Un informe del Consello da Cultura Galega deja en evidencia el desastre ambiental, patrimonial y social provocado por el actual desarrollo eólico del Gobierno Feijóo

Si bien el Consello da Cultura Galega valora en términos positivos la implantación de la energía renovable para Galicia considera que «la manera en la que está desarrollando resulta negativa» para ámbitos sociales como el cultural y el económico, ya que está afectando al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio».

Por este motivo el informe pide, en primer lugar, la revisión del actual Plan Sectorial Eólico de Galicia -creado en 1997- para que se someta a una evaluación ambiental estratégica que tenga en cuenta las Directrices da Paisaxe, la protección de los valores culturales del territorio fijadas por la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia y también el atender a los valores naturales de unos espacios que aún no han sido incorporados a la Red Natura.

Con el objetivo de hacer esta revisión, el CCG considera que «urge solicitar una moratoria en la autorización de parques«, tanto en los que ya están en trámite como en las nuevas solicitudes, con el fin de corregir errores.

El CCG sostiene su afirmación en dos principios ambientales que a su juicio «deben ser señalados como justificación jurídica», que son por una parte, el principio de precaución, es decir, el peligro de daño grave o irreversible sobre los espacios y el principio de no regresión ambiental, que implica una rebaja de los niveles de protección ambiental existentes.

El informe, realizado en el marco de las competencias del CCG como ente consultivo, fue elaborado por una comisión técnica temporal creada al efecto, coordinada por Rebeca Blanco-Rotea e integrada por el jurista Carlos Amoedo Souto, el arqueólogo David Barreiro Martínez, la arquitecta Teresa Nieto Freire, el geógrafo Augusto Pérez Alberti, el economista Xabier Simón y el arqueólogo Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez.

El texto considera que el actual sistema de implantación de parques eólicos en Galicia «supera la capacidad de carga del sistema natural, rompiendo con la imagen del paisaje tradicional y con la memoria colectiva de sus habitantes». Por estos motivos, el documento insta a salvaguardar lugares que atesoran valores naturales, culturales, paisajísticos, etnográficos o históricos.

Entre las medidas destacadas que solicita el informe del CCG está la necesidad de ampliar y definir con precisión el espacio relativo a la Red Natura, pues solo el 12% del territorio gallego está reconocido como tal, muy por debajo de la media estatal, situada en torno al 27%.

UN DESARROLLO EÓLICO GENERADOR DE CONFLICTOS

El informe también se adentra en el origen del conflicto social que está provocando el despliegue masivo de proyectos por todo el territorio, con un crecimiento anual de solicitudes que se produce desde el 2018 por cambios significativos en el ámbito regulatorio, el primero de los cuales fue la Lei 5/2017, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, que apuntó «al camino de la liberalización del sistema» y » a eliminar cualquier trazo de competitividad entre promotores», dado que con esta ley «desaparecieron las convocatorias anuales de potencia para instalar» ,y «se esfumaron los criterios sociales y económicos como determinantes para la decisión de a quien asignar nueva potencia», diseñándose, asimismo, «un mecanismo liberalizador que garantice el procedimiento administrativos de admisión y autorización sin necesidad de ofrecer ninguna contrapartida socioeconómica a la sociedad gallega».

El segundo fue la Lei 9/2021, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, que establece una excepción a las áreas incluidas en el Plan Sectorial Eólicos. Esto ha implicado, según el informe, «que desde este momento todas las tierras rústicas de Galicia sobre las que no existe figura de protección ambiental podrán albergar parques eólicos». En este sentido, el CCG considera que «esta ley solo tuvo en cuenta la idoneidad de las localizaciones desde el punto de vista eólico y no las de carácter paisajístico ni los valores relacionados con el patrimonio cultural y natural» sin adaptarse en ningún caso «a las directivas europeas de impacto ambiental» y «eliminando el informe preceptivo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural». El texto recuerda que una gran cantidad de patrimonio cultural gallego «está en suelo rústico, permanece oculto y, por tanto, no está incorporado en ninguno de los inventarios o instrumentos de protección que reconoce la normativa vigente y, al no existir informe específico, «corre riesgo de desaparición».

REACCIÓN POLÍTICA AL INFORME DEL CCG

Por su parte, la reacción política al documento publicado por el organismo consultivo no se ha hecho esperar. Para el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez las conclusiones del mismo son «demoledoras con las políticas de Feijóo, están llenas de sentido común y coinciden con lo que se ha venido reclamando desde hace años como un mínimo imprescindible para una política sostenible» en lo referente al desarrollo e implantación de la energía eólica en territorio gallego.

Antón Sánchez, portavoz nacional de Anova / Parlamento de Galicia 

Sánchez, que durante su doble etapa como parlamentario autonómico en las novena y décima legislaturas fue uno de los responsables políticos con más iniciativas presentadas en el ámbito eólico valora que el informe del CCG «deja al desnudo la desprotección del paisaje, del patrimonio y de la biodiversidad que las políticas en el sector eólico del Partido Popular provocan en el país».

Por este motivo, considera que Feijóo tiene que salir a dar explicaciones y comprometerse a rectificar «su política de connivencia con las eléctricas que entrega el país para su negocio» en aras de defender el interés general de la población y no las cuentas de resultados de inversores y accionistas de las grandes corporaciones del sector energético.