La protesta social crece conforme se agrava el problema de acceso a una vivienda digna: Sindicatos de inquilinos/as y de clase se unen ante la emergencia social

La crisis de acceso a la vivienda ha dejado de ser un problema individual para convertirse en una emergencia social colectiva. Así lo reflejan las crecientes movilizaciones impulsadas por sindicatos de vivienda, asociaciones de inquilinas y sindicatos de clase como CCOO y UGT, que han convocado protestas, manifestaciones y campañas de presión política en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y otras capitales.

En el centro del malestar está el hecho de que “trabajamos para vivir, no para pagar”, tal como denuncia la campaña activada por CCOO en su web derechoavivienda.ccoo.es. El sindicato advierte que “alquileres disparados, hipotecas inasumibles y especulación condicionan la vida de millones de personas”, y subraya una realidad que resuena en las pancartas de los manifestantes: “No trabajamos para que todo nuestro salario se vaya en pagar un alquiler o una hipoteca”.

Las movilizaciones, que han crecido en frecuencia y participación desde finales de 2024, han logrado visibilizar una demanda transversal que afecta tanto a jóvenes como a familias y personas mayores. Los sindicatos de inquilinos –como el Sindicat de Llogateres en Cataluña o el Sindicato de Inquilinas de Madrid– han estrechado alianzas con las centrales sindicales tradicionales para exigir un giro radical en las políticas de vivienda.

Plataforma de 10 medidas como hoja de ruta

La campaña de CCOO, que incluye una recogida de firmas digital, propone un decálogo de medidas que ha sido adoptado como referencia por muchas asambleas vecinales y plataformas por la vivienda. Entre ellas destacan:

1. Declarar la vivienda como un derecho y no un negocio especulativo.
2. Regular y limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas.
3. Crear un gran parque público de vivienda social y asequible (2 millones de viviendas en una década mediante un Fondo de Inversión Público, FIVA).
4. Limitar el alquiler turístico, de temporada y habitacional.
5. Reorientar la fiscalidad para penalizar a quienes especulan con la vivienda.
6. Movilizar la vivienda vacía y ponerla en alquiler asequible durante al menos 10 años.
7. Reforzar la protección a hogares vulnerables con ayudas al alquiler y suministros, y mantener la moratoria de desahucios.

Estas reivindicaciones están en el núcleo de las protestas, donde los sindicatos de clase han logrado conectar la lucha por la vivienda con las condiciones laborales. “Si el salario se va casi entero en techo, no hay manera de vivir dignamente”, resumía un portavoz del Sindicato de Inquilinas durante una concentración frente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Un frente común ante las elecciones autonómicas

Con la mirada puesta en los próximos ciclos electorales, los organizadores de las movilizaciones han anunciado que mantendrán la presión mediante nuevas jornadas de lucha, recogida de firmas y posibles acciones de desobediencia civil frente a grandes tenedores de vivienda.

“La vivienda es un derecho, no un negocio”, repiten tanto en las asambleas de base como en los comunicados sindicales. Y añaden: “Sabemos que es posible garantizarlo”. La creciente unidad entre sindicatos de vivienda e inquilinas y sindicatos de clase está logrando situar el problema en el centro del debate público y forzar a los partidos a posicionarse.

Mientras tanto, las administraciones autonómicas y el Gobierno central observan con atención un movimiento que, lejos de decrecer, se fortalece con cada nuevo dato de precios de alquiler y con cada testimonio de quien dedica más del 40% de sus ingresos a pagar un techo.