El Gobierno de coalición declara Lugar de Memoria Democrática el Pazo de Meirás, en la provincia gallega de A Coruña

Madrid, 14 de agosto de 2026. El BOE publica este viernes la declaración definitiva del conjunto patrimonial conocido como Torres de Meirás como Lugar de Memoria. Situado en el Concello de Sada, ligado a la figura de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán -que fue quien lo construyó-, fue, entre 1938 y 1975, sede veraniega y símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario.

El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, se le hizo entrega de la finca al dictador.

Durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos «mediante técnicas represivas y coactivas», que desposeyeron a los legítimos propietarios de las fincas colindantes. Además, se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales o tapices.

Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial estival, adquirió una función política y simbólica, de representación, con un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista.

Tras la muerte de Franco, la permanencia del inmueble en manos de sus herederos se convirtió en uno de los ejemplos más significativos de las dificultades de la democracia española para afrontar determinadas herencias materiales y simbólicas de la dictadura.

La movilización de entidades memorialistas, instituciones públicas, investigadores y amplios sectores de la sociedad civil impulsó durante décadas la reivindicación de Meirás como patrimonio de la ciudadanía. Este proceso culminó con la recuperación judicial del inmueble para el Estado.

El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco a su familia.

Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado.

La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.

Verdad, justicia y reparación

La resolución establece que la Administración General del Estado impulsará recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivos memoriales interpretativos.

También se contempla la señalización de puntos de reconocimiento de las víctimas y la incorporación de una ficha del lugar, con fotografías y audiovisuales, al Portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Asimismo, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática desarrollará mecanismos institucionales para integrar Meirás en circuitos internacionales relacionados con experiencias de construcción de memoria democrática.

La declaración establece que cualquier uso del inmueble deberá ser compatible con la preservación de la memoria, con la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación.

La resolución reconoce asimismo la relevancia de Emilia Pardo Bazán, primera propietaria e impulsora de su construcción, como figura esencial de la literatura española y pionera en la reivindicación de los derechos de las mujeres, otorgando a Meirás una dimensión vinculada a la historia de la creación literaria femenina y al avance hacia la igualdad.

Con esta declaración, Meirás se incorpora al Inventario de Lugares de Memoria Democrática, consolidándose como patrimonio público y como espacio para el conocimiento, la reflexión y la transmisión de la memoria democrática a las generaciones presentes y futuras.