Plataforma Víctimas Tren Santiago: «Trece años de Angrois: Sin justicia y sin una investigación independiente las tragedias se repiten»

Comunicado

Trece años después del descarrilamiento del tren Alvia en la curva de A Grandeira, con 80 muertos y más de 140 heridos, las víctimas seguimos reclamando verdad, justicia y responsabilidades. Este aniversario no solo llega marcado por la indignación ante los últimos fallos judiciales, sino por la dolorosa constatación de que las tragedias se repiten cuando un Estado decide mirar hacia otro lado.

La reciente y dolorosa tragedia de Adamuz, que se cobró 46 vidas y cientos de heridos, confirma lo que llevamos años denunciando: si no se investiga de forma independiente, no se depuran responsabilidades y se incumplen las normativas de seguridad, las tragedias —que no accidentes— se repiten.

Tras Angrois, los sucesivos gobiernos de PSOE y PP prefirieron sellar el denominado «pacto de la curva». En lugar de aprender, el Estado puso en marcha toda su maquinaria —Abogacía del Estado, Fiscalía, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Xunta imponiendo peritos y el Consejo General del Poder Judicial— para eximirse de su responsabilidad y culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista.

Se ignoraron avisos explícitos de peligro, se rebajó la seguridad modificando el proyecto original, no se instaló la señalización ni la baliza necesaria, no se hizo la evaluación de riesgos preceptiva y jamás se realizó una investigación independiente como ha exigido Europa reiteradamente.

Frente al blindaje del Estado, hemos luchado durante años en Europa para lograr que la verdad salga a la luz, consiguiendo que:

• La UE abriera dos procedimientos de infracción a España por incumplir de forma sistemática la normativa de seguridad ferroviaria.
• Una Auditoría a Renfe y ADIF a la que conseguimos acceder en noviembre de 2024,tras superar las trabas del Gobierno. La comisaria europea de Transportes dirigió una carta al Gobierno expresando su alarma por las graves «deficiencias» en el sistema ferroviario. Alertó de que los «sistemas de gestión de la seguridad» existían «sobre el papel», pero no se aplicaban correctamente, y denunció la falta total de nexo entre la evaluación de riesgos y la vigilancia diaria

Recientemente hemos asistido a la impunidad judicial, con la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña, que absolvió al exalto cargo de ADIF Andrés Cortabitarte —quien desconectó el sistema de seguridad que hubiera evitado la tragedia y certificó la línea como segura, sin realizar el análisis de riesgos obligatorio. Con esta absolución se afianza una idea demoledora: las decisiones técnicas y políticas que causaron la tragedia no tienen consecuencias penales, ni políticas.

Genera estupor que la presidenta y ponente de la Audiencia elegida por el CGPJ, Ana Belén Sánchez González, en la sentencia dé por válida la investigación de la CIAF, cuyo equipo investigador, tal y como consta en el propio informe, estaba formado por el director de seguridad de Adif y de Renfe. Habrá que estar atentos a la carrera judicial de Ana Belén Sánchez González

Por supuesto, hemos recurrido esta absolución ante el Tribunal Constitucional, apoyados en el voto particular de la propia resolución y en la sentencia del Juzgado de lo Penal de Santiago.

¿Culpar o aprender?

Ostentamos el triste récord mundial de tragedias y fallecidos en alta velocidad. Se pudo elegir entre culpar o aprender, pero se optó por la vía fácil: Eligieron culpar a quien no tiene autoridad y no aprender de los numerosos fallos de gestión. La consecuencia es obvia: la repetición de tragedias.

Deberíamos mirar a países como Japón, donde Shinkansen ópera desde 1964 sin que se haya registrado ni una sola víctima mortal o herido en accidentes de alta velocidad. Allí, la seguridad es la prioridad; aquí, la prioridad son las prisas, el rédito político y proteger la imagen institucional.

Ha vuelto a suceder una tragedia ferroviaria en Adamuz y seguirá ocurriendo si no cambian las cosas, por lo que exigimos:

• Una investigación independiente, llevada a cabo por la nueva Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte, tal y como exige Europa.
• Una petición pública de perdón institucional por parte del Estado por el trato dado a las víctimas durante todos estos años, por las mentiras vertidas —como la negación sistemática de que fuera una línea de alta velocidad—, por los intentos de ocultación y por las trabas puestas para impedir una investigación independiente.
• Que la seguridad de los viajeros sea la prioridad absoluta, situándola de manera firme y permanente por encima de cualquier interés electoral o comercial

Trece años después, seguimos esperando verdad, justicia y asunción de responsabilidades. Y no dejaremos de luchar hasta conseguir que la vida de los pasajeros valga más que los intereses de cualquier gobierno o institución.

En memoria de las víctimas, y para que no vuelva a suceder.

24 de julio de 2026.