Ecoloxistes n’Aición pide la reprobación de los responsables políticos de la gestión minera tras el dictamen de la Comisión de Investigación del accidente de Cerredo

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies ha hecho pública una nueva valoración tras analizar la propuesta de Dictamen de la Comisión de Investigación de la Junta General del Principado sobre el accidente mortal ocurrido el 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo (Degaña), en el que fallecieron cinco trabajadores.

La organización recuerda que ya había exigido la dimisión de los actuales responsables políticos por su gestión de la política minera. Sin embargo, a la vista del contenido del dictamen, considera necesario ir más allá y señalar una responsabilidad política estructural, que afecta a varios responsables de la administración autonómica a lo largo de los últimos años.

El dictamen constata hechos de extrema gravedad: la existencia de actividad extractiva en una mina que se encontraba formalmente en fase de cierre, la incompatibilidad de dichas actividades con las condiciones de las ayudas públicas destinadas a la restauración ambiental, y la presencia de prácticas que se desarrollaban en condiciones de seguridad altamente deficientes. Asimismo, se evidencian carencias significativas en los mecanismos de control, inspección y supervisión administrativa.

En este contexto, Ecoloxistes n’Aición considera que no estamos ante un fallo puntual, sino ante el resultado de una cadena de decisiones administrativas y políticas que han permitido la generación de un escenario de irregularidad sostenida en el tiempo.

Por ello, la organización exige la reprobación por sus responsabilidades personales y políticas de los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, actual presidente de HUNOSA; Nieves Roqueñí, actualmente presidenta de la Autoridad Portuaria de Xixón; y Belarmina Díaz, así como del exviceconsejero de Industria Isaac Pola.

A juicio de la organización, bajo sus respectivos mandatos se adoptaron decisiones clave —relativas a autorizaciones, transmisiones de derechos mineros y habilitación de proyectos— que contribuyeron a desdibujar los límites entre las fases de cierre y de actividad extractiva, generando un marco de inseguridad jurídica y operativa.

El dictamen también pone de manifiesto la existencia de incumplimientos relevantes, como la falta de constitución de garantías financieras obligatorias, así como la ausencia de documentación administrativa completa y ordenada, lo que evidencia una grave deficiencia en la gestión pública de un ámbito especialmente sensible.

Ecoloxistes n’Aición subraya que las comarcas mineras han sido nuevamente objeto de decisiones que generan expectativas irreales y que acaban derivando en situaciones de riesgo, precariedad e incertidumbre. “No se puede hablar de transición justa mientras se toleran o se facilitan dinámicas que contradicen los propios procesos de cierre y restauración financiados con fondos públicos”, señalan.

La organización considera que este caso debe marcar un punto de inflexión en la política minera asturiana, y exige que se depuren todas las responsabilidades políticas derivadas de los hechos analizados, así como que se revisen en profundidad los mecanismos de control, autorización e inspección en el sector.

Finalmente, Ecoloxistes n’Aición reitera que seguirá utilizando todas las vías administrativas, políticas y, en su caso, jurídicas para esclarecer lo ocurrido y evitar que situaciones como la de Cerredo vuelvan a repetirse.