El próximo lunes 24 de febrero el fondo ”buitre” Azora-Encasa Cibeles pretende desahuciar a una familia vulnerable en Móstoles

Comunicado

El próximo día 24 de febrero Azora-Encasa Cibeles que compró viviendas protegidas del IVIMA en nuestro municipio, pretende ejecutar un desalojo forzoso contra Naziha y su familia que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Azora-Encasa Cibeles quiere obligar a abandonar la vivienda, a Naziha, Abderzak y 4 hijos, sin ninguna posibilidad de acceder a una vivienda fuera del ámbito del alquiler de vivienda pública y social, porque debido a una creciente burbuja del alquiler de mercado con unos precios desorbitados, y porque nuestros ingresos familiares ahora mismo son insuficientes (382,84 €/mes) que provienen de la Renta Mínima de Inserción

La familia de Naziha se encuentra en una situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social como acreditan los servicios sociales de Móstoles.

Además la situación de vulnerabilidad se agrava porque uno de los hijos tiene reconocida una discapacidad de un 39% .

Naziha firmó un contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda social con el Ivima de la Comunidad de Madrid el 1 de Agosto de 2011con una renta de 475€ , con una reducción especial por ser familia vulnerable que reducía la cuota hasta 60€ al mes.

El 25 de octubre del año 2013, el IVIMA vendió la vivienda a un fondo privado, llamado Azora-Encasa Cibeles, que es una filial del fondo internacional Golmand Sachs, sin sin comunicarlo la al familia previamente y saltándose así los derechos de los inquilinos. El IVIMAde la Comunidad de Madrid envió una carta diciendo quienes eran los nuevos dueños y que nuestro contrato de alquiler se iba a cumplir en los mismos términos que estaba redactado.

Azora-Encasa Cibeles estuvo respetando la reducción del alquiler hasta el mes de febrero de 2016 . Pero en esa fecha Azora-Encasa Cibeles comunicó una subida de renta hasta una renta mensual de más de 560,00 € + el IBI. Y en 2017 produjo la demanda por parte de Encasa Cibeles por no poder pagar estos recibos tan altos. En el proceso judicial se resuelve con una condena a pagar más de 27.000 € y a abandonar la casa.

Sobre la venta de estas viviendas públicas se están siguiendo un proceso judicial que está actualmente en el Tribunal Supremo, porque hay indicios de que esta venta fue fraudulenta e ilegal y además se vulneraron todos los derechos de los inquilinos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en varias sentencias que considera nula la venta de las viviendas, que no se han respetado los derechos de los inquilinos y que las demandas interpuestas afectan a todos los perjudicados y además el Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Azora-Encasa Cibeles. Aunque existe aún algún recurso pendiente las sentencias son favorables a los inquilinos, el procedimiento aún no está cerrado, sin embargo, se ya se ha puesto una fecha de desalojo.

Desde la plataforma Stop Deshucios Móstoles advierten que “Hemos pedido al juzgado nº 4 de Móstoles que suspenda este desahucio hasta que haya una resolución definitiva del Tribunal Supremo, pero no ha accedido a ello. El desalojo se ha suspendido en dos ocasiones. Pero esta vez dice el juzgado nº 5 de Móstoles que no va a haber suspensión.”

Hemos vuelto a solicitar vivienda pública de nuevo a la AVS, desde que tenemos dificultades con Encasa Cibeles y tras el conocimiento de la demanda, , sin resultado alguno. También hemos solicitado vivienda a la AVS por el procedimiento de Emergencia, pero la Comunidad de Madrid no ha considerado nuestro caso como Emergencia. También hemos solicitado vivienda pública al Ayuntamiento de Móstoles sin resultado alguno, por tanto, las medidas ofrecidas por la administración, son ninguna, y podrían violar los acuerdos del PI-DESC, por lo que solicitamos que intervengan en prevención de que se provoque a nuestra familia un desalojo sin alternativa de graves consecuencias y soliciten al Estado Español la suspensión cautelar de nuestro desalojo.

Desde la Plataforma advierten que se ha comunicado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU toda la documentación del caso de Naziha y su familia, y dicho comité se ha pronunciado instando a las autoridades para que el desalojo forzoso no se debe producir y que de hacerse supondría una vulneración de derechos humanos cuyos responsables serian todas las administraciones del Estado.

Desde la Plataforma además recuerdan que hace unos meses se aprobó una moción en la que el ayuntamiento se comprometió a dar una solución habitacional a las familias vulnerables sin alternativa habitacional, antes de que se produjera el desalojo forzoso.

Desde dicha plataforma se advierte además de que no es un caso aislado al tratarse de bloques de viviendas en esa situación

“ A día de hoy no existe un diagnostico por parte de ningún organismo de la administración de lo que esta ocurriendo en el PAU 4 de Móstoles, ni de cuantas vecinas y vecinos se encuentran en esta situación.”