La larga conspiración contra la República (I-IV)

I

Cuando la democracia amenazó los privilegios

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 no fue la respuesta improvisada de un grupo de militares ante una supuesta situación de caos revolucionario. Tampoco constituyó una reacción espontánea provocada por los acontecimientos de las semanas previas al levantamiento. La investigación histórica desarrollada durante las últimas décadas ha demostrado que la conspiración fue el resultado de un proceso largo y complejo, alimentado durante años por una amplia coalición de intereses económicos, militares, políticos y religiosos que nunca aceptaron plenamente el proyecto democratizador de la Segunda República.

Desde su proclamación el 14 de abril de 1931, la República representó una profunda transformación del Estado español. Por primera vez desde la Restauración borbónica se pretendía construir un sistema político basado en la soberanía popular, la ampliación de los derechos civiles y sociales, la separación entre la Iglesia y el Estado, la modernización del Ejército y una redistribución más justa de la riqueza mediante reformas económicas y agrarias.

Aquellas reformas no eran una revolución socialista ni una ruptura con la tradición democrática europea. Inspiradas en buena medida por los modelos republicanos de Francia y otros países occidentales, pretendían corregir los enormes desequilibrios sociales heredados del siglo XIX. Sin embargo, para quienes habían disfrutado durante generaciones de una posición privilegiada, cualquier limitación de sus prerrogativas era percibida como una amenaza existencial.

La República nacía en un país profundamente desigual. Una reducida minoría concentraba la mayor parte de la riqueza agraria, industrial y financiera, mientras millones de jornaleros sobrevivían en condiciones de extrema precariedad. En amplias zonas de Andalucía, Extremadura y Castilla, el latifundismo condenaba a cientos de miles de familias campesinas al desempleo estacional y al hambre. La legislación laboral apenas protegía a los trabajadores, el analfabetismo afectaba todavía a una parte muy importante de la población y la Iglesia católica ejercía una influencia determinante sobre la educación, la moral pública y numerosos aspectos de la vida política.

La Segunda República intentó modificar ese panorama mediante reformas graduales. La Constitución de 1931 reconoció derechos inéditos hasta entonces en España: el sufragio femenino, la libertad de conciencia, el matrimonio civil, el divorcio, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y un amplio catálogo de libertades públicas. La reforma agraria aspiraba a corregir la concentración extrema de la propiedad de la tierra; la reforma militar impulsada por el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, pretendía profesionalizar un Ejército sobredimensionado y excesivamente politizado; y la política educativa impulsó la creación de miles de escuelas públicas para combatir el analfabetismo y reducir la dependencia de la enseñanza confesional.

Aquellas medidas despertaron enormes esperanzas entre amplios sectores populares. Pero también provocaron un rechazo frontal entre quienes consideraban que la República atentaba contra el orden social tradicional. Desde el primer momento comenzaron a articularse redes de oposición cuyo objetivo no era simplemente derrotar electoralmente al nuevo régimen, sino impedir su consolidación.

Una democracia rodeada de enemigos

La Segunda República nunca tuvo enfrente únicamente a una oposición parlamentaria. A diferencia de otras democracias europeas, debía enfrentarse simultáneamente a varios poderes fácticos que conservaban una enorme capacidad de influencia: una parte significativa del alto mando militar, la gran propiedad agraria, importantes sectores de la banca y de la industria, buena parte de la jerarquía eclesiástica, los grupos monárquicos y, más adelante, organizaciones abiertamente fascistas.

No todos compartían exactamente los mismos objetivos políticos. Algunos deseaban restaurar la monarquía de Alfonso XIII; otros defendían un Estado corporativo inspirado en el modelo italiano; los carlistas aspiraban a instaurar una monarquía tradicionalista; determinados militares simplemente pretendían recuperar el protagonismo político perdido tras la aprobación de la reforma militar. Sin embargo, todos coincidían en una idea fundamental: la República debía ser derrotada antes de que consolidara un nuevo modelo de Estado.

La victoria republicana en las elecciones municipales de abril de 1931 había demostrado que el viejo sistema de la Restauración estaba agotado. Sin embargo, las élites tradicionales nunca asumieron plenamente el resultado. Para muchos aristócratas, terratenientes, financieros y altos mandos militares, la República era considerada un accidente histórico, una anomalía que debía ser corregida tarde o temprano.

Este rechazo no surgió únicamente por razones ideológicas. También respondía a intereses económicos muy concretos. La reforma agraria amenazaba la estructura latifundista; la legislación laboral fortalecía el papel de los sindicatos; la política fiscal pretendía aumentar la contribución de las grandes fortunas; la secularización cuestionaba los privilegios económicos y educativos de la Iglesia; y la reorganización del Ejército reducía la influencia política de una institución acostumbrada a intervenir periódicamente en la vida pública mediante pronunciamientos militares.

En ese contexto comenzaron a establecerse contactos discretos entre dirigentes monárquicos, oficiales del Ejército, representantes de la gran propiedad y destacados financieros. Durante los primeros años de la República aquellas conversaciones carecieron de una dirección única, pero compartían una misma finalidad: preparar el momento oportuno para poner fin al nuevo régimen.

El Ejército y la tradición del pronunciamiento

Desde el siglo XIX, el Ejército español había desempeñado un papel político extraordinariamente activo. Generales como Baldomero Espartero, Leopoldo O’Donnell o Miguel Primo de Rivera habían llegado al poder mediante pronunciamientos militares. Para numerosos oficiales, la intervención del Ejército en la política constituía casi una función natural destinada a preservar la unidad de España y el orden social cuando, a su juicio, los gobiernos civiles fracasaban.

La reforma impulsada por Manuel Azaña alteró profundamente esa cultura política. Se redujo el exceso de oficiales mediante jubilaciones voluntarias, se cerró la Academia General Militar de Zaragoza dirigida por el entonces general Francisco Franco y se subordinó de manera expresa el poder militar a las instituciones civiles.

Muchos oficiales aceptaron lealmente aquellas reformas. Otros, en cambio, comenzaron a considerar que la República estaba debilitando deliberadamente al Ejército. Entre los más descontentos se encontraban varios generales africanistas que habían desarrollado sus carreras durante las guerras coloniales en Marruecos y que concebían la disciplina, la autoridad y el nacionalismo como valores absolutos. Ese malestar cristalizó muy pronto en la primera gran conspiración militar contra la República.

La Sanjurjada: el primer ensayo del golpe

El 10 de agosto de 1932, apenas un año después de proclamarse la República, el general José Sanjurjo encabezó un intento de golpe de Estado que pasaría a la historia como la Sanjurjada.

Aunque la sublevación fracasó en pocas horas, puso de manifiesto que una parte del Ejército estaba dispuesta a derribar por la fuerza un gobierno elegido democráticamente. El golpe contó con el apoyo de destacados sectores monárquicos y con importantes simpatías entre propietarios agrarios afectados por la reforma de la tierra.

La rápida actuación del Gobierno permitió controlar la situación. Sanjurjo fue detenido y condenado, aunque posteriormente se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Meses después sería amnistiado por el Gobierno surgido de las elecciones de 1933 y marcharía al exilio en Portugal, desde donde continuaría conspirando contra la República.

El fracaso de la Sanjurjada no desmanteló la conspiración; simplemente enseñó a sus promotores que un nuevo golpe requería una preparación mucho más minuciosa, una mayor coordinación entre los mandos militares y un respaldo político, económico e internacional mucho más sólido.

Durante los años siguientes esa red conspirativa no dejó de crecer. Mientras la República atravesaba sucesivas crisis políticas y sociales, generales, financieros, dirigentes monárquicos, representantes de la gran propiedad, líderes tradicionalistas y organizaciones fascistas fueron estrechando sus vínculos en torno a un objetivo común: destruir el régimen democrático nacido en 1931 antes de que las reformas alteraran de forma irreversible el equilibrio tradicional del poder en España.

II

Militares, oligarquía, Iglesia y fascismo: la conspiración toma forma (1933-1936)

El fracaso de la Sanjurjada no supuso el final de los intentos por derribar la Segunda República. Constituyó, por el contrario, un aprendizaje. Los conspiradores comprendieron que un pronunciamiento militar al estilo del siglo XIX ya no bastaba para acabar con un régimen que contaba con un amplio respaldo popular y con una legitimidad emanada de las urnas. Si querían triunfar, el próximo golpe debía ser cuidadosamente planificado, contar con apoyos políticos y económicos sólidos y garantizar la adhesión de las principales guarniciones militares del país.

Entre 1933 y el verano de 1936 fue tejiéndose una compleja red de complicidades en la que confluyeron generales, aristócratas, grandes propietarios, financieros, dirigentes monárquicos, tradicionalistas, falangistas y una parte significativa de la jerarquía eclesiástica. Aquella alianza no respondía a un proyecto político único; coexistían en ella monárquicos alfonsinos, carlistas, conservadores autoritarios y fascistas. Sin embargo, todos compartían un objetivo inmediato: destruir el régimen republicano antes de que las reformas emprendidas desde 1931 modificaran definitivamente la estructura económica, social y política de España.

La victoria conservadora de 1933: una tregua para los conspiradores

Las elecciones generales de noviembre de 1933 dieron la victoria a las derechas. La llegada al poder del llamado bienio conservador alivió temporalmente la presión que muchos sectores ejercían contra la República. Algunas reformas fueron paralizadas o ralentizadas, especialmente la reforma agraria y determinados proyectos de secularización del Estado. Sin embargo, aquella victoria electoral no desactivó la conspiración.

Muchos dirigentes de la derecha parlamentaria continuaban considerando que la República era un régimen provisional. Para una parte importante del conservadurismo español, la democracia solo era aceptable mientras garantizara el mantenimiento del orden social tradicional. Si las urnas devolvían el poder a las izquierdas, la solución debía buscarse fuera del marco constitucional. Esta idea fue extendiéndose progresivamente entre sectores militares y civiles que comenzaron a preparar alternativas autoritarias inspiradas en los regímenes que estaban consolidándose en Europa.

El miedo de las élites económicas

Pocas reformas provocaron una oposición tan intensa como la reforma agraria. Durante siglos, enormes extensiones de tierra habían permanecido concentradas en manos de un reducido número de familias aristocráticas y grandes propietarios. En regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla, miles de jornaleros sobrevivían dependiendo de campañas agrícolas irregulares mientras inmensas fincas permanecían parcialmente improductivas.

La legislación republicana no pretendía una colectivización revolucionaria de la tierra. Su objetivo consistía en favorecer el asentamiento de campesinos mediante expropiaciones con indemnización en determinados casos y promover una explotación más racional del suelo agrícola. Para los grandes terratenientes aquello suponía un precedente inaceptable. El temor no era únicamente económico.

La reforma cuestionaba un modelo de poder construido durante generaciones, en el que la propiedad de la tierra implicaba también influencia política, prestigio social y capacidad de controlar la vida de pueblos enteros.

A partir de 1934 comenzaron a intensificarse las reuniones entre representantes de la gran propiedad agraria y dirigentes monárquicos decididos a preparar el derribo de la República. Muchos de ellos consideraban que el Ejército constituía el único instrumento capaz de restaurar el orden tradicional.

La banca y la financiación de la conspiración

La preparación del golpe militar exigía recursos económicos considerables. Era necesario financiar desplazamientos de los conspiradores, adquirir armamento, sostener organizaciones clandestinas, mantener contactos internacionales y asegurar la logística necesaria para movilizar a miles de hombres.

Las investigaciones históricas han demostrado que diversos banqueros, grandes empresarios e industriales vinculados a los sectores monárquicos y conservadores contribuyeron económicamente a la conspiración militar. Entre los nombres más citados por la historiografía destacan el financiero Juan March Ordinas, considerado uno de los principales patrocinadores civiles del golpe; el banquero Luis de Urquijo, perteneciente a una de las grandes sagas financieras del país; el empresario Lucas de Urquijo; el industrial José Lázaro Galdiano, cuya fortuna había estado vinculada al mundo financiero, y diversos miembros de las familias Oriol, Ybarra y Chávarri, estrechamente relacionadas con la gran industria, la banca y los sectores monárquicos.

Especial relevancia tuvo la actuación de Juan March Ordinas. Su apoyo económico permitió sufragar diversas operaciones esenciales para la conspiración, entre ellas el alquiler del avión británico Dragon Rapide, que trasladó a Francisco Franco desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el Protectorado español de Marruecos, donde asumió el mando del Ejército de África. Asimismo, aportó importantes sumas de dinero destinadas a la adquisición de material bélico y al sostenimiento de la organización conspirativa, convirtiéndose en uno de los principales financiadores civiles del levantamiento.

Buena parte de estas aportaciones se canalizó a través de las redes organizadas por Antonio Goicoechea y por dirigentes de Renovación Española, en estrecha colaboración con José Calvo Sotelo y con representantes de la Unión Militar Española. La financiación permitió mantener contactos con oficiales comprometidos con la sublevación, sufragar viajes a Lisboa, Roma y Berlín, adquirir armamento en el extranjero y garantizar el funcionamiento de la infraestructura clandestina durante los meses previos al golpe.

No resulta sencillo cuantificar el volumen total de aquellas aportaciones, muchas de las cuales fueron deliberadamente ocultadas mediante intermediarios, sociedades mercantiles o cuentas privadas. Sin embargo, la mayoría de los especialistas considera que el respaldo económico proporcionado por una parte significativa de las élites financieras y empresariales fue un elemento decisivo para que la conspiración pudiera desarrollarse con eficacia.

Las razones de este apoyo combinaban factores ideológicos y económicos. La legislación laboral republicana fortalecía la negociación colectiva, los sindicatos incrementaban su capacidad de movilización, las reivindicaciones salariales se intensificaban y la posibilidad de nuevas reformas fiscales y sociales despertaba preocupación entre las grandes fortunas. Para numerosos representantes de estas élites económicas, la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 reforzó la convicción de que el sistema parlamentario ya no garantizaba la defensa de sus intereses patrimoniales ni del orden social tradicional.

La conspiración militar se reorganiza

Mientras los apoyos civiles crecían, la conspiración dentro del Ejército adquiría una estructura mucho más sólida. La figura decisiva sería el general Emilio Mola. Destinado en Pamplona tras el triunfo electoral del Frente Popular, Mola recibió la misión de coordinar la futura sublevación. Sus instrucciones, conservadas parcialmente, revelan un grado extraordinario de planificación. No se trataba simplemente de ocupar edificios oficiales, Era preciso neutralizar cualquier resistencia desde las primeras horas. En varias de sus directrices aparece una idea que posteriormente caracterizaría la represión franquista: ejercer una violencia rápida y ejemplarizante para impedir cualquier oposición organizada. Aquellas instrucciones desmienten la imagen de un levantamiento improvisado. El golpe llevaba meses preparándose, Cada general conocía la misión que debía desempeñar, Las guarniciones consideradas dudosas eran vigiladas cuidadosamente. Se establecieron sistemas de comunicación clandestinos, Se estudiaron itinerarios para el traslado de tropas. Incluso comenzaron contactos discretos con gobiernos extranjeros.

La Unión Militar Española

Uno de los principales instrumentos conspirativos fue la Unión Militar Española (UME). Esta organización clandestina agrupó a centenares de oficiales profundamente hostiles a la República. Aunque nunca llegó a integrar a todo el Ejército, sí consiguió establecer una eficaz red de contactos entre numerosas guarniciones.

La UME elaboró listas de oficiales considerados leales al Gobierno, distribuyó propaganda clandestina y colaboró estrechamente con los generales comprometidos con la preparación del golpe. Su influencia fue especialmente importante porque permitió mantener la coordinación militar incluso cuando algunos de los principales conspiradores se encontraban destinados en lugares alejados entre sí.

La Iglesia y el final de un mundo

Ninguna otra institución perdió tantos privilegios con la llegada de la Segunda República como la Iglesia católica. Durante siglos había desempeñado un papel central no solo en la vida religiosa, sino también en la enseñanza, la asistencia social, la organización del Estado y la formación de las élites dirigentes. La Constitución de 1931 alteró profundamente aquella situación, España dejaba de ser un Estado confesional, Se establecía la libertad religiosa, Se implantaba el matrimonio civil, Se reconocía el divorcio, La enseñanza pública adquiría un carácter laico, las órdenes religiosas veían limitada su participación en determinados ámbitos educativos y económicos. Para buena parte del episcopado, aquellas reformas no constituían simples cambios legislativos, representaban una ruptura histórica con el modelo de sociedad construido desde la Restauración e incluso desde siglos anteriores.

El conflicto entre la República y la jerarquía eclesiástica fue intensificándose conforme avanzaban las reformas. Debe hacerse, sin embargo, una precisión imprescindible, hablar de la actitud de la Iglesia exige distinguir entre la institución y el conjunto de los creyentes, gran cantidad de católicos continuaron siendo leales a la República, existieron sacerdotes comprometidos con ideales democráticos e incluso algunos que defendieron abiertamente el régimen constitucional.

Pero la realidad es que una parte muy importante del episcopado español interpretó la evolución política como una amenaza para la supervivencia del catolicismo en España. Figuras como el cardenal Isidro Gomá y Tomás acabarían convirtiéndose en algunos de los principales legitimadores ideológicos de la sublevación.

El Vaticano y la República

Las relaciones entre la Santa Sede y la Segunda República atravesaron momentos de gran tensión. El pontificado de Pío XI observó con preocupación la política laicizadora desarrollada desde 1931, la diplomacia vaticana protestó en diversas ocasiones por la legislación religiosa y por algunos episodios de violencia anticlerical, especialmente la quema de conventos de mayo de 1931.

Se puede afirmar que la evolución política favoreció un progresivo acercamiento entre la jerarquía eclesiástica española y los sectores que preparaban el golpe. Una vez iniciada la Guerra de España, ese acercamiento se transformaría en un decidido respaldo moral y político al bando sublevado, culminando con la famosa Carta Colectiva del Episcopado de 1937, que definió la guerra como una empresa de restauración religiosa y nacional.

El nacimiento del fascismo español

Mientras la conspiración avanzaba, surgía un nuevo actor político cuya importancia crecería rápidamente. En octubre de 1933, José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española, inspirada claramente en el fascismo italiano, la organización defendía un nacionalismo extremo, el rechazo del parlamentarismo liberal, el antimarxismo militante y la creación de un Estado autoritario de carácter corporativo.

Aunque electoralmente obtuvo resultados muy modestos, su influencia política fue mucho mayor de lo que reflejaban las urnas, la Falange convirtió la violencia callejera en uno de sus principales instrumentos de actuación, sus militantes participaron en atentados, agresiones, enfrentamientos armados y asesinatos políticos. La estrategia perseguía un objetivo muy concreto: crear una sensación permanente de desorden que desacreditara al régimen republicano y facilitara la aceptación social de una solución militar. El fascismo español no actuó aisladamente. Desde muy pronto estableció contactos con la Italia de Benito Mussolini, que veía con interés el desarrollo de movimientos fascistas en la península ibérica y comenzaría a prestarles apoyo económico y político.

La Falange todavía era una fuerza minoritaria en 1936, pero desempeñó un papel fundamental como organización de choque, difundiendo un discurso que glorificaba la violencia, el sacrificio, el militarismo y la destrucción del sistema parlamentario.

Su existencia demostraba que España no permanecía al margen de una Europa en la que el fascismo avanzaba con rapidez, erosionando las democracias y ofreciendo respuestas autoritarias a las profundas crisis económicas y sociales del periodo de entreguerras.

III

La cuenta atrás hacia el 18 de julio: apoyos internacionales, el asesinato de Calvo Sotelo y la decisión definitiva de los conspiradores

La victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 supuso el punto de no retorno para quienes llevaban años preparando el derribo de la Segunda República. Aquellos comicios, celebrados con todas las garantías legales y reconocidos por las instituciones del Estado, devolvieron el Gobierno a una coalición de partidos republicanos y de izquierda que se comprometía a reactivar las reformas paralizadas durante el bienio conservador. El resultado fue recibido con esperanza por amplios sectores populares y con auténtica alarma por buena parte de las élites económicas, militares y religiosas.  Desde ese momento, la conspiración dejó de ser una posibilidad para convertirse en un plan operativo.

Los contactos clandestinos se multiplicaron. Los enlaces militares intensificaron sus desplazamientos. Las organizaciones monárquicas aceleraron la captación de recursos económicos, los requetés incrementaron su instrucción paramilitar, la Falange recrudeció su campaña de violencia callejera, y los principales generales comprometidos con la conspiración comenzaron a preparar el reparto de responsabilidades para el futuro golpe.

Lejos de improvisarse durante el verano de 1936, la sublevación respondía ya a un calendario cuidadosamente elaborado.

Mola: el Director de la conspiración

La coordinación del golpe quedó en manos del general Emilio Mola, destinado en Pamplona tras la victoria electoral del Frente Popular. Entre los conspiradores era conocido simplemente como «el Director». Desde Navarra, Mola mantuvo una intensa correspondencia clandestina con numerosos mandos militares, dirigentes monárquicos y responsables carlistas. Sus conocidas Instrucciones reservadas, redactadas durante la primavera de 1936, constituyen uno de los documentos fundamentales para comprender la naturaleza del golpe, en ellas aparece con claridad un principio que marcaría el desarrollo posterior de la guerra y de la represión:

«Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta.» Aquella frase no respondía a un arrebato retórico, expresaba una estrategia política perfectamente definida. Los conspiradores sabían que una parte importante de la población defendería la legalidad republicana. Por ello consideraban imprescindible sembrar el terror desde las primeras horas mediante detenciones masivas, ejecuciones ejemplarizantes y la eliminación física de quienes pudieran organizar cualquier forma de resistencia.

Décadas después, abundante documentación militar y administrativa demostraría que aquella violencia no fue consecuencia exclusiva del desarrollo de la guerra, sino un componente previsto en numerosos planes elaborados antes incluso del 18 de julio.

Franco: de la prudencia al compromiso definitivo

La figura de Francisco Franco continúa siendo objeto de debate historiográfico, a diferencia de Mola, Franco no se incorporó inmediatamente a la conspiración, durante varios meses mantuvo una actitud calculadamente ambigua. Su prestigio militar era enorme tras las campañas africanas y la represión de la Revolución de Asturias de 1934. Sin embargo, conocía perfectamente las consecuencias que tendría un nuevo fracaso como el de la Sanjurjada, su incorporación definitiva dependía de dos condiciones fundamentales. La primera consistía en asegurarse de que el golpe contaría con suficientes apoyos militares para tener posibilidades reales de éxito. La segunda, garantizar el control del Ejército de África, la fuerza mejor preparada y más experimentada del Ejército español, cuando ambas circunstancias comenzaron a perfilarse durante la primavera de 1936, Franco terminó comprometiéndose plenamente con la conspiración.

Sanjurjo: el símbolo del futuro régimen

Aunque residía exiliado en Portugal tras el fracaso de la Sanjurjada, el general José Sanjurjo seguía siendo considerado el jefe natural del futuro Estado surgido del golpe, su prestigio entre los monárquicos era considerable. La mayoría de los conspiradores imaginaban un gobierno provisional presidido por Sanjurjo que reorganizaría el país antes de definir su estructura política definitiva.

Paradójicamente, el hombre destinado a encabezar la nueva dictadura nunca llegaría a ejercer ese papel, su muerte el 20 de julio de 1936, al estrellarse la avioneta que debía trasladarlo desde Portugal hasta España, alteraría profundamente el equilibrio interno del bando sublevado y facilitaría, meses después, la concentración del poder en manos de Franco.

Los requetés: el ejército del tradicionalismo

Uno de los elementos decisivos de la conspiración fue la extraordinaria organización alcanzada por los requetés carlistas. Especialmente fuertes en Navarra, habían pasado años preparando una auténtica fuerza paramilitar. Bajo la dirección política de Manuel Fal Conde, miles de voluntarios recibieron entrenamiento militar, realizaron maniobras clandestinas y acumularon armamento con la colaboración de oficiales comprometidos con la conspiración.

Cuando llegó el momento del golpe, los requetés podían movilizar varios miles de combatientes perfectamente organizados, su disciplina, unida al apoyo social del que disfrutaban en buena parte de Navarra, permitió asegurar rápidamente el control de aquella provincia. Mola comprendió desde muy pronto que sin el respaldo del carlismo navarro la conspiración tendría muchas menos posibilidades de éxito.

Las negociaciones entre militares y dirigentes tradicionalistas fueron largas y no estuvieron exentas de tensiones, finalmente prevaleció el objetivo común de destruir la República.

La Falange como instrumento de desestabilización

Mientras tanto, la Falange Española intensificaba su estrategia de confrontación. Aunque José Antonio Primo de Rivera permanecía encarcelado desde marzo de 1936, la organización siguió actuando mediante una estructura clandestina cada vez más militarizada. Durante aquellos meses se multiplicaron los atentados, las agresiones y los asesinatos cometidos por grupos falangistas. La estrategia falangista perseguía deliberadamente incrementar el nivel de tensión para presentar a la República como un Estado incapaz de garantizar el orden público. Aquella campaña coincidía plenamente con los objetivos perseguidos por los conspiradores militares, cuanto mayor fuera la sensación de caos, más fácil resultaría justificar la intervención del Ejército.

Italia fascista: el primer apoyo exterior

La conspiración española no se desarrolló aislada del contexto internacional. Desde comienzos de 1934, dirigentes monárquicos habían establecido contactos con representantes del régimen de Benito Mussolini. Italia contemplaba con creciente interés la posibilidad de ampliar su influencia en el Mediterráneo occidental mediante la instauración de un régimen amigo en España.

Diversas investigaciones, especialmente las desarrolladas por Ángel Viñas, han documentado acuerdos alcanzados antes incluso del estallido de la guerra para suministrar material militar y apoyo financiero a los conspiradores.

Aquellos compromisos desmienten la idea de que la ayuda italiana surgiera únicamente como respuesta a una guerra ya iniciada. Una parte de esa colaboración comenzó a prepararse cuando el golpe todavía era solo un proyecto.

La Alemania nazi observa con atención

La actitud de la Alemania de Adolf Hitler fue inicialmente más prudente. Berlín seguía con interés la evolución política española, pero no desempeñó un papel tan activo como Italia en las fases preliminares de la conspiración, sin embargo, una vez iniciado el golpe y comprobadas las dificultades para trasladar el Ejército de África a la península, la respuesta alemana fue extraordinariamente rápida.

Los aviones de transporte enviados por Hitler permitieron establecer el primer gran puente aéreo militar de la historia, facilitando el paso del Ejército de África al territorio peninsular. Sin aquella ayuda, numerosos historiadores consideran que el desarrollo inicial de la guerra habría podido ser muy diferente.

Portugal: la retaguardia segura

También el régimen autoritario de António de Oliveira Salazar desempeñó un papel relevante. Portugal ofrecía varias ventajas decisivas, constituía un refugio seguro para conspiradores exiliados, permitía mantener contactos discretos lejos de la vigilancia republicana, y garantizaba una frontera relativamente segura para futuras operaciones militares.

Sanjurjo organizó desde territorio portugués buena parte de sus actividades conspirativas. Más tarde, durante la Guerra de España, el régimen de Salazar facilitaría comunicaciones, suministros y apoyo diplomático al bando sublevado.

El Dragon Rapide

Uno de los episodios mejor documentados de la conspiración fue la contratación del avión británico Dragon Rapide, cuya misión consistía en trasladar a Francisco Franco desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el Protectorado español de Marruecos para ponerse al frente del Ejército de África.

La operación fue impulsada por los dirigentes monárquicos de Renovación Española, especialmente por Antonio Goicoechea, en estrecha colaboración con José Calvo Sotelo antes de su asesinato. La financiación corrió fundamentalmente a cargo del empresario y financiero mallorquín Juan March Ordinas, cuya aportación económica permitió sufragar tanto el alquiler del aparato como otros gastos derivados de la conspiración. March, uno de los hombres más ricos de España, llevaba meses financiando las actividades de los conspiradores y manteniendo contactos con los sectores monárquicos y militares comprometidos con el levantamiento.

La organización práctica de la operación fue confiada a Luis Bolín, corresponsal del diario ABC en Londres y estrechamente vinculado a los círculos monárquicos. Bolín viajó a Londres con fondos facilitados por Juan March para contratar un avión civil que no despertara sospechas. Para ello contó con la colaboración del aristócrata y expiloto Hugh Pollard, ferviente partidario de la causa monárquica española, cuya presencia facilitó las gestiones en el Reino Unido.

El aparato fue alquilado a la compañía británica Olley Air Service. El piloto fue Cecil Bebb, acompañado por el mecánico Arthur B. B. Bebb. Como parte de la cobertura de la operación viajaron también Hugh Pollard, su hija Diana Pollard y una amiga de esta, cuya presencia contribuía a presentar el vuelo como un viaje turístico y reducir las sospechas de las autoridades británicas y españolas.

El Dragon Rapide despegó del Aeródromo de Croydon el 11 de julio de 1936 y siguió un itinerario cuidadosamente planificado, con escalas en Burdeos, Biarritz, Oporto, Lisboa, Casablanca y otros puntos, con el fin de evitar que la verdadera finalidad del viaje pudiera ser identificada.

Tras el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio y la aceleración de los preparativos del golpe, el avión permaneció a disposición de los conspiradores hasta que Franco decidió abandonar Canarias. En la tarde del 18 de julio embarcó en el aeródromo de Gando y, tras una escala en Casablanca, llegó en la mañana del 19 de julio a Tetuán, donde asumió inmediatamente el mando del Ejército de África.

El éxito de la operación constituyó uno de los mayores logros logísticos de la conspiración. La incorporación personal de Franco garantizó que las unidades más experimentadas del ejército español —la Legión Española y los Regulares— quedaran bajo una dirección única. Sin el respaldo financiero de Juan March Ordinas, la labor organizativa de Luis Bolín y la colaboración de intermediarios británicos como Hugh Pollard, la ejecución de esta operación habría resultado considerablemente más difícil. Aunque el golpe ya estaba en marcha, el traslado de Franco consolidó su papel como uno de los principales dirigentes militares de la sublevación y facilitó la posterior unificación del mando rebelde.

El asesinato de Calvo Sotelo: un crimen utilizado como justificación

La noche del 13 de julio de 1936 fue asesinado el dirigente monárquico José Calvo Sotelo por un grupo integrado por miembros de las fuerzas de seguridad y militantes socialistas que actuaron como represalia por el asesinato, cometido el día anterior por extremistas de derecha, del teniente José del Castillo, conocido por su vinculación con organizaciones republicanas y socialistas.

La conmoción fue enorme, la oposición conservadora responsabilizó inmediatamente al Gobierno, sin embargo, la investigación histórica coincide en señalar que no existen pruebas de que el Ejecutivo presidido por Santiago Casares Quiroga ordenara o planificara aquel asesinato, lo que sí resulta evidente es que los conspiradores aprovecharon inmediatamente el crimen como argumento propagandístico para presentar la sublevación como una reacción inevitable.

Sin embargo, esa interpretación no resiste el análisis documental, cuando Calvo Sotelo fue asesinado, el golpe llevaba meses organizándose, las instrucciones militares estaban redactadas, las guarniciones comprometidas habían recibido órdenes, los contactos internacionales estaban establecidos, los recursos financieros habían sido movilizados, las organizaciones paramilitares aguardaban instrucciones, él mismo participaba de la conspiración El asesinato aceleró la decisión de algunos oficiales todavía indecisos, pero no creó la conspiración, Simplemente proporcionó un poderoso elemento de legitimación política para una operación cuyo diseño estaba prácticamente concluido.

La decisión definitiva

Durante la segunda semana de julio, todos los preparativos entraron en su fase final, las órdenes comenzaron a transmitirse mediante claves previamente acordadas, las guarniciones conocieron la fecha prevista para la sublevación, los enlaces civiles quedaron preparados para apoyar a las autoridades militares rebeldes. La suerte estaba echada.

La República ignoraba todavía la magnitud real de la conspiración, aunque los servicios de información habían detectado movimientos sospechosos, el Gobierno subestimó la coordinación alcanzada por los golpistas y confió en que los traslados de determinados generales bastarían para neutralizar el peligro. Fue un error de enormes consecuencias, en la tarde del 17 de julio de 1936 comenzó la sublevación en Melilla, al día siguiente se extendía a buena parte del territorio español. Los conspiradores esperaban un triunfo rápido; No lo consiguieron.

La resistencia de amplios sectores del Ejército, de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, de una parte muy importante de la población civil impidió que el golpe triunfara de forma inmediata. El fracaso parcial de la sublevación abrió paso a una larga y devastadora Guerra de España, cuyas consecuencias marcarían el destino del país durante varias generaciones.

IV

El golpe que abrió las puertas al fascismo:

Consecuencias, memoria y lecciones para el presente

Cuando en la tarde del 17 de julio de 1936 las primeras unidades del Ejército de África se sublevaron en Melilla, culminaba un proceso conspirativo que se había gestado durante años. La insurrección militar no fue el fruto de un arrebato provocado por el deterioro del orden público durante la primavera de 1936, ni la respuesta inevitable a una supuesta revolución en marcha. Fue la consecuencia de la decisión adoptada por una parte del Ejército, respaldada por importantes sectores económicos, políticos, religiosos y sociales, de impedir por la fuerza la continuidad de un régimen democrático cuya legitimidad emanaba de las urnas.

La historia posterior ha demostrado que el objetivo inicial de los conspiradores no consistía en desencadenar una guerra prolongada. Su propósito era reproducir el modelo clásico del pronunciamiento militar español: ocupar los centros de poder, detener a las autoridades republicanas, controlar las principales ciudades y constituir un gobierno de excepción que liquidara el orden constitucional. No lo consiguieron.

El golpe fracasó en una parte sustancial del territorio gracias a la resistencia de numerosos militares leales a la legalidad republicana, de miembros de las fuerzas de seguridad que permanecieron fieles a su juramento y, sobre todo, de cientos de miles de ciudadanos que decidieron defender las instituciones democráticas. Ese fracaso parcial transformó la sublevación en una larga Guerra de España, una tragedia que marcaría el devenir del país durante casi cuatro décadas de dictadura.

La Guerra de España en el contexto europeo

Durante mucho tiempo se interpretó la Guerra de España como un conflicto exclusivamente interno, producto de la secular división entre «las dos Españas». Esa visión, alimentada tanto por la propaganda franquista como por determinadas interpretaciones simplificadoras, resulta hoy claramente insuficiente. La historiografía contemporánea sitúa el conflicto español dentro de una crisis mucho más amplia: la de las democracias europeas durante el período de entreguerras.

En apenas quince años, Europa había contemplado el ascenso de regímenes autoritarios que cuestionaban abiertamente el parlamentarismo liberal; En Italia, Benito Mussolini había instaurado un régimen fascista basado en el partido único, la militarización de la sociedad y la eliminación de las libertades políticas; En Alemania, Adolf Hitler destruyó en pocos meses las instituciones de la República de Weimar y construyó una dictadura sustentada sobre el racismo biológico, el antisemitismo, la persecución política y el expansionismo militar; En Portugal, António de Oliveira Salazar consolidó el Estado Novo, un sistema autoritario profundamente influido por el nacionalcatolicismo; España no permaneció al margen de aquella transformación.

Las organizaciones fascistas españolas adoptaron buena parte de la estética, la retórica y los métodos desarrollados en Italia y Alemania. El culto al líder, la exaltación de la violencia como instrumento político, el desprecio hacia el parlamentarismo, la identificación del adversario político como enemigo de la nación y la aspiración a construir un Estado corporativo formaban parte del mismo universo ideológico que estaba erosionando las democracias europeas.

En ese contexto, la Guerra de España se convirtió en un laboratorio donde se enfrentaron dos concepciones antagónicas de Europa, por un lado, quienes defendían la continuidad de un sistema democrático, imperfecto sin duda, pero sustentado sobre la legalidad constitucional, por otro, quienes consideraban que la democracia debía ser sustituida por un régimen autoritario capaz de preservar el orden social tradicional mediante la fuerza.

La responsabilidad compartida de las élites

Uno de los principales avances de la investigación histórica ha consistido en superar la interpretación que atribuía el golpe exclusivamente a un reducido grupo de generales. Sin el Ejército, la conspiración difícilmente habría prosperado, pero sin el respaldo de importantes sectores civiles tampoco habría alcanzado la dimensión que finalmente tuvo, los grandes propietarios agrarios aportaron recursos económicos y redes de influencia local. Una parte del mundo financiero facilitó financiación para sostener las actividades conspirativas. Los dirigentes monárquicos realizaron gestiones diplomáticas y buscaron apoyos internacionales. Los requetés proporcionaron miles de combatientes entrenados. La Falange actuó como fuerza de desestabilización y violencia política. Y una parte muy significativa de la jerarquía eclesiástica ofreció posteriormente una legitimación moral que convirtió la sublevación en una supuesta empresa de restauración religiosa.

Ninguno de estos actores explica por sí solo el golpe, pero todos contribuyeron, en mayor o menor medida, a crear las condiciones políticas, económicas e ideológicas que hicieron posible el derrumbe de la legalidad republicana.

La Iglesia y la legitimación del nuevo régimen

Uno de los aspectos más controvertidos continúa siendo el papel desempeñado por la Iglesia católica. Como se ha señalado anteriormente, conviene distinguir entre la jerarquía eclesiástica, el clero y los muchos creyentes que vivían su fe al margen de la confrontación política. Sería históricamente injusto identificar a todos los católicos con la sublevación, sin embargo, también sería un grave error minimizar la implicación de buena parte del episcopado español.

La interpretación de la guerra como una «Cruzada» otorgó al conflicto una dimensión religiosa que contribuyó poderosamente a legitimar la violencia ejercida por el nuevo poder militar. La Carta Colectiva del Episcopado Español, impulsada por el cardenal Isidro Gomá y Tomás en 1937, presentó el conflicto como una lucha entre la civilización cristiana y el ateísmo revolucionario. Aquella interpretación fue difundida internacionalmente y proporcionó al bando sublevado un respaldo moral de enorme importancia.

Por su parte, la Santa Sede mantuvo inicialmente una prudente cautela diplomática. No obstante, conforme avanzó la guerra y resultó evidente la consolidación del poder de Francisco Franco, el Vaticano terminó reconociendo oficialmente a su gobierno en 1938. Ese reconocimiento constituyó un hito fundamental en la legitimación internacional del nuevo régimen y abrió una estrecha relación entre la dictadura y la Iglesia católica que se prolongaría durante décadas.

La victoria militar y el nacimiento de la dictadura

La derrota de la República en 1939 no significó únicamente el final de la Guerra de España, supuso el comienzo de una larga dictadura caracterizada por la concentración absoluta del poder, la eliminación del pluralismo político, la prohibición de partidos y sindicatos, la censura de la prensa, la represión sistemática de los vencidos y la identificación entre Estado, Ejército e Iglesia.

Durante décadas, el régimen presentó la guerra como una consecuencia inevitable del desorden republicano, esa interpretación ocultaba deliberadamente un hecho esencial: la guerra había comenzado porque una parte del Ejército decidió destruir por la fuerza un régimen constitucional.

La dictadura construyó un relato legitimador en el que el golpe aparecía transformado en «Alzamiento Nacional» y la guerra en una «Cruzada de Liberación». La historiografía democrática ha desmontado progresivamente esa narrativa mediante el estudio de miles de documentos militares, diplomáticos, judiciales y administrativos, hoy resulta imposible sostener seriamente que el golpe fuera una reacción improvisada. Las pruebas documentales muestran una preparación política, económica y militar desarrollada durante años.

La memoria democrática como compromiso con la verdad

Hablar hoy del golpe de Estado de 1936 no significa reabrir heridas. Las heridas existen porque nunca desaparecieron completamente. Lo que pretende la historia es comprender, documentar y explicar. La memoria democrática no consiste en sustituir una propaganda por otra. Tampoco en construir un relato de vencedores y vencidos.

Su finalidad es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más exigente: reconocer los hechos, honrar a las víctimas de la violencia política y preservar la verdad frente a la manipulación.

Durante décadas, miles de personas permanecieron en fosas comunes sin identificar. Numerosos archivos permanecieron cerrados o fueron de difícil acceso. Muchas familias crecieron sin conocer el destino de sus padres o de sus abuelos.

La recuperación de esa memoria no persigue alimentar el enfrentamiento, sino completar el conocimiento histórico de un país que todavía convive con las consecuencias de aquella fractura.

Las enseñanzas para el presente

La historia nunca se repite de forma idéntica. La España del siglo XXI no es la de 1936. La consolidación del Estado democrático tras la aprobación de la Constitución española de 1978, la pertenencia a la Unión Europea, la integración en el Consejo de Europa, la protección jurídica derivada del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el reconocimiento internacional de los derechos fundamentales hacen imposible establecer equivalencias mecánicas con la crisis que desembocó en la Guerra de España.

Sin embargo, la historia sí proporciona advertencias. Historiadores como Robert O. Paxton, Emilio Gentile, Ian Kershaw, Timothy Snyder, Enzo Traverso o Ruth Ben-Ghiat han mostrado que los procesos de degradación democrática rara vez comienzan mediante golpes militares tradicionales. Con frecuencia se desarrollan de forma gradual, debilitando la confianza en las instituciones, desacreditando al adversario político como un enemigo de la nación, difundiendo teorías conspirativas, erosionando la independencia judicial, cuestionando la legitimidad de los procesos electorales y fomentando un clima de polarización permanente.

La experiencia europea del siglo XX ofrece numerosos ejemplos. En Italia, Benito Mussolini llegó al poder tras la Marcha sobre Roma sin abolir inmediatamente el sistema parlamentario. En Alemania, Adolf Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933 y utilizó el Incendio del Reichstag y la posterior Ley Habilitante de 1933 para desmantelar el Estado de derecho desde el interior de la legalidad. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha impulsado desde 2010 reformas que diversos organismos europeos consideran lesivas para la independencia judicial, el pluralismo mediático y los mecanismos de control institucional. En Polonia, los enfrentamientos entre el anterior gobierno del partido Ley y Justicia y las instituciones europeas por las reformas judiciales evidenciaron igualmente los riesgos que pueden afectar al principio de separación de poderes.

Fuera de Europa también se han producido episodios de deterioro democrático. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, protagonizado por seguidores de Donald Trump tras la difusión de acusaciones infundadas de fraude electoral, mostró hasta qué punto la desinformación y la deslegitimación de los resultados electorales pueden poner en tensión incluso democracias consolidadas. Del mismo modo, el asalto a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 por partidarios de Jair Bolsonaro puso de manifiesto la capacidad movilizadora de narrativas conspirativas contra las instituciones democráticas.

Estos ejemplos no significan que cualquier movimiento conservador, liberal o de derecha sea equiparable al fascismo histórico. La comparación exige rigor metodológico. Como han señalado Robert O. Paxton y Emilio Gentile, el fascismo constituye un fenómeno histórico específico, vinculado a las condiciones políticas, económicas y sociales de la Europa de entreguerras.

Al mismo tiempo, la investigación comparada advierte de que algunos movimientos políticos contemporáneos, tanto en Europa como en América, utilizan estrategias discursivas que recuerdan rasgos característicos de las culturas políticas autoritarias del siglo XX: la identificación de un supuesto «enemigo interno»; la presentación de la prensa independiente como parte de una conspiración; la utilización sistemática de campañas de desinformación; la estigmatización de inmigrantes, minorías étnicas o religiosas y colectivos vulnerables; el cuestionamiento de la legitimidad de los tribunales cuando sus resoluciones resultan desfavorables; y la apelación a un liderazgo fuerte que afirme representar directamente la voluntad del pueblo por encima de los mecanismos de control constitucional.

Como recordó Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, la destrucción de una democracia no comienza necesariamente con la supresión inmediata de las elecciones, sino con la progresiva erosión de la verdad factual, de las instituciones independientes y de la confianza entre los ciudadanos. De manera semejante, Timothy Snyder ha insistido en que las democracias pueden debilitarse cuando la ciudadanía normaliza el deterioro institucional y deja de reaccionar ante la vulneración de las normas constitucionales.

La principal enseñanza de 1936 no consiste, por tanto, en buscar paralelismos simplistas ni en utilizar el pasado como arma arrojadiza en el debate político contemporáneo. Su valor reside en recordar que ninguna democracia está definitivamente asegurada. La experiencia de la Segunda República demuestra que el deterioro deliberado de la convivencia democrática rara vez es fruto de un único acontecimiento. Es el resultado de campañas continuadas de desinformación, de la deslegitimación sistemática del adversario político, de la difusión de rumores y teorías conspirativas, del descrédito de las instituciones representativas y de la normalización del odio como instrumento de movilización política. La historia española enseña que cuando una parte de las élites económicas, mediáticas o políticas deja de aceptar la legitimidad del resultado de las urnas y presenta al Gobierno elegido democráticamente como un enemigo de la nación, la democracia entra en una zona de grave vulnerabilidad.

Desde una perspectiva republicana, la principal lección de 1936 es que la democracia no puede reducirse al acto de votar cada cuatro años. Requiere también una ciudadanía informada, una prensa libre e independiente, un poder judicial imparcial, instituciones sometidas al control público y el compromiso de todas las fuerzas políticas con el respeto al resultado de las elecciones, incluso cuando este les resulta desfavorable.

La historia demuestra que la mentira organizada puede convertirse en un arma política de enorme eficacia. Así ocurrió en los años treinta, cuando amplios sectores de la derecha antirrepublicana difundieron la falsa idea de que la República pretendía destruir la religión, eliminar la propiedad privada o implantar una revolución soviética inminente. Buena parte de aquella propaganda, impulsada desde periódicos, organizaciones patronales y sectores monárquicos, sirvió para justificar socialmente el golpe de Estado de julio de 1936. Las investigaciones de historiadores como Ángel Viñas, Paul Preston, Julián Casanova o Enrique Moradiellos han documentado cómo aquella estrategia de desinformación desempeñó un papel decisivo en la deslegitimación del régimen constitucional.

Las democracias del siglo XXI afrontan desafíos distintos, pero no son inmunes a fenómenos semejantes. La utilización sistemática de noticias falsas, la manipulación emocional, las campañas de intoxicación difundidas a través de determinados medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales, la construcción permanente de enemigos internos, el cuestionamiento sin pruebas de la legitimidad de los gobiernos elegidos democráticamente y la deshumanización del adversario forman parte de estrategias políticas presentes en numerosos países. Diversos estudios sobre comunicación política y desinformación han advertido de que estas prácticas son utilizadas por movimientos de extrema derecha y por corrientes del llamado populismo autoritario para erosionar la confianza en las instituciones democráticas.

En España, el debate público también se ha visto afectado por campañas de desinformación, por la circulación de bulos y por una creciente polarización política. La crítica a cualquier gobierno forma parte de la democracia; la fabricación consciente de falsedades para obtener rédito electoral, no. Cuando determinados actores políticos o mediáticos convierten el bulo, la difamación o la conspiración permanente en herramientas de confrontación, contribuyen a deteriorar la calidad democrática y a debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Del mismo modo, la utilización de recursos públicos para favorecer intereses partidistas o para sostener redes mediáticas afines, resulta incompatible con los principios de igualdad, transparencia y neutralidad que deben regir un Estado democrático.

La mejor herencia de la tradición republicana española no fue únicamente la defensa de una forma de Estado, sino la aspiración a construir una sociedad basada en la igualdad ante la ley, la educación pública, la justicia social, la laicidad, el pluralismo político y la soberanía popular. Defender hoy esos principios significa rechazar cualquier intento de degradar la democracia mediante la mentira organizada, el odio al diferente o la negación de la legitimidad del adversario político. La memoria de 1936 recuerda que ninguna democracia está garantizada para siempre y que la defensa de la verdad, de los derechos sociales y de las libertades públicas constituye una tarea permanente de toda ciudadanía comprometida con los valores democráticos y republicanos..

Epílogo

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue la culminación de una conspiración cuidadosamente preparada por quienes nunca aceptaron que España pudiera transformarse mediante procedimientos democráticos. La República no cayó por un accidente histórico ni por una explosión inevitable de violencia colectiva. Fue atacada por una alianza de intereses que reunió a una parte del Ejército, a sectores de la oligarquía económica, a organizaciones monárquicas y fascistas, al tradicionalismo carlista y a una parte muy significativa de la jerarquía eclesiástica, contando además con el decisivo apoyo de las dictaduras fascistas europeas.

El fracaso parcial del golpe dio lugar a la Guerra de España. La victoria militar de los sublevados abrió paso a una dictadura de casi cuarenta años, cuyo legado político, social, económico y cultural continúa siendo objeto de estudio y reflexión.

Entre las consecuencias más profundas y duraderas del triunfo franquista figura el exilio de una parte esencial del capital intelectual de España. Decenas de miles de profesores, investigadores, médicos, ingenieros, juristas, escritores, artistas y científicos se vieron obligados a abandonar el país para salvar la vida o escapar de la represión política. Figuras como Juan Negrín, Claudio Sánchez-Albornoz, Américo Castro, María Zambrano, José Gaos, Severo Ochoa —que desarrolló buena parte de su carrera científica en el extranjero y obtuvo el Premio Nobel en 1959—, Pau Casals, Luis Buñuel, Max Aub, Rafael Alberti o Francisco Ayala desarrollaron una parte decisiva de su obra lejos de España.

Aquella diáspora intelectual benefició extraordinariamente a los países de acogida, especialmente México, Argentina, Chile, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Universidades, hospitales, centros de investigación, editoriales y academias de esos países incorporaron a centenares de profesionales formados en España, que contribuyeron al desarrollo científico, educativo y cultural de sus nuevas sociedades. Lo que aquellas naciones ganaron en conocimiento, innovación y creación fue, en buena medida, una pérdida irreparable para España. Durante décadas, el país quedó privado de varias generaciones de algunos de sus mejores investigadores, docentes y creadores, precisamente cuando el resto de Europa iniciaba la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y apostaba decididamente por la ciencia, la universidad y la modernización.

La dictadura no solo eliminó físicamente a miles de ciudadanos ni únicamente encarceló y depuró a decenas de miles de funcionarios, maestros y profesores; también interrumpió un proceso de modernización intelectual iniciado durante la Segunda República Española. La desarticulación de instituciones como la Junta para Ampliación de Estudios, la depuración de las universidades y la sustitución del mérito académico por la adhesión política provocaron un retraso científico y cultural cuyos efectos se prolongaron durante generaciones. Una parte del talento que habría podido impulsar el desarrollo de España terminó enriqueciendo el patrimonio científico, educativo y cultural de otros países.

En este sentido, una de las mayores victorias de la dictadura no consistió únicamente en imponerse militarmente, sino en privar a España de una parte esencial de su inteligencia colectiva. La reconstrucción democrática iniciada tras 1975 hubo de realizarse sin buena parte de aquella generación excepcional que la violencia, la persecución y el exilio habían dispersado por el mundo. Ese vacío constituye uno de los costes más elevados —y con frecuencia menos visibles— del golpe de Estado de 1936 y de la larga dictadura que le siguió.

Recordar aquel proceso no significa vivir anclados en el pasado. Significa asumir que la democracia no es una concesión permanente, sino una construcción histórica siempre vulnerable. La mejor defensa frente al autoritarismo no reside en el miedo ni en la confrontación estéril, sino en el fortalecimiento de una ciudadanía crítica, informada y comprometida con los valores de la libertad, la igualdad, la justicia social y el respeto a la dignidad humana.

Solo desde ese conocimiento del pasado puede comprenderse plenamente el significado del 18 de julio de 1936: no como el comienzo inevitable de una guerra entre españoles, sino como el día en que una parte de España decidió romper por las armas el pacto democrático que otra parte había construido pacíficamente en las urnas. Ese es, probablemente, el legado histórico más importante que nos dejó la Guerra de España y una de las lecciones cívicas más valiosas que puede ofrecer a las generaciones presentes y futuras.

Fuentes;

La larga conspiración contra la República (I) 2026/07/12

La larga conspiración contra la República (II) 2026/07/14

La larga conspiración contra la República (III) 16 de julio

La larga conspiración contra la República (IV) 18 de julio