Redacción / FesP •  Actualidad •  28/05/2017

«Ley Mordaza»: 285.000 multas en dos años de vigencia

Se han incrementado mucho las sanciones por "desobediencia y/o resistencia a la autoridad", hasta alcanzar 33 multas de media diaria en 2016.

«Ley Mordaza»:  285.000 multas en dos años de vigencia

En los casi dos años transcurridos desde el 1 de julio de 2015, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza-, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado han impuesto 285.919 multas, por un importe total de más de 131 millones de euros. Según el informe Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016, que ha elaborado el Ministerio del Interior y ha publicado el diario Público, las sanciones impuestas por «faltas de respeto y consideración» a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y por «desobediencia y/o resistencia a la autoridad» han aumentado considerablemente en 2016 respecto al año anterior.

En 2016 los agentes impusieron 12.094 multas por «desobediencia y/o resistencia a la autoridad», lo que supone una media de 33 sanciones cada día, frente a las 4.311 multas que hubo en los seis primeros meses de vigencia de la ley en 2015, una media de 24 cada día. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha indicado que el considerable aumento de ese tipo de sanciones se debe a que el agente de policía actúa como juez y parte, y a que «las sanciones contra la libertad de información se tienden a ‘camuflar’ bajo infracciones genéricas como ‘faltas de respeto y consideración’ a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ‘resistencia a la autoridad’».

Por reuniones o manifestaciones sin autorización frente al Congreso o el Senado, que también sanciona la citada ley, únicamente ha habido dos multas de 601 euros cada una. Según la PDLI, esto demuestra que ese artículo no era necesario y fue incluido en la norma para buscar «un efecto intimidador y disuasorio contra el ejercicio de derechos básicos».

Informe completo del Ministerio del Interior.


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