Redacción •  Vivienda •  18/05/2018

La Audiencia de Granada paraliza un desahucio en base a una sentencia del Tribunal Supremo

El 9 de mayo de 2018, el presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada,  D. José Requena Paredes, revoca, parcialmente, un auto de desahucio del juzgado de primera instancia Nº 7 de Granada.

La Audiencia de Granada paraliza un desahucio en base a una sentencia del Tribunal Supremo

Esta actuación es la respuesta al recurso presentado por el abogado Pepe Iglesias contra el desalojo de una familia de Churriana. «Es la primera sentencia que se produce, en Granada, que de prioridad a la protección del menor» -comenta Pepe en la asamblea de Stop Desahucios-.  Siguiendo la jurisprudencia creada por una sentencia del Tribunal Supremo del 23 de noviembre de 2017, que dictamina «la especial protección de los menores de edad en situaciones de desalojo de viviendas», el magistrado de la Audiencia ordena en su auto: «llévense a cabo las gestiones necesarias para el cumplimiento de la sentencia sin poner en peligro asistencial la salud y derechos, al menos, de los menores identificados en las actuaciones».

Estas actuaciones judiciales se refieren al caso de  -Noelia, Manuel y sus dos hijos menores de edad- que ocupan una vivienda, en la localidad de Churriana,  del Banco Popular, actualmente Santander-. En su momento, el juzgado de primera instancia Nº 7 de Granada entendió, en el juicio por usurpación, que no se les podía aplicar la «eximente» de necesidad -vivían en un coche en la calle-,  ya que habían demostrado tener recursos al arreglar la vivienda que ocuparon. Posteriormente, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia y el juzgado dictó el auto de desahucio en los siguientes términos: «efectuar el lanzamiento en tiempo razonable y breve». Entiende, así, el juez José Requena que la protección de los menores está por delante del desalojo de la vivienda.

Con el apoyo de Stop Desahucios Granada 15M, está familia lleva años negociando con las dos entidades bancarias un alquiler social. Hasta el momento, atrapados en la fusión de estos dos bancos, solo han recibido evasivas por respuesta: «este tema ya no nos compete, está en manos de la otra entidad…». Este posicionamiento del magistrado D. José Requena abre una importante puerta a la esperanza de familias que pueden verse desahuciadas de sus viviendas,  y que tienen hijos menores a su cargo.


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