Familiares de desaparecidos denuncian que «la impunidad persiste» en Uruguay

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay exigió acciones concretas del Gobierno para garantizar justicia a las víctimas de la dictadura cívico-militar de Juan María Bordaberry (1973-1985), denunciando que la impunidad persiste en el país sudamericano.

Durante una conferencia de prensa, representantes de la asociación convocaron a la 31° Marcha del Silencio, bajo el lema «30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?».

En este sentido, pidieron al presidente Yamandú Orsi que ordene a las Fuerzas Armadas entregar información sobre los desaparecidos, al tiempo que reclamaron acciones contra militares prófugos de la justicia, quienes fueron acusados por delitos de lesa humanidad.

Los familiares de las víctimas reafirmaron que el terrorismo de Estado ejerció un oscuro accionar contra todo el pueblo uruguayo, dentro y fuera de las fronteras, además de destacar que son 81 los casos de detenidos desaparecidos que aún continúan en estudio.

«Han pasado diferentes gobiernos, comisiones, secretarías. Hemos denunciado una y mil veces en nuestro país y en el exterior. Sin embargo, tanto tiempo más tarde aún no tenemos respuestas», dijo Alba González Souza.

También cuestionaron la falta de acceso a documentación clave, «los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos» señalaron, añadiendo que como consecuencia la indagación anda «a ciegas». «La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones», añadieron.

Los participantes informaron que conmemorarán los 50 años de los asesinatos de los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, y de Rosario Barredo y William Whitelaw, así como de la desaparición forzada de Manuel Liberoff, todo ello ocurrido en Argentina como parte del Plan Cóndor.

La asociación denunció la reciente incorporación de 8 nuevos casos de detenidos desaparecidos, declarando como insuficiente la exhortación a quienes tengan información la den a conocer, impulsada por el senado.

«¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el sistema político reconociera con claridad que fue el Estado que torturó, violó, asesinó y desapareció personas», cuestionaron desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, instauró en Uruguay un régimen cívico-militar en 1973 que persiguió, torturó y desapareció a opositores mediante organismos represivos conjuntos.

La dictadura cívico-militar en Uruguay se extendió hasta 1985, caracterizándose por la disolución de las cámaras legislativas, la proscripción de los partidos políticos y quebrantamientos sistemáticos a los derechos humanos.

El encuentro se llevó a cabo en la víspera de la 31.ª Marcha del Silencio, programada para repetirse este año en más de 70 ciudades y localidades del territorio nacional.