Redacción •  Galicia •  17/09/2021

Cornado Mina Non: «La sociedad gallega ni puede ni debe permitir la reapertura de la mina de Touro»

La plataforma vecinal recuerda que la multinacional chipriota Atalaya Mining tiene un largo pasado de incumplimientos y sanciones en su proyecto andaluz de Riotinto, lo que demuestra a su juicio que sus maneras «están bien lejos de ser las que venden publicitariamente» en su propuesta de reapertura del proyecto metalífero en la comarca de Arzúa.

Cornado Mina Non: «La sociedad gallega ni puede ni debe permitir la reapertura de la mina de Touro»

Según detalla en un comunicado «la evolución de la empresa daría para una novela de terror«, comenzando por la condena e ingreso en prisión en noviembre de 2020 de Carlos Ruiz Estévez de Castañeda, exdirector de las minas de Riotinto, por apropiación indebida de más de 650.000 euros que la empresa matriz Emed Mining -actualmente Atalaya Mining-, aportó para financiar el proyecto.

Además, en 2017, la Fiscalía actuó de oficio presentando denuncia contra Atalaya Mining en Riotinto por un delito de «contaminación atmosférica con grave riesgo para la salud de las personas», tras detectarse múltiples incumplimientos en la autorización ambiental unificada (AAU) por la emisión incontrolada de nubes de polvo, que durante la primavera y verano de 2016 alertaron y perjudicaron a las poblaciones colindantes, según demostró el Instituto Nacional de Toxicología, que indicó la superación de los límites de partículas además de los valores medios de cobre, zinc y arsénico, superando hasta diez veces los valores promedio, lo que derivó en un expediente sancionador por parte de la Junta de Andalucía de 105.000 euros.

RIOTINTO, UNA BOMBA DE RELOJERÍA

Por otra parte -señalan desde Cornado Mina Non- el «ejemplo» de Riotinto indica que según los expertos, en el caso de rotura de sus balsas -tal y como expuso un estudio de la compañía Ayesa que en 2014 evaluó los riesgos de su reapertura-, el aluvión de lodos tóxicos podría alcanzar un caudal máximo de 34.716 metros por segundo y los residuos llegarían a recorrer 111 kilómetros hasta llegar al mar arrasando a su paso tres municipios del río Odiel -Gibraleón, Palos de la Frontera y Punta Umbría-, e incluso dos barrios de la ciudad de Huelva.

«Comparativamente, si la catástrofe de Aznalcóllar supuso en 1998 el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos contaminantes, Riotinto vertería hasta diez veces más, alcanzando los 63 millones de metros cúbicos» -alertan desde el colectivo vecinal-.

RIOTINTO, UN PROYECTO DE ALTA SINIESTRALIDAD

Por otra parte, para Cornado Mina Non, está la alta siniestralidad registrada en el proyecto de Atalaya Riotinto, denunciada de numerosas ocasiones por los equipos de salud laboral de Comisiones Obreras (CC.OO) y otros sindicatos. De hecho, el último suceso ocurrio el pasado mes de agosto en la corta minera de Cerro Colorado, en la que un trabajador terminó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Comarcal de Huelva «echando por tierra la publicidad de la minera» y sus «certificaciones» y «premios» internacionales de seguridad en el trabajo.

OPOSICIÓN SOCIAL A LA REAPERTURA DE LA MINA DE TOURO

Por todos estos motivos, la agrupación vecinal considera que «la sociedad gallega ni puede ni debe permitir la reapertura de la mina de Touro» recordando que, a la vista de los hechos, estas son las circunstancias en las que Alberto Lavandeira, como director ejecutivo de Atalaya Mining habla a la sociedad civil en términos como «el mejor proyecto industrial-minero de Europa», «sin riesgos de contaminación ni vertidos», apelando además a la «minería responsable», a la «minería sostenible» y a la «filosofía de vertido cero», lo que para Cornado Mina Non, a la vista de la realidad de su empresa se transforma en «cero credibilidad», al presentar esta un planteamiento inicial que camufla las verdaderas intenciones de la minera con la explotación de una superificie que puede llegar a superar los 150 kilómetros cuadrados «en un caso evidente de fragmentación de un macroproyecto», algo que para el colectivo «no tiene ni tendrá licencia social».


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