FACUA •  Actualidad •  25/12/2022

Fijar precios máximos a los alimentos básicos, la opción más reclamada por los consumidores al Gobierno

  • Una encuesta de FACUA revela que el 35% de los consumidores prefiere esta medida a bajar el IVA, la entrega de cheques a las familias o gravar con impuestos los beneficios extraordinarios de grandes empresas.
Fijar precios máximos a los alimentos básicos, la opción más reclamada por los consumidores al Gobierno

Una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción revela que la opción más reclamada por los consumidores para hacer frente a la problemática de los altos precios en los productos de alimentación básica es la de imponer precios máximos.

A la pregunta ¿Con qué medida crees que el Gobierno beneficiaría más a los consumidores ante las subidas de precios de los alimentos? el 34,5% de los encuestados eligen está opción, muy por delante del resto.

Así, la propuesta de bajar el IVA de los alimentos básicos queda a 8 puntos de diferencia por debajo, con el 26,5% de los usuarios que consideran que sería lo más eficaz.

Más alejada está la opción de imponer impuestos a las grandes empresas por sus beneficios extraordinarios, elegida por un 22,4% de los encuestados: el 15,8% refiriéndose a las grandes cadenas de establecimientos y el 6,6% a las marcas de alimentación.

Por su parte, solo un 8,7% de los consumidores que han participado en la encuesta se decanta por entregar un cheque a las familias con menos recursos como medida más beneficiosa ante las subidas de precios de los alimentos.

La encuesta, en la que han participado 4.963 consumidores de toda España, ha sido realizada por FACUA entre los días 13 y 22 de diciembre.

Contemplado en la Ley del Comercio

A la luz de estos resultados, FACUA recuerda que la Ley del Comercio permite al Gobierno aplicar precios máximos a los alimentos básicos para evitar la especulación y el perjuicio a los consumidores. Una medida que la asociación lleva meses reivindicando.

Así, el artículo 13, relativo a la libertad de precios, señala que «el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa».

Una capacidad que está prevista en varios supuestos, entre ellos «cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas» y «excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva».


alimentación /