Barreda “estudia” represalias contra los sindicatos que han denunciado prácticas “inconfesables” en la Administración de Castilla-La Mancha

La gravedad de los hechos denunciados unánimemente por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración de Castilla-La Mancha ―algunos de lo cuales podrían ser constitutivos de delito como por ejemplo la recepción de regalos, de origen y destino desconocido― ha provocado la inmediata reacción de José María Barreda.

Según una nota de prensa difundida por el Gobierno Regional, como lo dicho por las organizaciones sindicales sólo «intenta confundir a la opinión pública» el Gobierno de Barreda, no para defender su precaria posición, sino, faltaría más, «a los trabajadores y trabajadoras públicos ―aquí debería decir “públicos y públicas, pienso yo― de la Administración Regional» va a ordenar inmediatamente «a los servicios jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia que estudien si las falsedades sobre la profesionalidad del personal de la Junta de Comunidades difundidas durante los últimos días pueden ser causa de acciones legales».

Eso lo dice un Gobierno presidido por un hombre que, por ejemplo, tiene como asesor personal a Agustín Jiménez, el alcalde de Noblejas, condenado por golpear a una de sus propias concejalas; lo dice un Gobierno presidido por quien se pasea públicamente con Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque (en la foto) condenado por agredir a un anciano de 82 años y sobre el que pesa la imputación de más de una veintena de delitos relacionados con la corrupción; lo dice un Gobierno presidido por quien amparó a Hernández Moltó mientras CCM financiaba con más de 200 millones de € a los principales cabecillas de la trama delictiva de Marbella; lo dice un Gobierno que tiene por presidente a quien se carteaba y recibía con abrazos al Pocero al tiempo que un investigado por su posible pertenencia a la mafia calabresa e imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo, pagaba más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña y militante de su partido; lo dice un Gobierno presidido por quien es amigo personal de un personaje como Domingo Díaz de Mera, imputado por graves delitos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y cuya situación judicial despertó la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel; etc. etc. etc.

No me parece a mi que Barreda y su Gobierno estén en situación de prodigarse en bravatas.

Respuesta del CSI-F a la nota del Gobierno de Barreda

Ana Guarinos pide a Barreda que ponga coto a la corrupción.