El Ministerio de Industria declaró «de utilidad pública» el proyecto de gas Marismas Occidental en el entorno de Doñana en marzo de 2016

El Boletín Oficial del Estado publicó en 15 de marzo de 2016 que Gas Natural Almacenamientos de Andalucía es el titular de esta autorización que inició a través de Petroleum Oil & Gas España, también filial del grupo Gas Natural Fenosa.

La autorización se limita a esa parte del proyecto Marismas Occidental que busca adecuar las instalaciones del almacenamiento de gas existentes en el emplazamiento desde hace cinco años. Para ello, se autorizó la realización de dos sondeos exploratorios y la construcción de 5,2 kilómetros de gasoductos que discurrirán por trazado existente. Este proyecto ya contaba con la autorización de las administraciones implicadas: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en septiembre de 2010 y la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en noviembre de 2010.

Para los otros proyectos gasísticos, que también cuentan desde hace años con la Declaración de Impacto Ambiental favorable, la Junta de Andalucía informó desfavorablemente al entender que este tipo de actividad es incompatible con el objetivo fundamental del espacio natural.

Los cuatro proyectos gasísticos plantean 14 pozos de extracción de gas, 20 kilómetros de gasoductos y el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos.

El pasado mes de marzo, la Plataforma Salvemos Doñana instó a los alcaldes de los municipios de la zona a exigir al Gobierno del Estado a paralizar el proyecto y presionar para que se hagan proyectos de energías limpias, promoviendo la Comarca como un modelo de desarrollo sostenible, eliminando por completo las energías fósiles y creando empleo verde de calidad.

Por su parte, EQUO denunció en enero que Gas Natural Fenosa va a recibir durante 2017 la cantidad de 6.342.854,96 euros de los presupuestos del Estado en concepto de retribución por costes y mantenimiento del depósito subterráneo de Doñana.

La energética pretende almacenar 860 millones de metros cúbicos de gas en el subsuelo del parque natural. A finales de 2016, Podemos e IU ya exigieron a Susana Díaz defender Doñana y la paralización del proyecto de Gas Natural.

La modificación de la Ley de Montes del 20 de julio de 2015 (ver documento PDF adjunto) dejó sin efecto la Ley de 2003, estableciéndose en su título V «la prohibición expresa del cambio de uso durante 30 años en un terreno incendiado«. Pero, a renglón seguido se dice: «Se añade, sin embargo, una excepción, para terrenos en que concurran razones imperiosas de interés general de primer orden que resulten prevalentes sobre su carácter forestal. Esta prevalencia debe ser definida por una norma con rango de ley, lo que exige un proceso de participación pública y un pronunciamiento con sede en la soberanía popular» […]

Pero, en todo caso, a Doñana se le aplica la Ley de Parques Nacionales, y a su entorno (zona al oeste del iincendio) la de Parques Naturales, es decir, la Ley 42/2007 que otorga prioridad conservacionista de cualquier proyecto urbanístico y/o de infraestructuras significativas.