Redacción •  Actualidad •  24/08/2020

IU Madrid exige al gobierno autonómico sumarse a las comunidades que decretan el cierre de los prostíbulos

· La federación madrileña de Izquierda Unida secunda la solicitud de la ministra de Igualdad, que anima a una “coordinación exhaustiva” para aplicar esta medida en todas las comunidades.

· Carolina Codero: “La administración autonómica tiene el deber de no dejar en desamparo a las mujeres prostituidas, así como de legislar para que la abolición pueda ser pronto una realidad”.

IU Madrid exige al gobierno autonómico sumarse a las comunidades que decretan el cierre de los prostíbulos

Izquierda Unida Madrid ha secundado las declaraciones de la ministra de Igualdad animando a la coordinación de la administraciones autonómicas para clausurar los prostíbulos y locales de alterne como medida para evitar la propagación de la pandemia de Covid-19. Desde la federación madrileña de IU consideran que además de una medida «necesaria ante la urgencia sanitaria», también puede ser un «primer paso para acabar con la lacra de la explotación sexual».

“En un contexto de pandemia, es un verdadero problema de salud pública que continúen abiertos”, afirma la coportavoz de IU Madrid Carolina Cordero. “Un problema urgente que no debe hacernos olvidar la realidad de explotación sexual que hay tras estos locales”, señala.

Informes del Ayuntamiento de Madrid en el año 2018 apuntaba a que alrededor de la mitad de las mujeres que ejercen la prostitución en la capital son víctimas de trata. Las cifras de víctimas de trata y explotación suben hasta el 70% en el resto de la Comunidad. “Esta es una realidad y un problema que trasciende el elemento de la crisis sanitaria”, apunta el coportavoz Álvaro Aguilera. “Se trata de una lacra con la que se debe acabar con pandemia o sin ella”, añade.

La organización considera que la medida no debe limitarse al cierre de estos locales, y debe ir acompañada de planes y la dedicación de recursos para perseguir la explotación y ofrecer alternativas a las mujeres prostituidas. “La administración autonómica tiene el deber de no dejar en desamparo a las mujeres prostituidas”, apunta Carolina Cordero en este sentido, “así como de legislar para que la abolición pueda ser pronto una realidad”.


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