México. Conflictos ambientales y la resistencia de las comunidades. Los casos del Nuevo Aeropuerto y la minera First Majestic
Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país.
Jalisco es el estado con mayor injerencia de la industria minera en regiones boscosas (41 concesiones), seguido de Chihuahua (53), Durango (32), Sonora (56) y Sinaloa (78). En conjunto dichos estados ceden 8.4 millones de hectáreas de su territorio para empresas mineras tanto nacionales como trasnacionales.
Debido a su crecimiento exponencial, la industria minera en México genera conflictos socioambientales que van desde la contaminación de aguas y devastación de los territorios, hasta asesinatos y desplazamiento forzado de comunidades enteras.
No obstante los marcos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por México, los derechos de las comunidades son violentadas y se les niega el derecho a su libre determinación o se simulan procesos de consulta que permiten la legitimación y desarrollo de los proyectos mineros. Desde el año 2000 existe registro del crecimiento exponencial en el número de concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano quien además aprobó la Ley Minera que enfatiza el carácter preferente de la actividad minera por sobre otros usos de los bienes naturales.
En dicho marco y hasta 2017, las empresas mineras extrajeron el equivalente al doble de oro y la mitad de la plata extraídos durante los 300 años de colonia española en México. En total dicha industria genera una utilidad anual promedio mayor a 200 mil millones de dólares.
“Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México” se titula la investigación que señala que más de 16 millones de hectáreas de bosques y selvas en el país norteamericano, 44% del total de proyectos mineros a nivel nacional, se encuentran concesionadas o asignadas para el desarrollo de actividades mineras, ya sea en fase de exploración, desarrollo o explotación.
El informe también destaca que los 11,843 núcleos agrarios forestales reconocidos en México, poco menos de la mitad, 4,997 tienen una fracción de su territorio concesionado; inclusive existen traslapes entre concesiones y Áreas Naturales Protegidas (2 mil 521 concesiones mineras en 4 millones de hectáreas); predios que reciben Pagos por Servicios Ambientales (mil 243 concesiones mineras en 434,483 ha) y/o con Aprovechamiento Forestal Maderable (3 mil 742 concesiones mineras en 12.6 millones ha).
Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
ZACATECAS: EXIGEN CANCELACIÓN DE CONCESIÓN MINERA
Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes del Movimiento Civil Chalchihuites, del municipio de Chalchihuites en Zacatecas, exigieron al gobierno federal la cancelación inmediata de las concesiones mineras otorgadas a la empresa First Majestic, la cual opera en el territorio desde 2007 a través de la la Unidad Minera El Toro, compuesta por las minas San Juan, San Nicolás y Dolores.
Explicaron que las minas en el municipio fueron instaladas sin la consulta y autorización del cabildo y los habitantes y que desde entonces han notado los efectos nocivos para la naturaleza y la salud de la población, como el desabasto de agua, devastación de las tierras y daños físicos en la piel, ojos, aparato respiratorio y oídos.
“Nos encontramos en total indefensión, sin atención médica adecuada y sin dinero para poder atender el tamaño de los problemas que actualmente tenemos y que nunca nos mencionaron como parte del supuesto ‘progreso’ y ‘desarrollo’ que la mina traería”, señaló el Movimiento Civil Chalchihuites.
Los integrantes agregaron que las promesas de empleo también “han sido incumplidas, y sus operaciones han sido las causales del daño a la flora y a la fauna” del municipio y los alrededores.
Explicaron que en 2017 la minera procesó 278 mil 204 toneladas de mineral con el uso de 834 millones 612 mil litros de agua “que equivalen al consumo de la población de todo el municipio durante 7.2 meses”. “No sólo usan el agua, sino que la contaminan y sus desechos van a parar a los ríos Súchil y Chalchihuites, poniendo en riesgo la vida: los cultivos, la flora, la fauna y la vida humana, considerando que los principales químicos empleados son el plomo y el arsénico”, denunciaron.
Además, desde hace tres meses la empresa ha detonado explosivos que provocan movimientos del suelo y grietas tanto en viviendas como en edificios públicos. “A la fecha tenemos daños en más de 50 casas y seguimos censando; el temor de que suceda una catástrofe nos acompaña día y noche”, agregaron.
Por ello, exigieron la realización de un estudio hidrogeológico integral de la cuenca que puntualice los impactos negativos de la mina en la naturaleza y las actividades económicas del municipio, así como uno geotécnico para esclarecer los efectos en la salud de los habitantes.
Además, pidieron que la autoridad municipal, tanto el presidente como el cabildo, asuman su responsabilidad e interpongan la demanda correspondiente ante la Secretaría de Economía para realizar la investigación correspondiente y ordene las medidas necesarias para preservar la integridad física y la vida.
COMUNIDAD VECINA AL NUEVO AEROPUERTO DE CIUDAD DE MÉXICO: “DESPRECIAN LA VOZ Y LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES”
Ciudad de México | Desinformémonos. Para probar que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) trae consecuencias negativas para los pueblos y el medio ambiente, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) pidieron que se les incluya en la mesa técnica para revisar la viabilidad del proyecto.
“Llevan menos de 10 por ciento de su plan de construcción y ya vemos las graves afectaciones: se acaban los cerros, roban nuestra agua, contaminan los suelos, abren caminos por nuestros ejidos y ocasionan accidentes, despreciando la voz y las necesidades de los habitantes”, señaló el Frente.
A pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que los contratos otorgados a las empresas deberían ser públicas para la construcción de la nueva terminal aérea, hasta diciembre de 2017 fueron entregadas 292 licitaciones a 235 empresas por un monto de 127 mil 600 millones de pesos, recordó Julieta Lamberti, de la asociación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
De los contratos entregados, “196 no se sometieron a concurso, sino que fueron adjudicados de manera directa a una empresa, lo que representa casi 90 por ciento de las obras”, indicó Lamberti.
“Sabemos que tienen en la mira el despojo y nuestra desaparición para edificar ahí sus hoteles y centros comerciales”, agregaron los integrantes del FPDT, pero aseguraron que ni los recursos naturales ni la convivencia de las comunidades en el entorno “están a la venta”.
“Si su idolatría e intereses políticos no les alcanzan para ver el problema de manera integral y profunda, seguiremos insistiendo otros 17 años. Para entonces será un crimen de lesa humanidad por haber despreciado e ignorado la voz de los pueblos”, indicaron.
En enero pasado, el segundo tribunal colegiado del segundo circuito resolvió el recurso de revisión 383/2017, interpuesto contra la sentencia de la juez novena de distrito que negó el amparo contra la edificación del NAICM, explicó por su parte el representante legal del FPDT, Sandino Rivero.
De acuerdo con el abogado, la juez marcó que es necesario ampliar la prueba pericial en antropología para verificar si los afectados son pueblos originarios y así determinar la aplicación de los derechos fundamentales previstos en el artículo 2 constitucional.
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