Presentan denuncia para rescindir el contrato a CBM- Secuoya por incumplir una obligación esencial

La Plataforma por el Derecho de Acceso a los Medio Públicos de Comunicación de la Región de Murcia (PDAMP) y la Asociación de Productores Audiovisuales Región de Murcia (APARM), han presentado por registro una denuncia dirigida al Órgano de contratación (el Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín).

Red clientelar con televisiones privadas y algunas productoras financiada por la televisión pública 7RM

Según los abundantes datos que aporta la denuncia mes a mes, «de la cantidad total (1.599.421,71) destinada a la producción de programas y captación de noticias entre junio y diciembre de 2015, el 62,8% de la financiación se ha destinado a televisiones privadas, y sólo el 37,2 % se ha destinado a productores independientes». En ese período «la televisión pública 7RM destinó más de un millón de euros de dinero público a televisiones privadas autonómicas y locales». Está sufragando con dinero público a televisiones privadas que se supone son sus competidoras. «Otra consecuencia de la participación de todas estas televisiones privadas en la información que traslada 7RM a la población, es impedir aún más el ya precario pluralismo de contenidos informativos existente en la región», indica la denuncia.

«Con este control gubernamental, a la vez que se restringe en la práctica el pluralismo en la oferta de operadores, impide también la pluralidad, veracidad e independencia informativa de los contenidos que se difunden. En otras palabras: se impide el derecho a estar informados y a comunicar y, por tanto, la libertad de expresión». Opacidad y un modelo clientelar en la contratación de productores

La denuncia también desvela con abundante información y los importes pagados mes a mes a las empresas, la discriminación en la contratación de productores independientes realizada por la empresa CBM-Secuoya que, «además de realizarse con opacidad, ha seguido un modelo clientelar, favoreciendo a un determinado número de empresas productoras de la región y excluyendo a otras».

Añade que esto ha sido posible «por la dejación de funciones de los órganos y personas responsables del seguimiento y control». También «debido a la ausencia de un protocolo que diera transparencia y garantizase la igualdad de trato y no discriminación en el proceso de presentación de proyectos, plazos de respuesta motivada y contratación». Secuoya encubre con trampas que incumple una obligación esencial del contrato.

De acuerdo con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, «una televisión es un ‘prestador del servicio de comunicación audiovisual’ y la definición legal y función práctica que desempeña es diferente a la del productor independiente». La denuncia desvela como en los informes que la empresa adjudicataria CBM-Secuoya llama «retornos productoras murcianas», junta «los importes destinados a productores independientes, a televisiones privadas y otros conceptos, para ocultar que incumple todos los meses una cláusula especial del contrato y la normativa legal por la que éste se rige».

Según los pliegos de la licitación, es una condición especial de rescisión del contrato «que el porcentaje de financiación, destinado a la producción independiente realizada por el sector audiovisual regional, no sea inferior al 25% del importe de la compensación económica otorgada a la adjudicataria para el cumplimento de las obligaciones del servicio público televisivo». Lo que ha incumplido todos los meses durante 2015, ya que el porcentaje más alto ha sido de15,02% y la media es del 11,47%, que no llega ni a la mitad del mínimo exigido.

«La gran mentira de la creación de empleo»

La denuncia ofrece mes a mes el coste de los 85 empleos directos que los informes de RTRM dicen que ha creado CBM-Secuoya y que, entre junio y diciembre de 2015, asciende a 1.542.010 euros. Dichos informes de RTRM dicen también que según la empresa se han creado 130 empleos indirectos. Pues bien, en ese mismo periodo la cantidad total destinada a productores y televisiones privadas para la producción de programas y captación de noticias es de 1.599.421. La denuncia de la PDAMP y APARM indica que con esta cantidad ligeramente mayor que lo que cuestan 85 empleos, «es imposible crear los 130 empleos, producir los programas y grabar noticias. Salvo que sean empleos de unos pocos días y muy precarios. Aún así, hay que aportar pruebas válidas para aceptarlo. Evidencia del fracaso de la gestión indirecta de 7RM y el incumplimiento de la oferta de CBM-Secuoya que dijo garantizar un empleo estable y de calidad».

Añade que «en esta gran mentira de los 130 empleos, resulta muy difícil entender que no se hayan dado cuenta, tanto el Responsable del contrato, como RTRM y el Órgano de contratación, en su labor de seguimiento y control». Aporta información que demuestra que estos órganos no han exigido nunca a la empresa los documentos oficiales en materia laboral y de seguridad social, para comprobar el empleo creado.

«¿Incompetencia o dejación de funciones colectiva?»

Asimismo, indica que no se han presentado presupuestos de los programas para ser auditados por RTRM y que, a pesar de todos los incumplimientos, «el Responsable del contrato ha conformado las facturas y la empresa CBM-Secuoya las ha cobrado», sin exigirle antes «la efectiva y correcta prestación del servicio», como exige el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La denuncia concluye solicitando al Órgano de contratación (el Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín) que «resuelva de inmediato el contrato a CBM-Secuoya de acuerdo con lo estipulado en el. Ello sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado por dicha empresa».