El Gobierno de Carmena quiere aprobar una torre de 31 plantas que destruye el origen centenario de Metro

La Operación Cocheras se gestó en 2014 por los responsables de Metro, siendo presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En el proceso colaboró el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, que redactó las bases del proyecto. Incluye la construcción de 443 viviendas sobre la parcela donde se localizan las Cocheras de Cuatro Caminos, en el distrito de Chamberí, en la calle Reina Victoria. Hoy, está previsto que la Junta de Gobierno de Manuela Carmena apruebe inicialmente el plan parcial que supondrá su destrucción.

Las Cocheras de Cuatro Caminos son el único y verdadero edificio centenario de Metro, cuya red de transporte es uno de los 100 elementos más importantes del Patrimonio Industrial, seleccionados de toda España, lista que escoge apenas 6 de toda la Comunidad de Madrid. Esta lista fue promocionada por el Comité Internacional de Patrimonio Industrial (TICCIH-España) y avalada por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Ministerio de Cultura. En 2016 se demostró la participación -lógica por otro lado- del arquitecto oficial de la Compañía de Metro, Antonio Palacios, a quien Madrid le debe varios de sus mejores edificios.

Ahora este complejo se ve amenazado por un Plan Parcial que a juicio de los colectivos firmantes, incumple varios preceptos urbanísticos y genera nuevas desigualdades. Cuenta con una muy cuestionable zona verde (consistente en una losa de cemento que se eleva a casi diez metros sobre la parte sur, con rampas y escaleras que impiden un fácil acceso). La enorme edificabilidad permitida en la parcela se materializará en la construcción de una torre de 31 plantas que supera los 100 metros de altura. Este rascacielos, en una zona muy expuesta de la ciudad, producirá un fuerte impacto paisajístico.

La nueva torre, más alta que el Edificio España, ha ido aumentando de altura durante la tramitación. Inicialmente, en 2014, tenía una limitación de 21 plantas pero en el proyecto que se aprobará en Junta de Gobierno se permite un incremento de 10 plantas, hasta alcanzar las 31. El aumento de edificabilidad concedido carece de justificación legal y urbanística, ya que únicamente se pretende buscar la mayor rentabilidad inmobiliaria. Sólo este hecho es suficiente para cuestionar la operación en su totalidad.

Por último, cabe mencionar que en la actualidad hay un contencioso administrativo en curso, por la no protección patrimonial de la Comunidad de Madrid hacia este Bien, que podría impedir el desarrollo tal y como está concebido, por lo que se trataría además de una imprudencia administrativa no esperar a su resolución. Por otra parte, aunque es un gesto que el plazo de alegaciones no coincida con el mes de agosto, como tradicionalmente ha sucedido, creemos que un tema tan delicado no se debería exponer solamente durante un mes, dado que una vez más, el planeamiento incómodo en este país se tramita en verano.

Una y otra vez, los responsables políticos sacrifican la Historia y el legado urbano de la ciudad, en pos de proyectos urbanísticos de dudoso beneficio público y que agravan los ya consolidados desequilibrios de los barrios.

Las parcelas de propiedad pública que albergan instalaciones dotacionales o servicios y que han quedado englobadas en la trama urbana, antes o después terminan siendo objeto de operaciones urbanizadoras intensificadoras y de gran lucro para los agentes implicados. Justo al borde del recién liberado Parque Santander, cuyo Golf ilegal acaba de ser desmantelado, se prevé la desaparición de una de las piezas de Patrimonio Industrial más interesantes de la ciudad y con gran capacidad de ser recuperada y reutilizada.

Los colectivos Plataforma Salvemos Cuatro caminos, Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí, asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Ecologistas en Acción Madrid, la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, la asociación Parque Sí, en Chamberí y el Club de Debates Urbanos lamentan que el actual gobierno, cuyo compromiso electoral era acabar con estas malas prácticas urbanísticas, esté tramitando y sacando adelante esta operación que -aunque incluye las cesiones previstas por la vigente ley del suelo- no favorece en nada a la ciudad, ni ha tratado en ningún momento de buscar una solución en la que se compatibilizase la conservación de nuestro Patrimonio Histórico.