En el Día Mundial de los Océanos sobran eslóganes y falta enfoque ecosistémico

Una corriente conservadora en Europa, apoyada por el Gobierno de España, impulsa un nuevo reglamento de pesca que pone en riesgo los avances en sostenibilidad alcanzados en los últimos años. Avances como la recuperación del atún rojo, que pasó del riesgo de extinción a permitir más capturas cada año; el equilibrio entre el esfuerzo pesquero y el estado saludable de muchas poblaciones de peces en el Atlántico; o la mejora de la selectividad del arrastre gracias al Plan Plurianual de Especies Demersales del Mediterráneo.
Ecologistas en Acción destaca que, bajo el argumento falaz de que “la dimensión ambiental de la Política Pesquera Común (PPC) tiene más peso que la dimensión social”, se pueden debilitar objetivos que acabarán beneficiando a grandes empresas pesqueras europeas. Para la organización ecologista, los objetivos ambientales y sociales de la pesca van de la mano; de hecho, la autonomía económica y política de las comunidades pesqueras así como la conservación de los ecosistemas marinos es una reivindicación compartida tanto por organizaciones ambientales como por diversos grupos del sector pesquero.
Por otro lado, la ley actual de pesca española (Ley 5/2023 de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera), que deriva de la PPC europea, cuenta con numerosas herramientas para hacer la pesca más social y sostenible, entre otras: la gobernanza participativa de pesquerías y reservas marinas, la reducción de las capturas incidentales o el desarrollo de planes de gestión adaptados a la realidad del terreno. Sin embargo, estas herramientas de la ley no se han desarrollado ni implementado todavía.
Otro ejemplo sobre el potencial de la regulación actual pesquera para a avanzar hacia una pesca más social es el artículo 17 de la PPC (que se traduce en el artículo 32 de la Ley de pesca española), que permite un reparto de los derechos de pesca basado en criterios ambientales y sociales, no solo en el historial de capturas de las embarcaciones. Su correcta aplicación favorecería a las flotas locales y costeras frente a la acumulación de cuotas en manos de grandes empresas, además de incentivar prácticas pesqueras más sostenibles. A pesar de su existencia, “esta herramienta está desaprovechada y, en lugar de reforzarse, la deriva política actual amenaza con debilitarla aún más”.
A todo esto se suma otra amenaza: el debilitamiento de las directivas europeas de Hábitats y Aves. Estas normas han sido fundamentales para proteger ecosistemas marinos clave como las praderas de Posidonia oceanica y otras plantas, los arrecifes de corales y gorgonias, los montes submarinos o los fondos blandos de arena. Por ello, Ecologistas en Acción apunta que “en respuesta a esta ola de hachazos a la normativa que protege la naturaleza, instamos a la ciudadanía a mostrar su oposición a la desregulación que está imponiendo la Comisión Europea, participando en la recogida de firmas de la campaña internacional Hands Off Nature (“Quitad las manos de la naturaleza”) en colaboración con otras organizaciones europeas. Hasta la fecha se han recogido casi 500.000 firmas”.

Las reservas marinas de interés pesquero, un éxito abandonado a su suerte

Las reservas marinas de interés pesquero (RMIP) son una de las figuras de conservación más exitosas del Estado español. Están diseñadas para compatibilizar la protección de ecosistemas —como las praderas de Posidonia oceanica y los fondos coralígenos— con la pesca sostenible. En su interior aumenta la biomasa de especies comerciales, crecen las tallas medias y se recupera la biodiversidad. Este «efecto reserva» nutre con huevos y alevines otras zonas permite la pesca en  zonas cercanas.
Pero este éxito descansa sobre dos pilares: la vigilancia efectiva y el seguimiento científico. Sin ellos, las reservas se desmoronan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. En el  último año, la financiación en todas las reservas marinas se ha recortado sistemáticamente, lo cual se ha traducido en una reducción drástica de los servicios de vigilancia en reservas marinas que cuentan con décadas de antigüedad, como los de las Islas Columbretes o la isla de Tabarca, con el pretexto de la modernización tecnológica de la flota pesquera profesional, que tendrá lugar en torno a 2030.
En este contexto, Ecologistas en Acción denuncia que la principal amenaza en las reservas no es la pesca profesional regulada, sino el furtivismo, especialmente la pesca submarina ilegal nocturna, que puede acabar con los grandes reproductores en cuestión de horas. Sin vigilancia presencial —nocturna y en fines de semana—, los pescadores furtivos actúan con impunidad.  Y aunque la mejora tecnológica puede ayudar con el seguimiento de la actividad pesquera profesional, no sustituye la capacidad de respuesta y disuasión del personal profesional sobre el terreno, ni protege a los meros de los arpones ilegales. En este sentido, más de 250 investigadores/as han alertado sobre el papel irremplazable de la vigilancia humana.
Un ejemplo de ello es la Reserva Marina de Tabarca, donde casi cuatro décadas de protección han servido para recuperar poblaciones de meros, cigarras o doradas, y conservar praderas de Posidonia oceanica, a la par que mantener el modo de vida de pesca tradicional y artesanal. Sin embargo, este éxito reconocido internacionalmente está ahora en riesgo.
Cecilia del Castillo, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: “Las Administraciones como la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación llenan hoy la prensa con sus comunicados de buenas intenciones y compromisos con la conservación. Sin embargo, la realidad habla de recortes, despidos y desprotección. Es paradójico y profundamente preocupante. ¿Estamos dispuestas a tirar décadas de trabajo a cambio de un modelo evidentemente tecno optimista?”

Más vigilancia, seguimiento científico y conservación

Para revertir esta situación y favorecer la autonomía económica y política de las comunidades pesqueras así como la conservación de los ecosistemas marinos, Ecologistas en Acción propone las siguientes medidas:
1. Rechazo a toda ley ómnibus europea que reduzca la ambición socioambiental de las directivas Hábitats, Aves, las Estrategias Marinas y la Política Pesquera Común.
2. Implementación efectiva del artículo 17 de la PPC para un reparto de derechos de pesca basado en criterios ambientales y sociales, no solo económicos, a través de un RD de gestión pesquera verdaderamente ambicioso.
3. Implementación total de la Ley de Pesca española (Ley 5/2023 de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera) para alcanzar una pesca más social y sostenible.
4. Recuperación inmediata de los servicios de vigilancia en la reserva marina de interés pesquero con presencia diaria, nocturna y en fines de semana.
5. Aumento de la financiación para vigilancia, seguimiento científico y conservación marina, revirtiendo los recortes en las reservas del Mediterráneo español.
6. Coherencia política: no se puede defender la sostenibilidad y al mismo tiempo recortar los medios que la garantizan.