La mitad de las grandes empresas europeas están inmersas en conflictos socio-ambientales fuera de la UE

Alianza por la Solidaridad, con motivo de las próximas elecciones europeas, que se celebran el día 26 de mayo, lanza varias propuestas de cara a los partidos políticos que se presentan y a la ciudadanía convocada para votar en relación a los impactos que generan las empresas europeas cuando hacen sus negocios en el exterior, especialmente en países en desarrollo. Este es un asunto directamente relacionado con la necesidad de que los países de la Unión Europea cumplan de manera eficiente y efectiva los compromisos de solidaridad y defensa de derechos humanos, que son fundamentales. Para Alianza, la forma más eficaz de luchar contra las desigualdades y garantizar estos derechos para todas las personas, vivan donde vivan, pasa por un real desarrollo sostenible, siguiendo los pasos marcados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030.
 
Datos del International Peace Information Service señalan que en la actualidad casi la mitad de las principales empresas de la UE están sujetas a acusaciones documentadas de violaciones de derechos humanos, una situación que se tolera desde las instituciones europeas y a la que hay que poner fin.
 
Por ello, Alianza por la Solidaridad pide a los partidos políticos que se presentan a esta cita electoral que tengan presente su responsabilidad y hace hincapié en dos instrumentos que deben apoyarse y ponerse en marcha para que se ponga freno a estas vulneraciones desde las instituciones europeas.
 
En primer lugar, en las actuales negociaciones de un tratado  internacional vinculante en el marco de Naciones Unidas, como instrumento para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos en todo el mundo, Alianza por la Solidaridad considera que la postura del futuro Parlamento Europeo y la futura Comisión debe ser de clara y contundente en la defensa de este tratado, en lugar de poner trabas, como ha ocurrido hasta ahora, para que se marquen límites a la acción directa de grandes compañías europeas, participadas por capital europeo, contratadas y subcontratas, y se limiten estas violaciones, como las documentadas por Alianza por la Solidaridad con su campaña TieRRRa: el caso de la hidroeléctrica Renace construida por ACS (Guatemala),  la empresa de cultivo de arroz Agrogeba (Guinea Bissau) o la línea férrea remodelada por Sacyr (Mozambique).
 
La organización recuerda que urge aprobar este tratado vinculante y que  es imprescindible contemplar los impactos diferenciados de las operaciones empresariales en mujeres y hombres, clarificar la responsabilidad de las casas matrices de las empresas en toda su cadena de producción, de forma que colectivos y personas puedan demandar a empresas europeas en los países de origen de estas empresas cuando vulneren derechos humanos o cuando lo haga alguna de las empresas subcontratadas o con las que lleguen a acuerdos. En este sentido, destaca la importancia del derecho a una consulta previa, libre e informada en las comunidades afectadas por proyectos, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un asunto que se incumple sistemáticamente y que está generando persecución, criminalización, acoso y muerte de cientos de líderes y lideresas indígenas y comunitarios en muchos países.
 
Por otro lado, es fundamental cumplir el compromiso adquirido en 2011 por la Comisión Europea de desarrollar un plan de acción sobre Conducta Empresarial Responsable, compromiso incumplido durante casi una década.
 
Recientemente, un grupo de trabajo del Parlamento Europeo anunció un audaz Plan de Acción de la UE sobre este asunto en el que se describen los pasos necesarios para garantizar un sector empresarial europeo responsable. La coalición de organizaciones formada por ActionAid (de cuya federación forma parte Alianza por la Solidaridad), Amnistía Internacional, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, la Coalición Europea para la Justicia Corporativa y la FIDH (Federación Internacional para los Derechos Humanos) ha invitado a los candidatos a las elecciones europeas a que apoyen públicamente este Plan y se comprometan a asumir el liderazgo en la implementación de medidas para garantizar una conducta empresarial responsable si son elegidos.

Otra propuesta de Alianza es la aprobación de una directiva sobre la denominada ‘debida diligencia’ de las empresas de la UE , que las obligue a elaborar, publicar y aplicar un plan de vigilancia basado en un inventario de los riesgos de sus proyectos para las libertades fundamentales, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente o el trabajo infantil, siguiendo el ejemplo de la ley de “debida diligencia” aprobada en Francia en 2017 o en Países Bajos.
 
Para Alianza por la Solidaridad, es importante  que el 26 de Mayo se escuche la voz de quienes defienden los derechos, promueven la solidaridad internacional y  el desarrollo sostenible a nivel global, sin olvidar en todo ello la importancia de reconocer específicamente, la labor de las mujeres defensoras de derechos, las cuales, muchas veces, se invisibiliza.