La Ley del Suelo de Madrid se presenta como agilización, pero oculta especulación, recorte de garantías y un urbanismo a dos velocidades

Madrid 23 de julio de 2026.  Para la coordinadora ciudadana Madrid contra la LIDER, de la que forma parte la Plataforma Ecologista Madrileña, el proyecto de nueva legislación del suelo de Madrid se presenta arropado de una retórica que fundamentalmente glosa la rapidez o agilización de que va a gozar el urbanismo en la Comunidad de Madrid a partir de esta ley.

Sin embargo, lo que no dicen los anuncios triunfalistas del gobierno regional es que el proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se ha elaborado sin contar con un diagnóstico objetivo de la situación y los retos a los que se enfrenta la región en materia de suelo y urbanismo; ni se han presentado datos concretos sobre cuáles son los plazos actuales de tramitación del urbanismo y cuáles son en su caso los cuellos de botella en ese proceso. En otras palabras, el proyecto de ley surge sin el menor análisis de los efectos de la legislación actual sobre el territorio regional, después de 25 años de vigencia de la actual ley del suelo y de más de 30 de vigencia de la ley de ordenación del territorio.

Una ley para facilitar la especulación inmobiliaria

¿Cómo es posible abordar la elaboración de una nueva legislación sin el conocimiento de la situación del territorio y de las deficiencias de la legislación actual? Es posible cuando el objetivo de la nueva legislación tiene muy poco que ver con los problemas reales de la región y mucho con la obsesión de las autoridades regionales por facilitar la especulación inmobiliaria y la expansión del suelo urbanizado, al margen de las necesidades sociales y los límites ambientales.

El anuncio oficial de la aprobación del proyecto de ley ofrece, por otra parte, una variada información engañosa:

·         Se anuncian como un gran avance los Planes Estratégico Municipales (PEM), que sustituyen a los actuales Planes Generales, cuando realmente lo que suponen es la dejación de las obligaciones públicas a la hora de definir el modelo territorial y urbano de los municipios, que, ahora, recaerán en la iniciativa privada a través de Planes Ejecutivos. Y no se habla de que todo ello se acompaña en el proyecto de ley de unos mecanismos de participación ciudadana recortados, reducidos prácticamente a formalismos.

·         Se anuncia un sistema pionero que permitirá a los ayuntamientos remodelar barrios y espacios libres sin coste para el vecindario, algo que se puede hacer, y se debería hacer, sin ningún problema con la actual legislación.

·         La reducción del número de clases de suelo, por un lado, y por otro la supuesta facilitación de actividades rurales, también anunciadas, enmascara que el proyecto de ley abre una puerta trasera por la que se podrán colar todo tipo de actividades ‘excepcionales’ -pero toleradas- en los suelos rurales, tanto protegidos como no protegidos; además de que en el suelo rural no protegido (que representa aproximadamente un 22,5% del total del territorio regional, más que el ya urbanizado, que es el 18%), se podrán desarrollar actuaciones urbanísticas sin cortapisa legal alguna.

·         ¿Más protección del patrimonio histórico? También se menciona en el anuncio, cuando en realidad el proyecto de ley rebaja la categoría legal de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos municipales, facilitando así la descatalogación de bienes, por ejemplo.

·         Se hacen estimaciones en cuanto a la duración de la tramitación de los instrumentos urbanísticos que no están apoyados en ningún dato fiable ni conocido. Y en todo caso no se aclara que la posible reducción de plazos se dará a costa de las garantías legales, ambientales y sociales de dichos instrumentos; por ejemplo, mediante el silencio positivo ante la ausencia o retraso de los informes sectoriales preceptivos. Ni se explica que la tramitación será a partir de esta ley a dos ritmos: el de la administración pública, por un lado, y el de las entidades privadas colaboradoras (lucrativas, obviamente), que se supone tendrán mayor agilidad; dicho de otra forma: habrá urbanismo de primera, o de pago -el privado-, y de segunda -el público.

Los plazos de tramitación no son el verdadero problema

Y, por otro lado ¿son realmente los plazos de tramitación de los planes urbanísticos el principal problema que tiene la ciudadanía madrileña en materia de suelo y territorio?

Cómo pensar que, en una región atravesada por una crisis habitacional sin precedentes, por actuaciones especulativas (los pelotazos), por la privatización de las dotaciones y los espacios libres, la cesión de suelo público al mercado inmobiliario, por un proceso de expulsión de población de las áreas centrales y de expansión de la urbanización que obliga a crecientes desplazamientos diarios, sin hablar de emergencias universales como el cambio climático… el problema de los plazos de tramitación de los instrumentos urbanísticos sea la prioridad a abordar por una nueva legislación del suelo.

Ni reequilibrio territorial ni freno al encarecimiento de la vivienda

El proyecto de ley, ni aborda el reequilibrio territorial en la región, ni establece medida alguna para controlar y paliar el encarecimiento de la vivienda o para favorecer el incremento del parque público residencial, ni para frenar la especulación y la privatización de lo común, o para mitigar los efectos del cambio climático.

Control de los municipios desde el Gobierno regional

Finalmente, pero no menor, el anuncio no menciona tampoco que con esta ley el gobierno regional, al tiempo que sanciona la defunción de la ordenación territorial, obligación pública autonómica no ejercida hasta la fecha, introduce instrumentos de intervención sobre el territorio en ámbitos subregionales, directamente desde el gobierno regional y al servicio de las iniciativas privadas, al margen por completo de la normativa y la opinión de los municipios afectados. Obviamente, por ahí se pretenderá en un próximo futuro colar proyectos de graves impactos ambientales en el campo energético, de proceso de datos, macro granjas etc.

Oposición y movilización ciudadana

Este proyecto de ley constituye una grave irresponsabilidad del gobierno regional, sus efectos previsibles en nuestro territorio y nuestra sociedad serán muy profundos y negativos. Oponernos al proyecto de ley es una obligación urgente para toda la ciudadanía madrileña. Por ello, la Coordinadora Madrid contra la LIDER anuncia movilizaciones contra el Proyecto de Ley en el mes de septiembre.

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