que amenaza recesión.

Y es verdad que se destina un volumen de dinero importante para atender a quienes peor están, pero el paraguas hay que extenderlo a las amplias mayorías. Y para eso el Estado español necesita los recursos que no tiene porque no ha acometido la comprometida reforma fiscal, limitándose a captar unos 3.000 millones de subidas impositivas parciales y temporales a las rentas altas. Por no hablar del incremento espectacular del gasto militar que, en términos reales, al contar el conjunto de partidas que lo construyen, llega hasta el 2,17% del PIB, de modo que de cada 10 euros que se invertirán el año que viene, 3 serán para armamento. Sobre la ya mencionada ley de vivienda, todo empuja a pensar que el PSOE no quiere incomodar a los grandes grupos inversores con negocios en este ámbito. Por su parte, el Sistema Nacional de Salud y las Residencias de mayores avanzan en su deterioro. Y en el Mar Menor, el socialismo murciano y europeo consuman su connivencia con la agroindustria depredadora.

En fin, creo que llega el momento de que la izquierda española se plantee dónde le toca estar en estos difíciles momentos que se avecinan para las clases trabajadoras.

joseharohernandez@gmail.com