Trump firma orden ejecutiva para poner fin a aranceles adicionales
La medida se refiere a los aranceles que fueron establecidos en varias órdenes ejecutivas entre 2025 y 2026, las cuales contenían disposiciones en contra de países como Irán, Brasil, Cuba, Rusia, Venezuela y China.
El presidente Donald Trump firmó el 20 de febrero pasado, una nueva orden ejecutiva que fue revelada en la página web de la Casa Blanca, la misma pone fin a los aranceles adicionales ad valorem que se habían establecido bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
La medida se refiere a los aranceles que fueron establecidos en varias órdenes ejecutivas entre 2025 y 2026, las cuales contenían disposiciones en contra de países como Irán, Brasil, Cuba, Rusia, Venezuela y China.
Washington determinó que esos aranceles eran necesarios para hacer frente a lo que consideraba “amenazas inusuales y extraordinarias” para la seguridad nacional, las relaciones exteriores o la economía estadounidense.
🇺🇸🇨🇺 Trump elimina los aranceles adicionales al combustible impuestos a Cuba bajo la Orden 14380, tras fallo de la Corte Suprema (6-3) que limita su autoridad bajo la IEEPA.
— Thiago Guerra (@Thiago031102) February 24, 2026
⚖️ Se eliminan: tarifas ad valorem contra países que vendían combustible a la isla. pic.twitter.com/T6TVmOAgqi
La nueva orden indica que los aranceles extras dejarán de estar activos y, en cuanto sea factible, cesará su cobro. No obstante, las emergencias nacionales que se hayan proclamado en esos decretos ejecutivos y otras resoluciones seguirán vigentes.
El documento estipula que los líderes de cada agencia y departamento ejecutivo deben implementar acciones inmediatas para terminar con la cobranza de tarifas adicionales.
De igual manera, en coordinación con otras autoridades, el Secretario de Comercio, el Secretario de Seguridad Nacional y el Representante Comercial de Estados Unidos tendrán la posibilidad de cambiar el Arancel de Aduanas Armonizado para acatar la orden.
El texto explica que la orden no establece derechos o beneficios que se puedan exigir ante el gobierno de Estados Unidos y que su puesta en práctica estará condicionada a la legislación actual y a los recursos disponibles.
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