Resumen Latinoamericano •  Internacional •  23/11/2020

Después de reprimir con violencia las manifestaciones, el Gobierno de Guatemala invoca la Carta Democrática de la OEA

Aprobada el 11 de septiembre de 2001, dicha Carta se refiere a alteraciones del orden constitucional y democrático en Estados miembros de la OEA.

Después de reprimir con violencia las manifestaciones, el Gobierno de Guatemala invoca la Carta Democrática de la OEA

Este miércoles, el Congreso aprobó el presupuesto con una deuda pública histórica.

El Gobierno de Guatemala invoca la Carta Democrática de la OEA, luego de disturbios durante las protestas contra el presupuesto y el presidente
Manifestantes en Ciudad de Guatemala, el 21 de noviembre de 2020.Orlando ESTRADA / AFP

El Gobierno de Guatemala ha anunciado este domingo que invoca la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) «frente a los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días», en medio de las protestas que se registran en el país latinoamericano por segundo día consecutivo.

El Gabinete afirma que «los actos de violencia que coordinadamente han alterado la paz pública ponen en grave riesgo la institucionalidad democrática […], así como el legítimo ejercicio del poder por parte de las autoridades democráticamente elegidas».

En cuanto a los fines de dichos actos, las autoridades aseguran que representan «un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado». Por su parte, el presidente, Alejandro Giammattei, «manifiesta su más absoluta apertura a un diálogo» con diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, que debe realizarse conforme a lo que está establecido en la Carta Democrática.htt

Aprobada el 11 de septiembre de 2001, dicha Carta se refiere a alteraciones del orden constitucional y democrático en Estados miembros de la OEA. Prevé una convocatoria inmediata del Consejo Permanente en respuesta a la invocación de cualquier Estado miembro o secretario general de la organización. El Consejo, «según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias». En caso de que sus acciones resulten infructuosas, se convoca la Asamblea General de la OEA, que puede adoptar las «decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas».

La sanción máxima prevista por el documento es la suspensión del Estado miembro, que no lo exime de la necesidad de «continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos».


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