84 entidades y colectivos sociales de Sevilla denuncian la “extrema violencia” que están sufriendo las vecinas de los corralones de Castellar

Andalucía, 13 de julio de 2026. Los colectivos por el derecho a la vivienda de Sevilla y numerosas organizaciones sociales han hecho público un manifiesto en el que expresan su apoyo a las vecinas de los corralones de la calle Castellar, tras el nuevo episodio de extrema violencia que sufrieron el pasado martes 7 de julio por parte de la propiedad y de una empresa de desokupación. Según denuncian, los hechos que se produjeron la pasada semana son sumamente graven y constituyen un delito de allanamiento de vivienda, durante el que se expulsó de manera sumamente violenta a sus habitantes, produciéndose agresiones que requirieron atención hospitalaria. Los miembros de la empresa de desokupación llegaron a atacar en plena calle con gas pimienta a vecinas, viandantes e incluso a medios de comunicación. Todo ello, además, sucede en un contexto de meses de acoso, amenazas, sabotajes y cortes de suministros sin una respuesta institucional efectiva. 

Las 84 entidades y colectivos sociales de la ciudad de Sevilla que firman el manifiesto denuncian también “la impunidad con la que actúan estas empresas”, al servicio de la especulación inmobiliaria, y responsabilizan directamente a las instituciones por no haber intervenido para detener las reiteradas agresiones que padecen las vecinas desde hace meses. En este sentido, además, reclaman que se investigue la desaparición de los objetos personales que fueron sustraídos la pasada semana por la empresa de desokupación contratada por la propiedad.

El comunicado advierte que “detrás de estos hechos existe una operación especulativa millonaria que pretende expulsar a vecinas, talleres y espacios comunitarios para imponer un modelo de ciudad excluyente”. El interés de la propiedad no es otro que construir en el inmueble, ubicado en pleno centro de la capital hispalense, un hotel de cuatro estrellas, para lo que ha de expulsar a las vecinas que aún residen en el edificio y a los artesanos que realizan su actividad en los talleres existentes, amenazando incluso la viabilidad del colegio Calderón de la Barca.

Las organizaciones que firman el documento exigen tres medidas inmediatas: garantizar la integridad física y los derechos de las vecinas que han sido atacadas, poner fin a cualquier forma de acoso inmobiliario y la paralización total de la operación especulativa en curso. Asimismo, hacen un llamamiento a la solidaridad de la ciudad y alertan de que la normalización de la violencia contra quienes defienden su hogar supone también una amenaza para el conjunto de la sociedad.