La presa abandonada de Miraflores de la Sierra debe retirarse por riesgo de seguridad e impacto ambiental

La Confederación Hidrográfica del Tajo está tramitando el expediente de extinción de la concesión por la que se autorizó la construcción del embalse de Miraflores, una infraestructura que lleva sin uso y abandonada desde 2005.  Según la legislación, corresponde al titular de la concesión, el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, proceder a la retirada de la presa por desuso. Sin embargo, el consistorio, se resiste a restituir este tramo fluvial a su estado original aludiendo a ocurrentes excusas, pretendiendo evitar el coste que supondría la retirada de la presa, despreciando las posibilidades de cofinanciación que existen y la restauración fluvial que aportaría. La Plataforma Ecologista Madrileña ha presentado alegaciones.

La presa de Miraflores de la Sierra se construyó en 1975, tiene una altura de 36 metros y una longitud de coronación de 200 metros. Está construida con materiales sueltos y tiene un núcleo de arcilla. La infraestructura fue promovida por el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra para el abastecimiento de la población flotante de la localidad. El titular de la concesión reconoce, desde hace años, que el abastecimiento de agua potable a la población, se lleva a cabo por el Canal de Isabel II. Además de mantener en desuso esta infraestructura, desde hace décadas, la concesión que se concedió por un periodo de 50 años, ha caducó en marzo de 2025. La legislación de aguas, de patrimonio de las Administraciones Públicas^[1] o el Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea, obligan a los concesionarios de estas barreras abandonadas a restituir el tramo fluvial a su estado original.

El entorno del embalse se encuentra dentro de la Red Natura 2000, en la Zona de Especial Conservación “Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte” y es colindante al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Todo ello evidencia los importantes valores naturales que tiene

Un problema de seguridad

La presa está clasificada como gran presa, de categoría “A”, correspondiente a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. A pesar de lo cual el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ni ha presentado Normas de Explotación, ni ha designado Director de Explotación, para adecuarla a las exigencias legales vigentes en materia de seguridad de presas^[2]. El acceso a la galería de control de la presa no es posible por estar anegada de lodos, como se puso de manifiesto en una reciente visita oficial. Por otro lado, la acumulación de construcciones en la ribera del río, aguas debajo de la presa, añade un nuevo motivo de preocupación por la irresponsable gestión urbanística del mismo Ayuntamiento.

La restauración fluvial como política de Estado

La retirada de la presa es una obligación legal y una necesidad para restaurar este tramo fluvial. El “tapón” de la presa impide la reproducción de los escasos ejemplares de trucha común autóctona, también la circulación de sedimentos, semillas, larvas, así como los materiales que necesita el río para su dinámica fluvial.

La restauración fluvial, mediante la retirada de barreras abandonadas es una obligación del Estado. La Unión Europea impulsa la restauración fluvial mediante la retirada de barreras transversales obsoletas (presas y azudes) para recuperar la conectividad ecológica. Su objetivo vinculante es devolver el caudal libre a al menos 25.000 km de ríos para 2030, respaldado por la Ley de Restauración de la Naturaleza y la Directiva Marco del Agua europea.

La Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jara El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del tajo que se proceda a la extinción de la concesión como estable la legislación vigente. Igualmente pide al Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, como titular de la concesión, que redacte cuanto antes el proyecto de retirada de la presa y, si fuera necesario, solicitara apoyo técnico y económico a la Administración General del Estado. Las propuestas que viene lanzando el Ayuntamiento sobre nuevos aprovechamientos de la presa: abastecimiento, pesca, incendios forestales “reserva medioambiental”, “centro de instrucción”; no dejan de ser ocurrencias imposibles (ver alegaciones) para trasladar la definitiva solución, y retirada, a futuros gobiernos locales. Por otro lado, los altos costes de mantenimiento y gestión de esta presa abandonada no pueden descansar sobre los vecinos y vecinas de Miraflores de la Sierra a través de los presupuestos del titular de la concesión.

Alegaciones presentadas

^[1] Art. 101.1 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones públicas, establece claramente que una vez extinguida la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien demanial deben ser demolidas. También se reitera en el art. 89.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH). También los artículos 126 bis y 89.4 del RDPH, entre otros.

^[2] Ver respuesta de la CHT en el exp. informativo IUI-0212/20222 Ver respuesta de la CHT en el exp informativo IUI-0212/20222