Redacción •  Vivienda •  14/12/2022

Raquel Sánchez admite que aprobación de la Ley de Vivienda se pospondrá hasta principios de 2023

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, reconoció ayer que la aprobación de la Ley de Vivienda no llegará antes de finalice el año, tal y como esperaba el Gobierno, y ha confiado en que se le dé ‘luz verde’ definitiva en las Cortes Generales a principios de 2023.

Raquel Sánchez admite que aprobación de la Ley de Vivienda se pospondrá hasta principios de 2023

El Gobierno de coalición acelera la tramitación de textos como la ley trans, la de bienestar animal o la reforma del Código Penal para sacarlos adelante antes de que concluya 2022. No así con otras promesas atascadas como la derogación o reforma de la Ley Mordaza o la Ley de Vivienda, ambas bloqueadas por los desacuerdos del PSOE con su socio de Gobierno y partidos que apoyaron a Sánchez en la moción de censura contra Rajoy, y que ahora posibilitan una mayoría absoluta en el Congreso.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez señaló ayer que «es cierto que esperábamos tener aprobada esta ley antes de finalizar este año y puede que no sea así, pero confiamos en que sea a principios del año que viene», niega que la tramitación de esta ley esté bloqueada y defiende que desde que el Gobierno la remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria se ha estado trabajando «intensamente» con el resto de formaciones del arco parlamentario y se ha presentado más de 800 enmiendas.

«Hemos alcanzado muchísimos acuerdos y seguimos en esa senda de trabajo, confiando en que podamos alcanzar un acuerdo que reúna los máximos consensos posibles», ha reafirmado la ministra.

La norma fue aprobada por el Ejecutivo a principios de febrero, y se remitió de urgencia al Congreso, pero todavía está en la fase de enmiendas. A pesar de los intentos de Unidas Podemos y de ERC

de supeditar su apoyo a las cuentas públicas al impulso de la Ley, el PSOE dio carpetazo a esa posibilidad y dejó el proceso en manos de Las Cortes.

La Ley de Vivienda ha sido uno de los focos de enfrentamiento entre los socios de Gobierno en lo que va de legislatura con desacuerdos como el tope a los alquileres en zonas tensionadas con elevados precios.

El pasado mes de noviembre, organizaciones que integran la Plataforma Iniciativa Ley Vivienda presentaron alegaciones al anteproyecto de ley por el Derecho a la Vivienda del 26 de octubre argumentando que el texto aún no garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada.

La Plataforma describe pormenorizadamente las carencias del anteproyecto;

  • El anteproyecto sigue vulnerando el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y No reconoce como derecho subjetivo el Derecho a la Vivienda.
  • No prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, ni “en abierto”, ni obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio.
  • Establece el límite de “gran tenedor” en propietarios de 10 o más viviendas, lo que impedirá a la mayoría de inquilinos ver rebajadas sus rentas.
  • Libra a los propietarios que sean personas físicas, de las obligaciones de rebajar, aunque sean grandes tenedores.
  • El Gobierno renuncia a su obligación de establecer unos mínimos comunes al conjunto del Estado, trasladando al criterio de las CCAA tanto la declaración de zonas tensionadas, como la posibilidad de recargos en el IBI (carga insignificante y discriminatoria) donde además, tendrán que decidir los ayuntamientos. Ya las CCAA autónomas gobernadas por el PP: Galicia, Castilla León, Madrid, Andalucía y Murcia se han declarado insumisas a esta ley, con lo que alrededor de 20 de personas se verán privados de las escasas ventajas de esta ley, aumentando la discriminación en razón del territorio de residencia.
  • No establece ningún régimen sancionador específico para incumplimientos.
  • Renuncia a la utilización como Parque Público Temporal de los 3,4 millones de casas desocupadas (datos INE). Tampoco de la SAREB.
  • Renuncia igualmente a iniciar la recuperación de alrededor de 65.000 millones de euros públicos gastados en la recuperación de la banca en la crisis anterior, que podría dotar de un importante número de viviendas el inexistente parque actual.
  • No garantiza el acceso a los suministros básicos en situaciones vulnerabilidad
  • No adopta medidas de choque para combatir el sinhogarismo.

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