Una treintena de eurodiputados pide al presidente del CICR que envíe una delegación a Marruecos para evaluar el estado de los presos de Gdeim Izik

Bruselas, 19 de diciembre de 2017.

Un total de 28 eurodiputados y eurodiputadas de cinco grupos parlamentarios han enviado una carta al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, sumándose al llamamiento de un centenar de ONG para que envíe una delegación a Marruecos que evalúe el estado de salud en el que se encuentra el grupo de 19 presos políticos saharauis de Gdeim Izik. Además, denuncian las múltiples violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra cometidas por el Reino de Marruecos en el proceso judicial que se cerró en julio de 2017 con sentencias que van de los 20 años de cárcel a la cadena perpetua. 

La misiva, promovida por la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López, refleja las irregularidades cometidas por Rabat desde el desalojo por la fuerza del conocido como Campamento de la dignidad de Gdeim Izik a finales de 2010, hasta la culminación de este segundo juicio a los presos saharauis.

Así, recuerdan que Marruecos tuvo que repetir el proceso contra los presos saharauis porque el primero, llevado a cabo por un Tribunal Militar en 2013, fue declarado nulo por el Tribunal Supremo por falta de pruebas. A pesar de ello, siguieron detenidos y fueron sometidos a constantes abusos y malos tratos. Así lo corroboró el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en diciembre de 2016, tras estudiar las alegaciones de uno de los prisioneros, Naama Asfari, quien había denunciado haber sido víctima de torturas.

“Más allá de las numerosas irregularidades procedimentales e incumplimiento de los principios reconocidos por la legislación internacional, como el derecho a un juicio justo, queremos denunciar en esta carta la violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe el uso de la tortura”, señalan.

Por otro lado, el hecho de que ambos juicios, tanto el Militar como el celebrado en el Tribunal de Apelación de Salé, se celebraran en Marruecos, ya choca de por sí con la Convención, al haberse llevado a cabo en una sede extraterritorial. Marruecos, al ser fuerza ocupante, no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre los territorios del Sáhara Occidental. Los hechos de los que se acusa al grupo de Gdeim Izik ocurrieron en el Sáhara Occidental, y por tanto, deberían haber sido juzgados allí.

“Su mandato le permite requerir que se aplique la Cuarta Convención de Ginebra para proteger a la población civil, incluyendo el principio promulgado en el artículo 46 sobre la prohibición de transferir población fuera de los territorios ocupados”, recuerdan, antes de insistir en que “deportaciones como las de los presos de Gdeim Izik constituyen otra seria violación”.

Además de criticar la política de dispersión de presos llevada a cabo por Marruecos -que ha distribuido a los detenidos en siete cárceles distintas, provocando que esto sea un escollo insalvable para muchas de las familias a la hora de desplazarse para visitarlos-, los eurodiputados inciden en que las condiciones de salud de muchos de ellos se han deteriorado gravemente, ya sea por la última huelga de hambre, que ha durado 30 días, o por las enfermedades crónicas de algunos.

En la carta se cita los casos concretos de Naama Asfari, cuya pareja, ciudadana francesa, tiene prohibido visitarle; de Abdel Jalil Laaroussi, cuyas “condiciones de salud son alarmante por culpa de las torturas”; y de Abdallahi Abbahah y Ahmed Sbaai, confinados en celdas de aislamiento de 1,5 metros cuadrados. Este último, además, sufre una enfermedad cardiovascular grave de la que no está siendo tratado.

Estos casos, indican, “son sólo unos pocos ejemplos de las condiciones que soportan los activistas”, mientras “deberían ser considerados personas protegidas de acuerdo con el artículo cuatro” de la ya mencionada Convención.

Por todo ello, concluyen apelando al artículo 143, “le pedimos que el Comité Internacional de la Cruz Roja envíe una delegación a los lugares de detención de los 19 presos” para comprobar sobre el terreno su estado de salud y corroborar las violaciones que denuncian en la carta.