Haití: Masacre en La Saline, seis meses después aún sin respuestas

A mediados de noviembre pasado circularon a través de las redes sociales imágenes de cuerpos sin vida entre los escombros, cadáveres desmembrados y parcialmente desnudos, y otros que servían de alimento a los animales.

Fueron necesarias al menos 48 horas para que las estrepitosas fotos salieran a la luz y días para recuperar los cuerpos, sin embargo, el dolor de los familiares permanece intacto.

‘Entre otras cosas que muestran la crueldad de los asesinos es la muerte de niños como Geralson Belance, un bebé de sólo 10 meses de edad, que fue cobardemente linchado, y cuyos restos fueron llevados en un saco por sus asesinos’, señaló el informe de la Oficina de Asuntos Penales de la Policía Judicial, la primera autoridad en ofrecer detalles de los sucesos.

El 13 de noviembre, decenas de mujeres, hombres y niños fueron ultimados, torturados e incendiados por integrantes de pandillas que intentaban acceder al control de la zona donde se instala uno de los mercados informales más grandes y lucrativos del país.

Según la investigación, ‘ante los ojos desconcertados de sus familiares, las víctimas fueron asesinadas, luego cortadas y sus restos abandonados en montones de basura, arrojados a las alcantarillas o quemados’.

También destaca que las mujeres resultaron objeto de violación, en presencia de sus esposos o incluso de los hijos.

En el mercado de Croix des Bossales centenares de mercaderes venden todo tipo de productos, desde alimentos, ropa, zapatos, textiles, menajes. Es la primera parada de mercancía proveniente del puerto capitalino y de diversos territorios del país, donde luego se abastecen otros comercios formales e informales.

Los comerciantes deben pagar por su seguridad, por lo que resulta un lucrativo negocio para líderes de bandas.

Tras la masacre, la mayor en la última década, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Je Klere (FJKL) denunciaron la ocurrencia de al menos 25 muertes el fatídico día, como resultado de los enfrentamientos entre pandillas rivales.

Deploraron además el saqueo de unas 15 viviendas y el desplazamiento interno de miles de ciudadanos, en medio del clima de inseguridad en la zona. De hecho, un mes después, familiares de las víctimas pidieron al Gobierno ayuda para regresar a sus hogares, luego de acampar por varias semanas en Champ de Mars, la principal plaza pública de Puerto Príncipe.

Por su parte, los resultados de la investigación de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddhh) son más escalofriantes. Según el organismo, que amplió la fecha de los sucesos entre el 1 y el 13 de ese mes, al menos 59 personas murieron, dos desaparecieron y 150 casas fueron vandalizadas.

Para Pierre Esperance, coordinador de la Rnddhh, que en ese momento calificó los hechos como una ‘matanza de Estado’, los perpetradores también intentaban crear un clima inseguro y frustrar la masiva movilización antigubernamental del 18 de noviembre, después de la multitudinaria protesta de octubre de ese año que exigió el juicio sobre la malversación de los fondos de Petrocaribe.

En ese momento fueron acusados como cabecillas de las operaciones Fednel Monchery, director general del Ministerio del Interior, Joseph Pierre Richard Duplan, delegado departamental del Oeste, y los oficiales de la policía Gregory Antoine y Jimmy Cherizier, quienes negaron su implicación.

Sin embargo, el reporte policial confirmó que tanto Monchery como Duplan figuran entre los implicados en la masacre de La Saline, así como otros 20 individuos. La Dirección Central de la Policía emitió una orden a la Fiscalía de Puerto Príncipe para el arresto de la lista de implicados, que también incluye al exagente de la policía Jimmy Chérizier, así como empresarios, políticos y líderes de pandillas como Serge Alectis (Ti Junior), Christla Chéri e Iscar Andris.

No obstante, los funcionarios gubernamentales precisan que el presidente Jovenel Moise emita una liberación, para que puedan ser procesados por la justicia. De acuerdo con declaraciones del jefe de la Fiscalía de esta capital, Paul Eronce Villard, el mandatario debería conceder la autorización para que el juez de instrucción interrogue a estos dos empleados públicos, como consta en el artículo 18 del Código de Instrucción de Procedimiento Penal.

Otros representantes de diversas organizaciones coinciden con Villard, y opinan que el jefe de Estado debe desmarcarse de estos sucesos, sobre todo en el momento que el país atraviesa un fuerte retroceso en cuestiones de seguridad. Además de la rivalidad entre las pandillas no pocos cuestionan como los bandidos pueden hacerse de armas costosas y municiones e implican a los políticos, funcionarios del Estado y empresarios que arman a estos grupos.

De hecho, según la policía, durante los sucesos de La Saline se utilizó un fusil de asalto Galil, que pertenecía al Palacio Nacional y se presume estaba entre las 56 armas de este tipo desaparecidas durante el cambio de poder entre los expresidentes Michel Martelly y Jocelerme Privert en 2016.

Recientemente, la comisión de Justicia y Seguridad del Senado reveló las conexiones de varios funcionarios y parlamentarios con líderes de banda como el fugitivo Arnel Joseph, por el que la policía ofrece unos 25 mil dólares a quien ayude con su captura.

Tras los eventos de noviembre, aún la calma no ha vuelto a La Saline, que experimenta casi a diario tiroteos y actos violentos. En abril, la Asociación de Aduaneros de Haití llamó la atención sobre la inseguridad en esa zona, y los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre pandillas.

Hasta el momento no se han tomado acciones legales contra los indexados de la investigación policial que sugiere que unas 70 personas deben ser arrestadas por los ‘actos reprobables’.

Para los familiares, muchos de los cuales aún no regresaron a la barriada, tampoco hay respuestas de las autoridades.

arb/ane

*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Haití.