La justicia peruana desbarata las pretensiones de la extrema derecha de cara a la segunda vuelta de las presidenciales
- El acceso del candidato presidencial progresista Roberto Sánchez al balotaje del 7 de junio parece inevitable hoy, cuando se desvanecen alegatos de fraude y otras exigencias del inminente derrotado derechista extremo Rafael López Aliaga.

Con más de 98 por ciento del lento escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del proceso electoral de las presidenciales peruanas, el analista Nicolás Lúcar hizo un análisis sobre el número de actas de votación del exterior y de las que faltan para proclamar la semana próxima la segunda vuelta.
Añadió que cualquier proyección arroja, teniendo en cuenta factores como el promedio de votación recibida por cada uno en las zonas de las actas pendientes y el ausentismo, que no hay posibilidad de que Sánchez no sea el contendor de la neoliberal Keiko Fujimori, ganadora de la primera vuelta.
El resultado de la pugna por clasificar a esa instancia será por un estrecho margen, que hasta este mediodía era de apenas 22.246 votos a favor de Sánchez, mínima diferencia que da pie a López Aliaga para declararse, en un lenguaje agresivo, amenazante y que muchos considera vulgar, para sostener que ha sido despojado de la victoria.
López Aliaga insiste en que el Jurado Nacionald de Elecciones detenga el proceso y no proclame resultados, para lo cual ha recibido el apoyo de una agrupación de organizaciones empresariales a su exigencia de que se anulen las actas electorales de la serie 900, cuestionando su legalidad por tratarse de centros poblados alejados en los que ganó con amplitud Sánchez, quien si fuera privado de esos votos, quedaría fuera del balotaje.
El acaudalado empresario y católico integrante de la agrupación religiosa ultraconservadora Opus Dei, sostiene que se trata de localidades autorizadas en 2006 para elegir sus autoridades municipales y están por lo tanto impedidos de votar en elecciones generales como las actuales.
La subgerente de la ONPE, Milagros Uipan, explicó que desde aquella década hay comicios en esas poblaciones lejanas porque el organismo electoral lo decidió para que más de un millón de ciudadanos, en su mayorá pobres, puedan votar y evitar el ausentismo causado por sus dificultades para desplazarse.
Además de un sector empresarial, López Aliaga solo tiene el respaldo de un grupo de alcaldes distritales limeños mayormente de su partido, Renovación Popular, a los que no se sumó el de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima Metropolitana y del país, con un millón de habitantes.
En su más reciente maniobra, amenazó con hacer una ‘Marcha de los Cuatro Suyos’, nombre de una masiva movilización como la que se realizó en el año 2000, contra la segunda reelección del entonces gobernante Alberto Fujimori.
Sin embargo, aumentan los pronunciamientos institucionales que descartan la narrativa del fraude, como la Defensoría del Pueblo (Ombdusman), cuyo titular, Josué Guiérrez, declaró que más de 20.000 veedores de su organismo solo reportaron irregularidades.
“No existen pruebas fehacientes de fraude electoral. De los reportes recibidos en el día; de las coordinaciones con misiones extranjeras de observadores, de la presencia activa del Ministerio Público, podemos repetir esta conclusión: no existen pruebas fehacientes de fraude electoral”, agregó.
Inclusive un político conservador como el exparlamentario Javier Velásquez declaró que los reclamos de López Aliaga carecen de validez y llamó a respetar los resultados oficiales y el balotaje del 7 de junio.
Lúcar señaló que el resultado estrecho no es determinado por un fraude, sino que refleja la realidad de polarización del electorado, como ocurrió también en los comicios de 2021, cuando el maestro rural Pedro Castillo ganó la Presidencia por estrecho margen a Fujimori.
Esta vez, como obtuvo el primer lugar en la vuelta anterior, no se sumó a López Aliaga, como hizo en 2021 contra la elección de Castillo, quien en diciembre de 2022 fue encarcelado y destituido por el Parlamento de mayoría conservadora, después que intentó cerrar el Congreso.
Para muchos, el llamado de Castillo a votar por Sánchez y la promesa de este de indultar al exgobernante condenado a 15 años por el presunto delito de conspiración para la rebelión, fue decisivo por el apoyo de sectores provincianos dolidos por la defenestración del expresidente.
