Petro acusa al Banco de la República de empujar a Colombia hacia el abismo económico
Advierte que el alza de tasas de interés expulsará la producción de Nariño y Putumayo hacia Ecuador, entregará el comercio fronterizo al contrabando y fortalecerá a las mafias del narcotráfico. En paralelo, acusó a tercerizadoras de Ecopetrol de financiar grupos paramilitares y denunció una conspiración judicial en su contra.
El presidente colombiano Gustavo Petro libró este lunes una batalla en varios frentes. El más encendido fue el económico. La Junta Directiva del Banco de la República incrementó en dos puntos la tasa de interés, y el mandatario no tardó en responder con una calificación que resumió su postura como una medida «brutal e irracional», producto de la venganza del establecimiento financiero contra su Gobierno, y no de ningún criterio técnico que pueda sostenerse ante los productores de las regiones fronterizas.
Las consecuencias, según Petro, ya están en marcha. La revaluación del peso encarece las exportaciones colombianas y abarata las importaciones, golpeando directamente a quienes producen. En Nariño y Putumayo ese golpe tiene nombre y destino: la producción migra hacia Ecuador, donde los costos compiten mejor. El Presidente fue categórico al señalar al Banco Central como responsable de ese desplazamiento. La política del Gobierno ecuatoriano —dijo— no tiene nada que ver.
Detrás de esa decisión, Petro identificó una lógica que no es económica ni técnica. Los capitales especulativos entran al país atraídos por las tasas altas, engordan los márgenes de banqueros nacionales y extranjeros a quienes tildó de «parásitos», y drenan la riqueza que debería quedarse en manos de los productores. Quien retiró su dinero de Colombia apostando a una debacle inminente —dijo— ya perdió parte de su capital. El dólar cae. Eso es el resultado de lo que el mandatario llamó «sectarismo político violento» disfrazado de política monetaria.
Desde Ipiales, donde se desarrolló un Consejo de Ministros, la denuncia adquirió una dimensión territorial. Cerrar la frontera con Ecuador no detiene el flujo comercial, lo criminaliza. La selva amazónica tiene sus propios pasos, francos para la cocaína y para cualquier mercancía que encuentre en la ilegalidad un camino más rentable que el oficial. Prohibir el comercio legal —argumentó Petro— es un regalo para las mafias porque les entrega los territorios, les asegura el mercado y les lava el dinero por la vía del contrabando que nadie controla.
El círculo que describió es perverso en su lógica. La política monetaria expulsa la producción; el cierre fronterizo la criminaliza; las mafias prosperan. Al final, las regiones fronterizas quedan atrapadas entre una economía formal que las abandona y una economía ilegal que las absorbe. Ese es el mapa real —dijo— que el Banco de la República debería tener sobre la mesa antes de mover las tasas.
Para romper ese ciclo, Petro anunció un paquete de medidas de emergencia. Arancel cero para productos esenciales de importación, subsidios directos para la producción nacional que no logre colocarse en el mercado ecuatoriano y apertura del mercado venezolano como destino alternativo de exportación. La propuesta apunta a sostener a los productores mientras el Banco Central, en su lectura, les da la espalda.
El llamado al mercado venezolano no es casual. Petro rechazó la suspensión del Pacto Andino y volvió a defender su visión de una Gran Colombia que integre a Ecuador, Venezuela y Colombia como bloque capaz de resistir las presiones externas que, a su juicio, buscan fragmentar América Latina. La integración regional, en su relato, deja de ser un ideal romántico para convertirse en la respuesta práctica ante un modelo financiero que opera contra los pueblos.
Ecopetrol, paramilitares y la advertencia a FECODE
El frente energético no fue menor. Petro acusó a las empresas tercerizadoras que operan contratos con Ecopetrol de enriquecerse organizando paros mientras financian el paramilitarismo. Aseguró haber sido testigo directo de cómo esos contratos pagaron a grupos armados que asesinaron trabajadores de la estatal en Barrancabermeja, y vinculó a altos ejecutivos con transferencias de dinero sin justificación, extendiendo la red de responsabilidades hasta la Fiscalía General y los propietarios de medios de comunicación.
El frente sindical llegó con nombre propio. Petro advirtió tener en su poder los nombres de dirigentes de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) presuntamente sobornados por intermediarios que, en sus palabras, «roban la plata de los maestros». La advertencia fue pública y sin matices: si convocan a huelga, los nombrará.
En el cierre de la jornada, Petro reafirmó que existe una estrategia judicial para implicarlo en un caso de «sobretopes» en su campaña presidencial, sin pruebas que la sostengan. Lamentó la muerte de colombianos en el exterior —entre ellos una madre fallecida días después de tramitar su pasaporte en el consulado de Monterrey— y alertó sobre 15 compatriotas en Teherán cuyos hijos enfrentan el servicio militar en zonas de alto riesgo.
Defendió también que el impuesto predial debe financiar agua, educación y vías campesinas, y criticó que la Corte Constitucional haya bloqueado su aumento en terrenos aledaños a las autopistas 4G, lo que —dijo— engorda el patrimonio de los hacendados con inversión pública sin contraprestación alguna. Muchos frentes abiertos para un solo día. Ninguno, según Petro, puede esperar.
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